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Carteles internacionales buscan Chile

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El Fiscal Nacional Jorge Abbott advirtió hoy que Chile «enfrenta por primera vez la amenaza de la instalación de carteles internacionales de droga».

«Chile dejó de ser un país de tránsito de droga; carteles de México ampliamente conocidos intentan asentarse en Chile», dijo Abbott al presentar el informe «Observatorio del Narcotráfico en Chile» del Ministerio Público sobre la base de información policial de los años 2020 y 2021.

En el periodo detectaron intentos de los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Clan del Golfo de realizar operaciones en Chile e instalar infraestructura para producir droga en el país.

Luis Toledo, director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes de la Fiscalía Nacional, indicó que «en el 2020 y en este año hemos podido ver tres de estas poderosas organizaciones criminales» intentando actuar en el país.

Una de ellas es el Cartel de Sinaloa mexicano, que realizó un «fallido tráfico de 665 kilos operados desde Chile por el cartel que llegaría al Puerto de Rotterdam, en Holanda», detalló.

Añadió que el también mexicano Cartel de Jalisco Nueva Generación intentó «instalar infraestructura para la producción a gran escala de marihuana de alta concentración en la comuna de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá», en el extremo norte chileno.

Además trató de ingresar 6,2 toneladas de marihuana en seis tráficos distintos por el Puerto de San Antonio, cercano a Santiago, entre noviembre de 2020 y julio de 2021.

Detalló que el Clan del Golfo colombiano «posee una presencia permanente a través del envío de marihuana denominada ‘cripy'».

«Consignamos la tendencia de instalación permanente en Chile de organizaciones criminales superiores y la amenaza concreta de tres de las mayores organizaciones del tráfico de las Américas», sostuvo Toledo.

Abbott planteó que «a esto debemos ponerle freno ahora ya.

Es el momento de enfrentar un desafío mayor. No podemos permitir que siga profundizándose este fenómeno y que estas agrupaciones echen raíces en el país».

El subsecretario del interior Juan Francisco Galli alertó que la droga forma parte de la tríada droga, armas y violencia.
«Una de cada dos armas incautadas está relacionada con delitos de narcotráfico», aseveró.

El Informe señaló, asimismo, que aumentó la venta de drogas falsas fabricadas con ketamina conocida como «C2B».
Este producto tiene su origen en Colombia y se ha evidenciado un mayor decomiso de su principio activo, la incautación de máquinas automáticas para fabricarla y el crecimiento del número de laboratorios.

También hay una mejoría en la plantación de marihuana en diversas zonas de Chile y un incremento «inaudito» del crimen organizado en las cárceles.

En las prisiones los narcotraficantes han implementado un «sistema de dominación» de internos con menor compromiso criminógeno a quienes amenazan y usan como «carne de cañón» (destinados a ser víctimas) para el sicariato, el enfrentamiento con otros clanes y los llaman «perros».

Los jefes, mientras tanto, ostentan una ficha carcelaria con anotaciones de buena conducta.

El tráfico por vía marítima sube. Solo el puerto de San Antonio recibe 1,7 millones de contenedores al año, los que resultan imposibles de fiscalizar en su totalidad.

El negocio de los narcotraficantes está en su apogeo debido al estallido social y a la pandemia del coronavirus que ha significado una caída en la oferta de cocaína y de pasta base.

Según el Informe es también una preocupación la producción de marihuana nacional por medio de plantaciones «indoor» que ha tenido un gran aumento.

En esta última amenaza también se involucran «poderosas organizaciones criminales extranjeras», advirtió el documento.

De acuerdo a un informe de Gendarmería citado por la fiscalía, al 30 de abril del corriente, fueron identificadas 570 bandas criminales a nivel país. De los 1.936 integrantes, 1.534 son chilenos y 402 extranjeros. Los colombianos suman 144.

El estudio arrojó que hay un aumento de la violencia entre bandas rivales y del uso de medios digitales de comunicación «que han provocado la gradual obsolescencia de los medios policiales de interceptación de las comunicaciones, vitales para la eficacia de la persecución penal».

El dinero incautado al crimen organizado nacional superó los 4,1 millones de dólares.

Los imputados en 2020 por Ley de Drogas superaron las 22.000. Sólo por tráfico hay más de 5.500, mientras que por microtráfico alcanzan a más de 13.100. Los condenados en 2019 llegaron a 12.386 personas, pero la pandemia redujo la cifra a 7.691.

Actualmente, de los 9.796 reclusos del sistema penitenciario cerrado, cerca de 2.500 están por delitos de la Ley de Drogas.

A este grupo, solo en 2020 se le incautaron 15.399 celulares; 14.186 gramos de cocaína y 64.316 de pasta base y 112. 414 de marihuana, un 55% más que 2019. (ANSA).

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