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Por José Garrido y Jan Nolte

A medida que crece el uso del dinero electrónico, los reguladores deben centrarse en la protección del consumidor y la integridad del sistema de pagos en general.

Imagínese que va a pagar su café de la mañana y su tarjeta de valor almacenado muestra un mensaje de error, o la billetera en la aplicación de pagos de su teléfono no se abre porque la compañía que brinda el servicio de pago se declaró en quiebra. Peor aún, ¿qué pasa si vive en una zona rural y el servicio de dinero electrónico proporcionado a través de su teléfono móvil es el único acceso que tiene al sistema financiero? ¿O su gobierno ahora confía en el sistema de dinero electrónico para transferir beneficios o recaudar impuestos a gran escala?

Las formas digitales de dinero, incluidas las monedas digitales de los bancos centrales, las monedas estables emitidas de forma privada y el dinero electrónico, continúan evolucionando y encuentran nuevas formas de volverse más integrales en la vida cotidiana de las personas. En esencia, el dinero electrónico es una representación digital de una moneda fiduciaria garantizada por su emisor.

Los clientes intercambian dinero regular por dinero electrónico, que pueden usar para realizar pagos a través de una aplicación en su teléfono celular a individuos y empresas por igual con facilidad y efecto inmediato. En comparación con otras formas de dinero digital desarrolladas recientemente, como las monedas estables, el dinero electrónico existe desde hace algún tiempo y su base de clientes sigue aumentando rápidamente. A diferencia de la mayoría de las monedas estables emitidas de forma privada, el dinero electrónico opera en un marco regulado.

Para los reguladores y supervisores encargados de proteger a los consumidores y garantizar la igualdad de condiciones para todos los intermediarios financieros, mantenerse al día con los nuevos desarrollos puede ser un desafío. Los reguladores y supervisores deben considerar la mejor manera de proteger a los clientes de la falla de los emisores de dinero electrónico (potencialmente sistémicos), incluida la prevención de la pérdida de sus fondos.

Un nuevo documento del personal técnico del FMI considera estos y otros escenarios que pueden poner en riesgo a los consumidores y, potencialmente, a sistemas completos de dinero electrónico. Examinamos cómo están evolucionando las prácticas regulatorias país por país y presentamos un conjunto de recomendaciones de políticas sobre la regulación de los emisores de dinero electrónico y la protección de los fondos de sus clientes.

El dinero electrónico ofrece soluciones de pago para los no bancarizados

Podemos pensar en el dinero electrónico como una reserva electrónica de valor monetario en una tarjeta prepaga o un dispositivo electrónico, a menudo un teléfono móvil, que puede ser ampliamente utilizado para realizar pagos. El valor almacenado también representa un reclamo ejecutable contra el emisor de dinero electrónico, mediante el cual sus clientes pueden exigir en cualquier momento el reembolso de los fondos que utilizaron para comprar dinero electrónico.

El dinero electrónico ya es una parte vital de la vida diaria de miles de millones de personas, especialmente en muchos países en desarrollo, donde muchos carecen de acceso al sistema bancario. Como se muestra en el gráfico a continuación, un alto porcentaje de la población en varios países de África Oriental ahora usa dinero electrónico, lo que lo hace importante desde una perspectiva macrofinanciera.

Se estima, por ejemplo, que dos tercios de la población adulta combinada de Kenia (donde M-PESA ha alcanzado un alto grado de penetración en el mercado), Ruanda, Tanzania y Uganda usan dinero electrónico con regularidad. Muchas de estas personas no tienen cuentas bancarias ni ningún otro acceso al sistema financiero formal, por lo que almacenan una parte importante de sus fondos disponibles en billeteras de dinero electrónico y acceden a ellos mediante teléfonos móviles o computadoras.

Proteger los sistemas financieros y los consumidores por igual

Con la creciente importancia de los emisores de dinero electrónico, es fundamental contar con un marco integral y sólido para la regulación y la protección de los fondos de los clientes. Los emisores deben estar sujetos a requisitos reglamentarios prudenciales proporcionados. Por ejemplo, deberían establecer sistemas de gestión y gobernanza del riesgo operativo para identificar y limitar los riesgos. También se les debería prohibir la concesión de préstamos al por menor. Y, para proteger a los consumidores que pueden ser menos sofisticados que los clientes bancarios, se deben establecer reglas que regulen cómo los emisores divulgan las tarifas, protegen los datos del consumidor y manejan las quejas.

Una de las medidas regulatorias más importantes identificadas en nuestro documento es que para proteger el dinero de los clientes, todos los emisores de dinero electrónico deben implementar mecanismos para resguardar y segregar esos fondos. Los emisores deben mantener un conjunto seguro de fondos líquidos que sea equivalente a los montos de los saldos de los clientes y que se mantenga separado de los fondos propios del emisor. Esta es una salvaguardia fundamental contra el uso indebido de los fondos y debería permitir, en principio, la recuperación de esos fondos en caso de quiebra de un emisor.

Sin embargo, mantener segregados los fondos de los clientes no resuelve todos los problemas si un emisor potencialmente sistémico fallara. En ausencia de reglas específicas de quiebra, la segregación por sí sola no asegura que los clientes tengan acceso rápido a sus fondos, y esta discontinuidad puede crear problemas graves si el emisor juega un papel potencialmente sistémico en el sistema de pagos y en el día a día. transacciones diarias del país.

Potencialmente sistémico, potencialmente problemático

Es posible que los reguladores y supervisores deban fortalecer significativamente la supervisión prudencial y los acuerdos de protección del usuario, según el modelo comercial y el tamaño del sistema de dinero electrónico. En países con un sector o emisor de dinero electrónico potencialmente sistémico, la protección establecida debe buscar preservar los fondos de los clientes y garantizar la continuidad de los servicios de pago críticos.

Si bien algunos países han intentado extender el seguro de depósitos al dinero electrónico, es posible que se necesiten más esfuerzos para poner en práctica dicha protección y garantizar que funcione eficazmente en la práctica. En particular, los clientes no deben perder el acceso a sus fondos y, por lo tanto, los servicios deben ser restaurables o reemplazables rápidamente, preferiblemente en unas horas. Pero la puesta en práctica del seguro de depósitos de dinero electrónico no se ha probado hasta ahora, al menos en términos prácticos. Se deben considerar cuidadosamente los costos y beneficios de extender la cobertura del seguro de depósitos de manera efectiva al dinero electrónico.

Como ocurre con muchos problemas en la esfera de las fintech, las mejores prácticas todavía están tomando forma, lo que hace que las decisiones de políticas sean un desafío. Sin embargo, la pandemia solo ha aumentado la importancia de marcos de dinero electrónico prudentes, ya que el número de transacciones en línea y el crecimiento del dinero electrónico se han acelerado. Para los reguladores y supervisores, ahora es el momento de actuar.