El autor de la ley que obliga a los colectivos de pasajeros llevar instaladas cámaras de seguridad, Martín Domínguez Yelpo, describió el derrotero del proyecto aprobado por unanimidad en 2017, y aseguró que «estuvo la plata y negligencia hubo de parte del Estado y de las empresas».
Se trata de la Ley 14.897 que estableció que todos los transportes colectivos que circulen por el territorio bonaerense -inclusive los de larga distancia-, «deben contar con cámaras de seguridad en el interior de cada vehículo, que filmen en tiempo real y almacenen las imágenes durante un período cierto, en las condiciones que establezca la reglamentación».
La medida fue promulgada el 23 de enero de 2017 pero, seis años después, solo 13 por ciento de las unidades que circulan en la provincia se atienen a la norma. De un total de 10 mil unidades en funcionamiento, solo 1.300 poseen cámaras de seguridad, señaló el legislador.
La ex gobernadora María Eugenia Vidal tardó más de un año en promulgar la ley, cuya reglamentación se dispuso recién en abril de 2018, a instancias del caso Alcaraz, otro chofer de la Línea 620 asesinado en horas de trabajo.
«Cuando presenté la ley lo hice adelante del ministro (Cristian) Ritondo y del presidente de la comisión de Seguridad del Senado, (Sergio) Berni, y además de (Jorge) D´Onofrio que era diputado», recordó a este medio el actual diputado provincial y titular de la comisión de Transporte, Domínguez Yelpo, que además es hijo del ex secretario adjunto de la UTA.
En esa línea, indicó que la ley fue impulsada por el gremio como una mejor medida de seguridad que las cabinas anti vandálicas que se barajaban, ya que «un chofer se descompensa y ¿cómo lo sacas?», explicó. «La voluntad de la ley era proteger al chofer y también al pasajero», señaló en tanto que «dentro de los colectivos solo se denuncian apenas el 25% de los robos que suceden».
A su vez, el legislador contó que al momento de la reglamentación de la ley, desde el gremio de la UTA solicitaron que empiece su implementación por «las zonas calientes», como el caso de la Línea 620 de La Matanza. Lo cual, tampoco ocurrió.
«Siempre se las ayudó a las empresas, a pesar que la ley era a costo de los empresarios y se votó así, no generaba gasto para el Estado», remarcó además Domínguez Yelpo, luego de que el Gobierno bonaerense reconociera ayer haber destinado $2.500 millones hace más de un año a las empresas transportistas para que dispongan de las cámaras.
En su artículo 6, la Ley 14.897 establece que «en oportunidad de realizarse la verificación técnica (…), las concesionarias del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV) deberán informar y certificar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley»; es decir que las unidades sin cámaras de seguridad no podrían tener la VTV.
Por otro lado, «en diciembre de 2020 liberan dinero y le dan un plazo de 180 días», describió y añadió: «En ese proceso, el ministerio de Transporte dio altas de unidades y no certificó que tuvieran cámaras. Podría haber no pagado el subsidio.»
En efecto, el gobierno bonaerense se comprometió ayer ante el secretario general de la UTA «a crear una comisión de seguimiento para poder poner en marcha la gran mayoría de las cámaras instaladas», a la vez que anunció la puesta en «funcionamiento el centro de monitoreo con inteligencia artificial y toda la tecnología», según manifestó el minsitro de Transporte, Jorge D´Onofrio, tras las protestas del mediodía.
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