Asesinan en Fuerte Apache a un policía de Tres Arroyos y renace el reclamo por el destino de los egresados de la Vucetich
El asesinato de Alan Molina, un joven bonaerense de 26 años oriundo de Tres Arroyos, volvió a encender la polémica en torno a la política de asignación de destinos de la Policía Bonaerense que lleva adelante la gestión de Axel Kicillof.
Molina, quien había egresado de la Escuela Juan Vucetich en febrero de este año e integraba la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), fue abatido este sábado en el barrio «Ejército de los Andes» (Fuerte Apache), en Ciudadela, durante un operativo de prevención a pie. El agente, que era padre de un bebé de dos meses, recibió un disparo fatal al intentar identificar a un sospechoso que se dio a la fuga.
La tragedia trascendió rápidamente lo policial para reabrir un persistente debate político que sostienen los intendentes del interior bonaerense: el envío de efectivos recién graduados a los focos más violentos del conurbano mientras sus distritos de origen sufren escasez de personal.
El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, manifestó su dolor y reitero el reclamo de la comuna: «Seguimos pidiendo y reclamando para que los policías tresarroyenses puedan prestar servicio en su ciudad».
Desde el municipio recordaron que la demanda ante el Ministerio de Seguridad no es nueva y enfatizaron que resulta incomprensible la falta de personal local mientras los jóvenes formados en la zona son trasladados a áreas de alta conflictividad.
La problemática evoca antecedentes como el de Pergamino, donde el intendente Javier Martínez decidió tiempo atrás cerrar la sede local de la Escuela de Policía ante la falta de devolución de efectivos para el distrito.
El hecho también provocó la indignación y la alarma de los familiares. Alfredo, padre de una mujer policía de Tres Arroyos que acompañaba a Molina en el momento del ataque, denunció las precarias condiciones laborales con las que operan en la zona: «Hacen un régimen de 2×5.
Viajan de noche, se presentan a trabajar y enseguida salen a caminar por Fuerte Apache. Tienen una garita en el medio de la nada y muchas veces ni patrulleros tienen». Asimismo, cuestionó que los agentes oriundos del interior —muchos provenientes de Dorrego, Pringles o Gonzales Chaves— no sean asignados a sus comunas de origen.
Desde el ámbito político opositor, el diputado provincial de La Libertad Avanza y excomisario, Maximiliano Bondarenko, criticó con dureza las decisiones de la cúpula de seguridad.
«¿En qué cabeza cabe destinar a un policía con apenas unos meses de experiencia a uno de los barrios más peligrosos de la provincia?», cuestionó el legislador, señalando que las condolencias oficiales no reemplazan la vida de un padre y exigiendo un plan de seguridad con respaldo, capacitación u organización real.
Mientras la investigación judicial sobre la muerte de Molina sigue su curso, el caso reabrió una discusión profunda sobre el criterio con el que la Provincia distribuye a los nuevos agentes de la fuerza, dejando expuesta la brecha entre las urgencias del conurbano y los reclamos de seguridad del interior bonaerense.
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