domingo, julio 03, 2022

Opinión

OPINIÓN: Las víctimas del genocidio argentino

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Por Guillermo Torremare*

En vísperas de cumplirse 46 años del golpe cívico militar que instaló el Terrorismo de Estado en Argentina nos proponemos un breve ejercicio de memoria sobre quiénes y cuántas fueron y son sus víctimas.

Fueron víctimas las personas asesinadas por las fuerzas represivas, cuyos cadáveres fueron entregados o encontrados.

Fueron víctimas las personas desaparecidas -aquellas secuestradas y llevados a centros clandestinos de detención, tortura y exterminio-, sobre las cuales jamás se dio información oficial alguna.

Fueron víctimas las y los presos políticos; alrededor de 10.000 personas a quienes la dictadura encarceló por largos años, sometiéndolas a un Poder Judicial corrompido o a Consejos de Guerra militares o manteniéndolas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional sin causa ni proceso.

Fueron y son víctimas alrededor de 500 niños y niñas nacidas en cautiverio, robadas a sus madres después del parto y entregadas con falsa identidad a apropiadores.

Fueron víctimas las y los familiares de los desaparecidos que han sufrido un trato inhumano y degradante por parte del Estado, generado por la incertidumbre cotidiana y permanente respecto del destino y paradero de sus seres queridos.

Fueron víctimas alrededor de 300.000 personas que debieron abandonar el país porque aquí corrían grave riesgo de muerte.
Fueron y son víctimas, también, la inmensa mayoría de las personas que integran la sociedad argentina.

Ello así porque la dictadura cívico militar destruyó el tramado social existente al momento del golpe de Estado y produjo una modificación terriblemente perjudicial para los intereses populares. Impuso un modelo económico agroexportador, rentístico y financiero, con apertura externa -comercial y de capitales- irrestricta. Estableció la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, restringiendo la participación del Estado y abriendo la competencia de los productos nacionales con los extranjeros, aunque ello significara sacrificar la industria local. Por medio del plan represivo impidió la resistencia social a la transformación regresiva de la economía.

Los resultados del cambio de modelo fueron los siguientes: a) la deuda externa pasó de u$s 7.000 millones a u$s 44.000 millones. b) El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) promedio durante el período 1976/1983 fue casi inexistente y la inflación promedio para los 8 años fue del 200% anual. c) Cayó bruscamente la participación de la industria PBI al tiempo que aumentó considerablemente la de los sectores agroexportador y financiero. d) La caída de la participación del ingreso de los trabajadores en el ingreso total paso del 47% en 1974 al 28% por 1983. e) La pobreza pasó del 2,6% en 1974 al 25,3% por 1983. f) La desocupación pasó del 3% al 9% en el mismo período.

Las personas que perdieron su trabajo o que manteniéndolo vieron disminuir el salario y su poder adquisitivo, fueron víctimas, y también quienes dejaron de tener –o nunca alcanzaron a tener- necesidades básicas satisfechas. Las familias de estos también fueron víctimas.

La destrucción de un grupo humano, realizada mediante la comisión de variados delitos gravísimos, por quienes detentan el poder del Estado, con el propósito de imponer un modelo económico-social antipopular, es un genocidio.

Frank Chalk y Kurt Jonassohn, estudiosos de las masacres históricas, enseñan: “los genocidios que victimizan una parte de la población del país genocida tienen un costo altísimo para la sociedad de ese país. Y ese costo también lo pagan las generaciones que siguen.” La afirmación cabe con precisión a nuestra actualidad.

Tener claro –y transmitir adecuadamente- que lo ocurrido fue un genocidio y que sus víctimas fueron y son muchísimas más que la cantidad de personas desaparecidas que puede estimarse, es necesario para entender por qué estamos como estamos; y también para enterrar definitivamente el negacionismo que, de múltiples maneras, con manifiesta deshonestidad, se expresa en la Argentina de hoy.

*Presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos ( APDH)