Tras cinco horas de exposiciones, se determinó un cuarto intermedio hasta mañana a las 16. Hasta entonces se podrán acercar propuestas para unificar en el proyecto y avanzar así en la firma del dictamen.
El oficialismo avanzó hoy en el Senado con la discusión de la reforma del Poder Judicial propuesta por el Gobierno, con la intención de llevar al recinto la iniciativa la semana próxima, tras un último plenario de comisiones en el que la oposición ratificó su rechazo y una nueva tanda de expositores se expresó a favor y en contra del proyecto.
La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnún, quien conduce el debate, anunció esta tarde -tras cinco horas de exposiciones- un cuarto intermedio hasta mañana a las 16 y reafirmó que hasta entonces se podrán acercar propuestas para unificar en el proyecto y avanzar así en la firma del dictamen.
En la última audiencia de esta tarde, una quincena de expositores, entre jueces, fiscales y abogados convocados por las bancadas mayoritarias del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, se expresó a favor y en contra del texto y, en algunos casos, con propuestas de modificaciones y correcciones.
Desde la principal bancada opositora, Juntos por el Cambio envió una carta al presidente Alberto Fernández para pedir el retiro del proyecto, al considerar que su discusión «no es oportuna» en medio de la pandemia de coronavirus, un día después de la movilización social en la que también se rechazó la iniciativa.
El primero de los expositores de hoy, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, dijo que el proyecto busca «terminar con la acumulación de poder en pocas manos» y consideró que «no es inconstitucional» y que en todo caso el DNU que firmó Mauricio Macri suspendiendo la implementación del Código Procesal Penal «fue inconstitucional».
Lucila Larrandart. exjueza de un Tribunal Oral en lo Criminal Federal, declaró que no vio «un nivel de arbitrariedad y falta de justicia como hoy», en alusión a los tribunales de Comodoro Py, y elogió el consejo consultivo creado por el Presidente.
La exmagistrada declaró además que «hay que lograr que la Justicia cumpla su función y que no sea utilizada para lawfare: en vez de los tanques, la guerra jurídica», enfatizó.
El exjuez del Tribunal Oral en lo Criminal 3 Miguel Caminos evaluó que «este proyecto denota una urgencia inusitada», cuestionó que «se deje de lado la participación de sectores académicos» y criticó «el aumento desmedido de jueces» que propone, «sobre todo en CABA en relación con su población».
El Procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Gullé, quien participó de la videoconferencia previa aclaración de que estaba cumpliendo aislamiento estricto por coronavirus positivo, consideró que «hay que ir cuanto antes al sistema acusatorio» y advirtió que el actual proyecto «nos lleva en sentido contrario».
El Defensor del Ministerio Público de la Defensa, Carlos Seijas, coincidió con quienes sostienen que se crea «una innecesaria cantidad de juzgados» y enfatizó que «hay un despropósito de personal y nadie va a aceptar traspaso a la ciudad», en alusión al traslado de competencias al Poder Judicial de CABA.
El juez de cámara del tribunal 18 de la capital Ricardo Rojas planteó objeciones a la iniciativa en cuanto a la creación de cargos y al sistema de subrogancias, al entender que «habrá 23 jueces federales subrogantes que no van a tener la misma garantía y protección constitucional para funcionar».
Máximo Fonrouge, presidente del Colegio de Abogados de CABA, calificó como «inoportuna» la discusión de la normativa en este momento y consideró que si se aprueba «sin consensos carecerá de legitimidad y será la reforma de un gobierno para que después venga otro gobierno que alcance la mayoría necesaria e imponga su propia reforma».
«No podemos hacer leyes por cuestiones personales, tenemos que ir más allá. Lo que nos debería preocupar es cómo se eligen los jueces y cómo se remueven los malos jueces», añadió.
Ernesto Marcer, abogado y profesor de la UBA, destacó que el mayor problema que enfrenta la justicia federal es que «hay innumerables conflictos de competencia».
Consideró que «ese es el propósito del proyecto que busca resolver y eso es loable y valioso», y añadió que no encuentra «ninguna objeción a la unificación desde el punto de vista constitucional».
Para Héctor Chayer, coordinador del programa del macrismo Justicia 2020, es «inconstitucional» el sistema de subrogancias propuesto y consideró que la creación de 23 juzgados federales más «es innecesario y no tiene ningún fundamento empírico».
