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El proyecto de ley que propone un régimen de transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), cuyos autores son la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, el titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, y la secretaria de dicha bancada, Paula Penacca, busca transparentar la opacidad del marco jurídico en el que se desarrollan las denominadas SAS.

En los fundamentos, la norma advierte “un bajo nivel de control y regulación de aspectos esenciales del tipo societario, escenario que posibilita el desarrollo de actividades ilícitas”. Y, la misma línea, expresa que “la regulación laxa e imprecisa que rige para las SAS se ha convertido en el rostro jurídico de sociedades que tienen como fin el lavado de activos, entre otros, provenientes del narcotráfico”.

Durante la reunión informativa expusieron Daniel Erbetta, presidente de la Corte Suprema de Santa Fe; Walter Rodríguez, titular de la fiscalía Federal 2 de esa provincia; Ricardo Augusto Nissen, inspector General de la Inspección General de Justicia (IGJ); Nicolás Vergara, jefe de Gabinete de Asesores de la Unidad de Investigación Financiera (UIF); y José Bianchi, subdirector General de Recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

También, Manuel Tanoira, director de Políticas Públicas de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA); Rafael Manovil, abogado especialista en Derecho Comercial; y José Alejandro Ramírez y Pablo Sala Mercado, abogados especialistas en Derecho Societario.

En primer lugar, el doctor Erbetta expresó que “el concepto de personalidad jurídica se ha resquebrajado bastante en los últimos años en la legislación argentina”.

“Las SAS son una herramienta apta con mucha idoneidad e importante para el desarrollo del capital emprendedor”, señaló y al respecto hizo mención a que el problema no es el instrumento, sino la falta de fiscalización y control. “Hay que repensar la necesidad de generar una fuerte articulación entre los organismos de control del Estado”, pidió.

El fiscal Rodríguez hizo referencia a los fundamentos del proyecto donde se explica la investigación que él llevó adelante sobre una pesquisa a una avioneta con 200 kilos de cocaína que se estrelló en Santa Fe, donde la banda vinculada al incidente creó, cuanto menos, 40 SAS en el período comprendido entre marzo del 2018 y abril del 2020.

“Hay muchas facilidades otorgadas para la conformación de una SAS ya que mediante los trámites a distancia puede ponerse rápidamente en funcionamiento. Se necesita controlar el mal comportamiento para evitar arbitrariedades», subrayó.

Luego, Nissen afirmó que “las sociedades por acciones simplificadas nacieron como una sociedad sin controles”. Las SAS tiene posibilidad de permanecer en la legislación argentino en la medida que haya control estatal.

En las SAS siempre estuvo todo mal, no tienen nada de emprendedor los que las hacen. Vivos todos, pero emprendedores ninguno. Es fundamental reglamentar o un registro de un emprendedor.

En el mismo sentido, Darío De León, director de Sociedades Comerciales de la Inspección General de Justicia brindó un breve informe respecto a las SAS. “EL 95% no cumplía con la obligación legal de llevar sus libros”, resaltó.

Al rechazar el proyecto, el doctor Tanoira instó a poner “todas las sociedades en blockchain y hacer todo el registro libremente transmisible; hagan las denuncias en el Poder Judicial y actúen desde la justicia”.

“Tenemos una deformación en Argentina de querer prevenir el delito sobre la literalidad y encorsetando el ecosistema de negocios, eso hace que los emprendedores que constituyeron SAS se vean perjudicados y no generen empleos”, puntualizó.

En la misma línea que Tanoira, Ramírez remarcó que “estamos generando burocracia”. “Los emprendedores están eligiendo esta herramienta, no la arruinen, tienen una gran responsabilidad en sus manos”, criticó y agregó: “Esta ley mata los emprendimientos y las pymes. Es un proyecto que se mete 100% con facultades no delegadas de las provincias a la nación”.