Por INECIP
¿Maquillaje o Modernización Real?
Un reciente decreto del Ministerio de Seguridad, el Nº 383/2025, ha desatado una ola de críticas al ser percibido como una oportunidad perdida para la tan esperada modernización de la Policía Federal Argentina (PFA).
Lejos de transformar a la PFA en una agencia federal de investigaciones especializada en el crimen organizado, la norma ha sido calificada como un mero «marketing» que posterga una reforma profunda y necesaria.
Desde el traspaso de la seguridad preventiva en la Ciudad de Buenos Aires hace casi una década, la PFA se encuentra en un limbo organizacional, a la espera de una readecuación de sus funciones.
La necesidad de convertirla en un «FBI argentino», enfocado en la investigación de delitos complejos de competencia federal, se ha vuelto imperiosa, especialmente con el avance de fenómenos como el narcotráfico y la implementación del sistema acusatorio en la justicia federal.
Sin embargo, el Decreto 383/2025, impulsado por el Poder Ejecutivo, apenas «retoca» el organigrama de la PFA, manteniendo intacta su matriz operativa actual.
Se conservan numerosas funciones de prevención y custodia que, según los críticos, son inadecuadas para una agencia de investigaciones moderna. Incluso se mantiene al personal de bomberos dentro de una estructura que debería estar dedicada al combate del crimen organizado.
Además, no se modifican normas esenciales del régimen profesional que rigen desde hace más de 40 años, lo que obstaculiza una carrera policial basada en la formación técnica y la especialización.
Un Retroceso con Errores Técnicos y Cuestionamientos Constitucionales
Esta «reforma» es vista como un retroceso que limita la profesionalización del personal policial y la capacidad del Ministerio Público Fiscal federal para utilizar eficazmente las herramientas del sistema acusatorio en la investigación y persecución de mercados criminales como la trata de personas, el narcotráfico, los delitos económicos y financieros, y la corrupción, entre otros.
La controversia se agrava por el carácter inconstitucional del Decreto 383/2025. Al ser un decreto «delegado» dictado en el marco de la Ley Bases, el texto evitó el proceso legislativo, impidiendo un debate plural y derivando en «graves errores técnicos».
Entre ellos, se destaca la inadecuada regulación de detenciones por «averiguación de antecedentes» sin orden judicial por un lapso de 10 horas.
Esta figura, heredada de la vieja ley orgánica, fue tácitamente derogada por el nuevo Código Procesal Penal Federal, lo que refleja un «desconocimiento del orden normativo vigente» y una «grave incomprensión» de lo que implica una agencia moderna de investigación criminal.
Expertos advierten que esta situación podría derivar en futuras declaraciones de inconstitucionalidad por materia regular procesal penal mediante decreto.
El Congreso, la Esperanza de una Reforma Real
Frente a este escenario, se considera imprescindible que el Congreso Nacional, en uso de sus facultades constitucionales ante decretos delegados, rechace el Decreto 383/2025 y promueva el debate de una nueva Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina.
Solo una ley que permita una reforma integral y seria logrará convertir a la PFA en una verdadera agencia federal de investigación especializada en el crimen organizado.
Mientras tanto, la transformación de la Policía Federal seguirá siendo una «promesa incumplida» o una «mera acción de propaganda» en un contexto social que demanda soluciones concretas y efectivas frente a la creciente complejidad del crimen.
