En una sesión que puso fin a una prolongada disputa de once meses, el Senado de la Nación rechazó esta tarde los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Javier Milei, para integrar la Corte Suprema de Justicia.
La votación, que se desarrolló en un clima de intensa tensión política, arrojó un resultado adverso para las aspiraciones del gobierno, evidenciando la falta de consenso necesario para la designación de los magistrados al máximo tribunal del país.
Si bien no trascendieron los detalles específicos de la votación ni los argumentos centrales de los senadores para rechazar las candidaturas, la decisión del cuerpo legislativo cierra un capítulo que se extendió por casi un año, desde que se produjeron las vacantes en la Corte Suprema.
La propuesta de los nombres de Lijo y García-Mansilla había generado un amplio debate en la sociedad civil, el ámbito jurídico y la clase política. Diversas voces se habían manifestado a favor y en contra de ambos candidatos, argumentando sobre su idoneidad, trayectoria y la potencial influencia de sus designaciones en el equilibrio de poderes y la administración de justicia.
Con este rechazo, el Poder Ejecutivo deberá ahora evaluar los próximos pasos a seguir para cubrir las vacantes existentes en la Corte Suprema, abriendo un nuevo interrogante sobre el futuro de la composición del máximo tribunal y la dinámica de las relaciones entre el gobierno y el Congreso.
La decisión del Senado marca un importante revés político para la administración de Milei y subraya la complejidad de alcanzar acuerdos en el ámbito legislativo en temas de alta sensibilidad institucional. La atención se centra ahora en cómo el gobierno responderá a este escenario y qué nuevas propuestas presentará para completar la integración de la Corte Suprema.
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