Los consejeros representantes de la abogacía rechazaron esta posibilidad y alertaron sobre las demoras en las causas y las dificultades económicas que atraviesan los matriculados.
La posible paralización –total o parcial- de la actividad judicial dividió a los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación. Los representantes del estamento de los abogados manifestaron su preocupación y afirmaron: «La imposición de una nueva feria judicial no haría más que agravar el actual estado de situación con un profundo menoscabo de los derechos constitucionales de los ciudadanos en general y de los profesionales del derecho en particular”.
En concreto, los consejeros Diego Marias y Carlos Matterson enviaron una nota al presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, rechazando el pedido del juez Alberto Lugones, quien planteó la necesidad de volver a la feria judicial “por razones de salud”, tal como sucedió hace apenas un año cuando la Corte Suprema decretó la feria por la emergencia sanitaria.
La propuesta de Lugones causó gran malestar entre los profesionales de la matrícula, ya que la adopción de medidas que restrinjan o disminuyan la prestación del servicio causaría una grave “afección de los ingresos familiares de miles de abogados y abogadas” de todo el país, según argumentaron. La profesión es una de las más afectada por la pandemia y consideran «inviable» soportar una nueva feria.
Marias y Matterson destacaron, asimismo, los avances tecnológicos que se dieron en el último año y que permitieron que una parte sustancial del trabajo que se realizaba en forma presencial “pudiere realizarse a través de medios telemáticos, reduciendo significativamente la concurrencia a los tribunales”, lo que previene los contagios por coronavirus.
Desde el gremio de los judiciales ya solicitaron a la Corte Suprema que se establezca un “estricto sistema de guardias mínimas y restringir toda otra presencialidad, especificando concretamente e número total de personas –cualquiera sea su jerarquía laboral- que puede concurrir a cada dependencia”.
“Dicho esquema de trabajo ha permitido garantizar la prestación del servicio de justicia, aunque con las limitaciones derivadas del contexto sanitario causando notarios perjuicios particularmente a los justiciables y a los integrantes del estamento que representamos, toda vez que aquellas limitaciones implican importantes retrasos en la resolución de causas judiciales o, incluso, la paralización total de las mismas”, señalaron.
Como alternativa, los consejeros propusieron llevar adelante una convocatoria para recabar opiniones y propuestas de todos los actores involucrados e instaron a continuar profundizando los esfuerzos para avanzar en la modernización y digitalización del servicio de justicia.
Desde el gremio de los judiciales ya solicitaron a la Corte Suprema que se establezca un “estricto sistema de guardias mínimas y restringir toda otra presencialidad, especificando concretamente e número total de personas –cualquiera sea su jerarquía laboral- que puede concurrir a cada dependencia”.
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