La Justicia Ordena la Reapertura de La Salada con Estrictas Condiciones
Lomas de Zamora, Buenos Aires. La Justicia Federal ha levantado la clausura que pesaba sobre el complejo ferial La Salada, permitiendo la reanudación de actividades en los predios de Urkupiña, Punta Mogotes y Cooperativa Ocean.
Si bien la fecha exacta de la reapertura aún no se ha definido, se espera que el emblemático predio vuelva a operar en los próximos días.
La medida, dispuesta por el juez federal Luis Armella, otorga una autorización provisoria para el «desarrollo comercial y laboral lícito» de los predios.
Esta decisión llega tras un megaoperativo que, meses atrás, resultó en la detención de 16 personas acusadas de lavado de dinero, contrabando y evasión fiscal, lo que llevó al cierre y a una estricta custodia policial de los accesos.
Un Retorno Ordenado y Supervisado
La resolución judicial establece que será el Ministerio Público Fiscal quien determinará la fecha y modalidad de la apertura, ya sea total o parcial, buscando garantizar una transición ordenada hacia la normalización de las actividades.
Para la reapertura, el magistrado impuso una serie de condiciones fundamentales que buscan regularizar y transparentar la operación del gigantesco complejo comercial. Entre las exigencias clave se encuentran:
- Regularización fiscal: Saneamiento de la situación fiscal de todos los activos y pasivos.
- Registro contable detallado: Implementación de un sistema de registro contable minucioso de toda la actividad.
- Inventario y análisis documental: Realización de un inventario exhaustivo y un análisis riguroso de la documentación respaldatoria de los pasivos de la sociedad.
Transparencia y Formalización en la Gestión
Además, el juez Armella ha dispuesto medidas orientadas a asegurar «buenas prácticas de negocios y gestión». Esto incluye la obligación de registrar a todos los empleados en relación de dependencia y de consignar cada venta o locación de puestos.
Una de las disposiciones más significativas es la instalación de un sistema o aplicación que garantice que toda la recaudación se realice mediante transacciones bancarizadas, eliminando el uso de dinero en efectivo. Esta medida apunta a combatir la informalidad y asegurar la trazabilidad de los ingresos.
Finalmente, la resolución exige un registro detallado de cada persona física o jurídica dueña o inquilina de los puestos, individualizando su ubicación.
Se impuso, además, la obligación de rendir cuentas de forma mensual al Juzgado y a la fiscalía sobre los ingresos y egresos de dinero, y se estableció que toda persona que desee alquilar un puesto deberá ser previamente autorizada por el administrador y celebrar un contrato de locación específico.
Con estas medidas, la Justicia busca asegurar que La Salada, un motor económico para miles de comerciantes y trabajadores, retome sus actividades bajo un marco de mayor transparencia y legalidad.
