Fue por abusar de una menor a su cargo
El Tribunal Criminal de Necochea dictó sentencia contra un vecino de 83 años, identificado por sus iniciales J.W.A., al encontrarlo penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal.
Los ataques ocurrieron de manera continuada entre los años 2012 y 2017, periodo en el que la víctima se encontraba bajo la guarda del ahora condenado.
La pena impuesta de 14 años de prisión contempla un agravante fundamental: el abuso de confianza. Al tener la responsabilidad del cuidado de la menor, la Justicia consideró que el imputado vulneró de forma extrema la seguridad de la víctima, una figura que el Código Penal castiga con especial severidad.
Arresto domiciliario y monitoreo
Debido a la avanzada edad del condenado y tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, el tribunal dispuso que la pena se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario.
- Ubicación: El sentenciado residirá en una vivienda de la localidad de Quequén.
- Vigilancia: Deberá utilizar de forma permanente un sistema de monitoreo electrónico (tobillera).
- Responsabilidad: Un familiar directo quedó designado como tutor responsable del cumplimiento de la medida.
El fallo es tajante: cualquier salida del domicilio sin autorización judicial previa derivará en la revocación inmediata del beneficio y el traslado del sujeto a una unidad carcelaria.
Restricciones y registro de ADN
Además de la privación de la libertad, la resolución judicial establece medidas estrictas para garantizar la protección de la víctima:
- Prohibición de contacto: El condenado no podrá acercarse a la víctima (distancia mínima de 200 metros) ni mantener contacto por medios telefónicos o informáticos.
- Perfil Genético: Una vez que la sentencia quede firme, los datos de J.W.A. serán incorporados al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Las muestras para dicho registro ya fueron obtenidas por la Fiscalía el pasado mes de marzo.
El dato: La investigación judicial logró acreditar que los abusos se prolongaron durante cinco años, subrayando la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la menor mientras permanecía bajo el cuidado del jubilado.
