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Material enviado por el Lic. Jorge Mancuso

Mientras que la recaudación nominal se ubica en niveles similares al año pasado, el gasto público crece a tasas superiores al 20%. Como el endeudamiento forzoso que implicó apropiarse de los aportes previsionales ya no alcanza, se plantea la alternativa de volver al financiamiento del FMI y de flexibilizar la Ley de Responsabilidad Fiscal para facilitar la emisión de títulos de deuda pública provincial. Aumentar el endeudamiento, sin resolver la insolvencia estructural, es prolongar la agonía. La solución no pasa por esperar una nueva bonanza internacional sino en emprender una sustancial mejora en la estructura tributaria y en la calidad de la gestión del gasto público.

2009-09-06 Informe Nacional

En agosto del 2009, la recaudación nacional alcanzó los $25.350 millones, un monto muy parecido a los $25.500 millones recaudados en agosto del 2008. En términos comparados, representa una caída del -0,5% siendo la primera vez, desde la crisis de comienzo de década, que la recaudación cae en términos nominales. Esta disminución marca una profundización de las tendencias declinantes en los ingresos públicos que se venía detectando desde fines del año pasado.

Para entender el origen de la debilidad recaudatoria resulta pertinente desagregar la evolución de los diferentes componentes que conforman los recursos públicos nacionales. Según los datos de la AFIP, comparando agosto del 2009 con agosto del 2008 se puede observar que:

  • La recaudación de impuestos a la actividad económica doméstica creció un 11%.
  • Los impuestos sobre el comercio exterior –que incluyen retenciones, aranceles e IVA y ganancias recaudados por la aduana– cayeron un -31%.
  • La recaudación por recursos de la seguridad social –que no son recursos genuinos, sino deuda pública con los futuros jubilados– creció un 23%.

Los datos muestran que la recaudación de impuestos que se aplican a la actividad económica doméstica (IVA-DGI, Ganancias-impositivo, impuestos al cheque, a los combustibles, impuestos internos, etc) crecen a un ritmo inferior al crecimiento de los precios, en un escenario donde se estanca la actividad económica y, asociado a esto, aumenta la evasión y la informalidad.

La restricción de recursos para el sector público se agudiza porque la recaudación de impuestos sobre el comercio exterior tuvo una abrupta caída. Esto está asociado a un factor exógeno (la disminución de los precios internacionales desde los inéditamente altos niveles del año pasado), pero también influyen factores internos como las restricciones a exportar e importar, la pérdida de competitividad por las distorsiones regulatorias e impositivas, y la disminución de las importaciones que se produce por el estancamiento en la actividad económica. La caída de recursos del comercio exterior fue compensada con crecimiento de los recursos previsionales, sin embargo, las bases son débiles ya que no se origina en aumentos en el nivel de empleo sino en crecimiento de los salarios nominales impulsados a través de convenios colectivos centralizados que, al no estar respaldados por aumentos de productividad, agregan presiones inflacionarias.

Mientras la recaudación se estanca en términos nominales, el gasto público nacional sigue creciendo a tasas del orden del 28% anual. La brecha se vino cubriendo con endeudamiento forzoso (como por ejemplo demoras en los reintegros de impuestos y apropiación de los aportes previsionales), pero esta estrategia de financiamiento se está agotando. Por ello, aparecen las iniciativas de apelar al endeudamiento con el FMI y relajar la Ley de Responsabilidad Fiscal a los fines de facilitar a las provincias la emisión de títulos de deuda pública provincial. Limitarse a buscar nuevas formas de endeudamiento servirá apenas para prolongar la agonía, salvo que los precios internacionales vuelvan a los niveles inéditamente altos que alcanzaron el año pasado.

El incremento de precios internacionales que Argentina requiere para cubrir el crecimiento del gasto público está en el orden del 50%. Como esto es muy poco probable que ocurra, para no seguir en una agonía que termine en una nueva crisis es necesario pensar en soluciones de políticas públicas internas. Las provincias no necesitan más endeudamiento, sino que se cumpla con la Constitución Nacional. Con nuevas reglas para la coparticipación es posible alcanzar un financiamiento adecuado y una estructura de incentivos que induzca a una mejor gestión de los recursos públicos. En igual sentido, el Estado nacional no necesita endeudarse con el FMI sino cortar abruptamente el despilfarro de gasto público que se produce con la política del intervencionismo subsidiado.