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socialismo

Profundizar el cambio con más justicia social, independencia nacional y unidad latinoamericana.

El mundo atraviesa una profunda crisis que se inició en las finanzas y hoy se abate sobre la economía real destruyendo a mansalva fuerzas productivas en los países centrales y afectando al resto del mundo. Se trata de una crisis del capitalismo sólo comparable a la que en 1930 obligó a relanzar el sistema e instaurar un nuevo patrón de acumulación y su correlación social, el llamado Estado de Bienestar.

La debacle, nacida en el seno de las grandes potencias, se origina en el estallido de las contradicciones propias de un modelo de reproducción del capital basado en una deliberada y absoluta desregulación del mercado financiero, de tipo meramente especulativo. Ésta, vinculada a las características adoptadas por el imperialismo a partir del fenómeno de la globalización, derivó en un divorcio total entre la actividad económica virtual y la real, dando lugar a una dinámica que colapsó por su propia inviabilidad.

Consecuencia necesaria de este desfasaje es el aumento irracional de precios de bienes básicos para cualquier sociedad -alimentos, energía, vivienda-, generando simultáneamente altísimos beneficios para los  poseedores de grandes riqueza y severos perjuicios para la amplia mayoría de la población mundial. Como siempre, las crisis las generan los ricos y la pagan los pobres.

El estallido de la burbuja financiera impacta negativamente sobre la actividad productiva y el comercio internacional, conduciendo necesariamente a una contracción del intercambio y a elevados niveles de volatilidad e incertidumbre. Más expuestos y menos preparados para afrontar la tormenta, los países pobres y los denominados emergentes, como Argentina, afrontan –una vez más– serios riesgos no sólo económicos, sino también políticos y sociales.

En ese contexto internacional y quebrando una tradición de altísima susceptibilidad a las turbulencias externas –para recordar sólo algunas, cabe citar la crisis del petróleo de 1973, la de la deuda externa de 1982 o el recordado “efecto Tequila”– hoy nuestro país se halla en una posición de relativa fortaleza que le permite ser optimista y desarrollar estrategias sostenibles para capear el temporal.

Lo anterior no supone afirmar que estaremos exentos de los coletazos de una crisis de dimensión planetaria ni tampoco que no se deberán adoptar medidas extraordinarias para enfrentarla. Pero sí creemos que estamos mucho mejor preparados que en cualquier otra situación similar que haya tenido lugar en el pasado.

Frente a la recesión que golpea las economías de los países centrales desde hace varios meses, la actividad económica nacional, aun atenuada, permite sostener en general los niveles de empleo. Del mismo modo, la recaudación no se aleja demasiado de lo proyectado, permitiendo continuar con una política de gastos orientada principalmente a  la obra pública, importante generadora de trabajo, y al gasto social. Finalmente, las reservas depositadas en el Banco Central otorgan tranquilidad frente a una disminución del superávit de la balanza comercial, como así también constituyen una herramienta útil para prevenir las acciones de quienes intentan presionar sobre el tipo de cambio a través de “corridas” u otras operaciones especulativas, lo que podría descompensar la actividad financiera y disparar procesos inflacionarios.

En definitiva, las políticas adoptadas por el Gobierno Nacional a partir de 2003 buscan la estabilidad de las principales variables macroeconómicas y una base sobre la cual encarar estrategias de cara al nuevo contexto internacional que, lejos de basarse en el ajuste y medidas restrictivas, se orientan al sostenimiento del gasto público, los incentivos a la producción y la defensa del rol del Estado en la regulación de la economía. Igualmente destacables resultan los esfuerzos constantes por desarrollar estrategias regionales frente a la crisis, fortaleciendo así el proceso de integración política y económica latinoamericana sostenido durante los últimos años.

Del análisis precedente se concluye que, en términos generales, evaluamos positivamente la gestión del Poder Ejecutivo nacional desde el 2003 a la fecha, ya que se ha impulsado un proceso de reparación de la trama social, basado en la recuperación del empleo y la producción, algunas medidas – aun insuficientes- de redistribución de la riqueza y un creciente protagonismo estatal en la actividad económica.

En este sentido, creemos que existe una clara continuidad entre los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, donde no sólo se sostuvieron los lineamientos básicos del modelo propuesto sino que incluso ciertos aspectos se han profundizado. Ejemplos de ello son la recuperación de Aerolíneas Argentinas, elegida en su momento como ícono de las privatizaciones menemistas, y la eliminación del régimen previsional de capitalización individual (AFJP), sin duda la medida estructural de mayor trascendencia de la etapa.

Llegamos a este diálogo sin perder nuestra identidad ni autonomía sino todo lo contrario: ratificamos el sentido crítico de nuestro acompañamiento constructivo al proyecto nacional que defendemos como propio, conservando la posibilidad de disentir. Este no es un aspecto secundario sino un punto central de nuestras líneas de acción: somos conscientes de que los procesos políticos son complejos y contradictorios, que en el actual dispositivo de gobierno conviven quienes impulsan una transformación real con quienes acompañan por otras razones registrando incluso un pasado reprochable.

Por este motivo, preservar nuestra autonomía y la capacidad de crítica es fundamental para clarificar el rol que debemos jugar las fuerzas políticas de izquierda: luchar para la profundización de la transformación para avanzar cada vez más en la redistribución del ingreso, construir una sociedad crecientemente igualitaria, para que no se pierda el rumbo y que el horizonte sea siempre un país con más justicia social, más independencia nacional y más unidad latinoamericana.

Por todo lo anteriormente expuesto, entendemos como positiva la decisión del Gobierno Nacional de convocar al conjunto de las fuerzas políticas al diálogo, para la búsqueda de consensos en torno a propuestas concretas y constructivas para abordar los problemas más acuciantes de nuestro país.

Por tal motivo, elevamos al gobierno nacional las siguientes propuestas, orientadas al fortalecimiento de las instituciones democráticas y a una mayor redistribución de la riqueza, las cuales esperamos sean consideradas por las autoridades y, en  particular, por la Sra. Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner:

  1. Establecer una asignación universal por hijo, medida reclamada en numerosas iniciativas legislativas tanto de nuestras fuerzas como de otras, con el objetivo de profundizar la redistribución progresiva del ingreso que contemple la gravísima situación de informalidad laboral o desempleo que aqueja a tantos argentinos.
  2. Promover la generalización del presupuesto participativo en la gestión municipal  en todo el país y evaluar su aplicación a nivel provincial, toda vez que dicha herramienta supone un salto cualitativo hacia una democracia participativa.
  3. Apoyar el anteproyecto de Ley de Servicios Audiovisuales para que sea tratado en el menor plazo posible en el Congreso Nacional, tomando los aportes de las  organizaciones que vienen trabajando sobre la temática y que apuntan a una mayor democratización y participación popular en el sistema comunicacional.
  4. Mantener la vigencia de los derechos de exportación de productos agrícolas y analizar la fijación de retenciones a las exportaciones mineras y petroleras como medida destinada a profundizar la redistribución del ingreso y avanzar en estrategias de desarrollo sustentable. Gravar la renta financiera para alcanzar los objetivos señalados y defender la producción y la economía real.
  5. Garantizar una gestión calificada y transparente del Instituto Nacional de Estadística y Censos, preservando la credibilidad y pertinencia técnica del organismo en la elaboración de datos que son materia prima fundamental para la adopción de las políticas públicas.
  6. Analizar, de acuerdo a la experiencia obtenida, la normativa que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, a fin de que ningún estamento disponga de poder de veto.
  7. Avanzar en la recuperación estatal total o parcial de las empresas prestadoras de servicios públicos, generar mayor control sobre las mismas y orientar su gestión hacia el cumplimiento del rol social fundamental que tienen.
  8. Avalar la constitución del Consejo Nacional Económico y Social, integrando al mismo tanto al conjunto de las fuerzas del trabajo y la producción como a las organizaciones sociales y políticas, como ámbito de discusión de las políticas fundamentales que el país demanda para atender tanto necesidades urgentes y acuciantes,  como la pobreza y la desocupación, como para desarrollar líneas de acción estratégicas y de largo plazo para consolidar un modelo de país para las futuras generaciones.
  9. Garantizar la plena vigencia del art. 14 bis de la Constitución Nacional, incluyendo la sanción de una ley que dé plena operatividad al derecho a la cogestión obrera, que implica participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas,  control de la producción y colaboración en la dirección.

10.  Auspiciar una reforma tributaria progresista que contemple la reducción de impuestos generales a los bienes de consumo popular -en especial el IVA a la canasta básica de alimentos, salud y educación-, y el incremento de la carga impositiva al consumo de bienes suntuarios.

11.  Proponer un proyecto de ley de crédito productivo y cobertura universal de servicios financieros que suplante a la ley de entidades financieras actualmente vigente, gestada durante la dictadura militar, que es responsable de la aguda escasez de financiamiento productivo a largo plazo.

12.  Promover una ley para micros, pequeñas y medianas empresas que permita el crecimiento y desarrollo de la actividad económica de estos emprendimientos.

13.  Impulsar un proyecto de ley de empleo joven que contemple la capacitación de estos e incentive el compromiso empresarial para promover las nuevas contrataciones.

14.  Por último, comprometidos con el proyecto plural que propicia el gobierno nacional, consideramos oportuno y conveniente ampliar la participación en las responsabilidades de gobierno de las diversas tradiciones políticas que, como el socialismo y otros sectores, están predispuestos a contribuir a profundizar el proceso de cambio social que encarna la presidenta Cristina Fernández.

Buenos Aires, 20 de agosto de 2009

Guillermo F. Torremare  –   Oscar  R. González  –  Ariel Basteiro  –    Jorge Rivas