El mayor desmonte ilegal de la historia argentina vuelve a acorralar a su responsable
El tiempo y el poder económico no alcanzaron para sepultar el desastre. Durante más de una década, un poderoso terrateniente salteño actuó bajo la premisa de que los hechos consumados y la influencia política borrarían las huellas de lo que la comunidad local califica como un verdadero ecocidio. Sin embargo, la persistencia de las comunidades afectadas y las organizaciones sociales demostró que el olvido no se compra.
El ecocidio en números: cinco meses de devastación
Los hechos se remontan a 2013, cuando una flota de 18 topadoras avanzó sobre el norte de la provincia de Salta. En un lapso de solo cinco meses, la maquinaria arrasó con casi 12.000 hectáreas de bosque nativo.
Para dimensionar la magnitud de la catástrofe: el equivalente a la mitad de la superficie de la Ciudad de Buenos Aires quedó reducido a astillas y tierra seca.
El impacto humano y ecológico de lo que se considera el desmonte ilegal más grande de la historia reciente argentina fue inmediato:
- Pérdida de biodiversidad: Destrucción del hábitat de cientos de especies nativas.
- Desalojo encubierto: Familias campesinas y comunidades del pueblo Wichí perdieron su territorio ancestral y sus medios de subsistencia.
- Explotación laboral: En medio de las inspecciones, la AFIP detectó la presencia de trabajo esclavo e infantil en los predios bajo explotación.
“Mientras él facturaba millones, las familias locales quedaban acorraladas entre alambrados, despojadas de su entorno y de su cultura”, señalan referentes de la zona.
Una década eludiendo a la justicia
Durante diez años, el empresario logró esquivar las consecuencias legales de sus actos. El modus operandi combinó recursos judiciales, la violación sistemática de las clausuras impuestas por las autoridades y la continuidad de los negocios agropecuarios sobre el suelo herido del bosque protegido.
La estrategia del desgaste parecía funcionar, pero la resistencia de los afectados se mantuvo firme. Hoy, la impunidad del terrateniente empieza a resquebrajarse ante la presión social y el avance de causas que exigen no solo multas económicas, sino la restauración del daño ambiental y castigos penales efectivos. La historia demostró que el poder del suelo y de su gente puede ser más tenaz que el de las topadoras.
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