Productores denuncian que el Gobierno no ejecutó $189.000 millones para obras hídricas
La parálisis de la obra pública y el ajuste fiscal impactan de lleno en las zonas rurales. Entidades agrarias advierten por el desvío de fondos específicos del impuesto a los combustibles mientras las rutas y caminos rurales se encuentran «detonados» por las lluvias.
El malestar en el sector agropecuario ha escalado a niveles de alerta roja. Tras el regreso de intensas precipitaciones en zonas clave de la producción, grupos de productores y entidades rurales lanzaron una dura acusación contra la gestión de Javier Milei: denuncian la no ejecución de $189.000 millones que estaban destinados exclusivamente a obras de infraestructura hidráulica.
El Fondo Hídrico en la mira
El foco del conflicto es el Fondo Hídrico de Infraestructura, una caja que se nutre directamente de un porcentaje del impuesto a los combustibles.
Según los productores, a pesar de que la recaudación de dicho tributo continúa de forma regular, el flujo hacia las obras de control de inundaciones y mantenimiento de cuencas se ha detenido por completo bajo la premisa del «superávit fiscal».
«Estamos pagando un impuesto específico cada vez que cargamos un litro de gasoil, pero ese dinero no vuelve al campo. Se está utilizando para engrosar el saldo de caja mientras nuestros campos se vuelven a llenar de agua», reclamó un dirigente rural de la zona núcleo.
Caminos «detonados» y logística en crisis
La falta de inversión no solo afecta la capacidad de drenaje de los campos, sino que ha puesto en jaque la logística de la cosecha.
El diagnóstico del sector es lapidario:
- Rutas intransitables: Arterias nacionales y provinciales presentan un deterioro avanzado por falta de bacheo y mantenimiento.
- Caminos rurales: Calificados como «detonados», impiden la entrada de camiones y maquinaria pesada, lo que pone en riesgo la salida de la producción.
- Obras frenadas: Canales secundarios, alcantarillado y defensas costeras se encuentran con niveles de ejecución del 0% en lo que va del año.
Un reclamo que sube de tono
Desde las bases de productores autoconvocados y diversas cámaras del sector advierten que el «desfinanciamiento de facto» del Fondo Hídrico constituye una grave irregularidad, dado que son fondos con asignación específica que no deberían ser desviados para otros fines operativos del Estado.
Mientras el Gobierno sostiene su política de «motosierra» sobre la obra pública, el clima no da tregua. Con el agua avanzando sobre las pasturas y los lotes sembrados, el campo exige respuestas urgentes antes de que el daño económico sea irreversible.
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