Por Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto que contempla la implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal enviado semanas atrás por el Gobierno Nacional.
Si bien nadie puede negar a esta altura que reformar el sistema federal inquisitivo —con Comodoro Py como su máximo estandarte— es una de las grandes deudas de la democracia, lo cierto es que tampoco nadie esperaba que finalmente se avanzara sobre un proyecto que viene a profundizar viejas estructuras coloniales y a desoír muchos de los reclamos históricos de la ciudadanía en torno a la reforma del sistema de administración de justicia penal.
El proyecto presentado se constituye a todas luces como un claro freno hacia la verdadera reforma.
Por un lado, dilata la implementación del sistema acusatorio mientras que, por otro, obstaculiza sus futuras posibilidades de éxito.
La dilata ya que establece un injustificado plazo de 2 años para su entrada en vigencia y la circunscribe a los tribunales de la Capital Federal, en vez de establecer un plazo límite para todo el país, cuando ya todas las normas necesarias se encuentran sancionadas desde el año 2015.
La obstaculiza porque duplica y robustece lo que debería dejar de existir, que son los juzgados de instrucción y sus anacrónicas formas de organización propias del modelo de justicia colonial, inyectándole un aumento presupuestario enorme a una maquinaria ineficiente.
El error de concepción del proyecto empaña otras iniciativas valorables que sí incluye, como el traspaso final de competencias desde la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, una deuda que la Justicia lleva más de 26 años sin saldar.
En este sentido, desde INECIP entendemos que la puesta en marcha del sistema acusatorio no sólo requiere la implementación del Código Procesal Penal, sino también de reformas estructurales que deben ir en un sentido diametralmente opuesto a lo que presenta el proyecto de ley.
Si la intención es avanzar en una verdadera modificación del sistema de administración de justicia, la experiencia de América Latina y de las provincias argentinas marca una clara agenda de trabajo que debe ser tomada por el Congreso Nacional y que puede sintetizarse en, al menos, 7 puntos:
1. Inmediata implementación del Código Procesal Penal sancionado en 2014 en todo el fuero federal del país.
2. Reforma de la organización judicial en un colegio de jueces/zas único sin distinción de instancias, sin necesidad de crear nuevos cargos y con creación de oficinas judiciales especializadas en la oralidad.
3. Reorganización del funcionamiento del Consejo de la Magistratura e implementación inmediata de los concursos por listados.
4. Creación de un Organismo Federal de Investigaciones para dar por finalizada una vez por todas el trabajo de las agencias de inteligencia en la justicia federal.
5. Reorganización funcional y de competencias de la Corte Suprema de Justicia.
6. Puesta en funcionamiento del Juicio por Jurados en su modelo clásico, compuesto por 12 ciudadanos/as, obligatorio e irrenunciable para todos los delitos federales.
7. Reorganización de las fiscalías y las defensorías federales, implementando las leyes orgánicas sancionadas en 2015 y estableciendo un plazo temporal para el mandato del Procurador General.
Avanzar en una verdadera reforma de la justicia debe ser un compromiso de todos los partidos políticos.
La erradicación de la justicia colonial es una deuda de todo el sistema democrático y por tanto exige que no dilapidemos, una vez más, la posibilidad histórica de lograrlo: el momento es ahora.
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