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El senador nacional Eduardo A. Vischi acaba de poner sobre la mesa un proyecto que busca llenar uno de los vacíos más notorios del actual esquema de incentivos a la inversión en la Argentina. Después del lanzamiento del RIGI para megaproyectos y del RIMI para pequeñas y medianas empresas, quedó una enorme franja del entramado productivo sin herramientas específicas: las empresas medianas grandes y los proyectos de escala intermedia. Ahí apunta el nuevo Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), presentado en el Senado con el expediente S.702/26.
La iniciativa parte de un diagnóstico concreto. En la Argentina actual, muchos proyectos productivos tienen dimensión suficiente como para quedar afuera de los beneficios PyME, pero no alcanzan el umbral gigantesco requerido para entrar al RIGI. El resultado es un “desierto” de incentivos para inversiones que, sin ser billonarias, tienen enorme capacidad de generar empleo, exportaciones y desarrollo territorial.
El proyecto de Vischi busca justamente cerrar esa brecha. Y lo hace con una lógica muy vinculada a la economía real: premiar al que invierte en producción tangible y no en especulación financiera.
En los fundamentos, el senador correntino sostiene que la Argentina necesita “herramientas legislativas eficaces que promuevan un flujo constante de capitales hacia sectores estratégicos”. El RIIR, señala, pretende actuar como un complemento del RIMI, ampliando el alcance de los incentivos a firmas de mayor tamaño y promoviendo inversiones nacionales y extranjeras mediante beneficios impositivos concretos.
La filosofía del proyecto es interesante porque combina desarrollo productivo con criterio federal. No se concentra solamente en grandes enclaves extractivos o energéticos, sino que incorpora sectores agroindustriales, economías regionales y actividades manufactureras que generan fuerte derrame territorial.
El artículo 1 crea formalmente el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes aplicable en todo el país. Y el artículo 2 fija objetivos muy claros: promover el desarrollo económico y las cadenas de valor, fortalecer la competitividad, aumentar exportaciones y favorecer la creación de empleo.
El esquema apunta a inversiones productivas concretas: adquisición o fabricación de bienes muebles nuevos, obras destinadas a producción y activos vinculados directamente con actividades económicas. Quedan expresamente excluidas las inversiones financieras, de portafolio y bienes de cambio. Ahí aparece uno de los mensajes políticos centrales del proyecto: el beneficio fiscal debe ir al capital que genera actividad, no a la especulación.
Uno de los puntos más atractivos es que el régimen incorpora beneficios especiales para inversiones consideradas estratégicas desde el punto de vista de la sustentabilidad y la eficiencia. Los sistemas de riego, equipos de alta eficiencia energética y mallas antigranizo podrán acceder a promoción incluso sin alcanzar el monto mínimo general exigido.
No es un detalle menor. En un contexto climático cada vez más extremo, donde la competitividad agroindustrial depende crecientemente del manejo del agua, la energía y la mitigación de riesgos, el proyecto pone el foco justamente en las tecnologías que pueden cambiar la productividad del interior argentino.
El monto mínimo para ingresar al régimen se fija en 12 millones de dólares para empresas que superen la categoría mediana tramo 2. Es decir: no se trata de pequeños emprendimientos, pero tampoco de los megaproyectos de cientos o miles de millones que exige el RIGI.
En materia de beneficios fiscales, el núcleo del proyecto es potente. Se propone una amortización acelerada en Ganancias para bienes de capital y obras productivas. En algunos casos, como equipos de riego agrícola, bienes de alta eficiencia energética, semovientes amortizables y mallas antigranizo, la deducción podría realizarse en una sola cuota.
En la práctica, esto mejora fuertemente el flujo financiero de las inversiones. La empresa recupera más rápido vía impuestos parte del capital invertido, algo especialmente importante en actividades de ciclos largos o de alta intensidad de capital.
Además, el régimen contempla devolución acelerada de créditos fiscales de IVA para inversiones productivas, otro mecanismo clave para reducir el costo financiero de nuevos proyectos.
El proyecto también establece exclusiones y mecanismos de control. No podrán acceder empresas con condenas por delitos tributarios, cambiarios o aduaneros, firmas quebradas o contribuyentes con deudas fiscales firmes. Y se evita la superposición con el RIGI para impedir doble promoción sobre la misma inversión.
En los fundamentos aparece además una idea que probablemente explique el trasfondo político y económico de la iniciativa: la necesidad de “democratizar el incentivo”. Vischi sostiene que el sistema actual deja afuera a un universo de empresas medianas y proyectos regionales con enorme capacidad transformadora. El RIIR intenta convertirse en un puente entre el mundo PyME y las grandes corporaciones.
En definitiva, el proyecto expresa una discusión que empieza a ganar fuerza en la Argentina productiva: cómo construir un esquema de incentivos más amplio y equilibrado, capaz de movilizar inversiones de escala intermedia que muchas veces son las que generan más arraigo, más empleo local y más efecto multiplicador sobre las economías regionales.
Porque detrás de cada inversión de 10, 20 o 50 millones de dólares no suele haber un fondo global anónimo. Muchas veces hay empresarios nacionales, agroindustrias familiares o grupos regionales que reinvierten en el país y necesitan previsibilidad para dar el próximo salto. Y es precisamente ahí donde el proyecto de Vischi busca abrir una nueva cancha.
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