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Dentro de rumores de cambios en la conformación de los puertos bonaerenses, por parte del gobierno de Axel Kicillof, el Consorcio local cumple 26 años de existencia.

En esos años de privatización salvaje de lo estatal, varios senadores bonaerenses encabezados por Dámaso Larraburu, crearon la figura del Consorcio.

Fue la manera de evitar la venta de los puertos bonaerenses a empresarios ávidos de apropiarse de ellos.

En el caso de Puerto Quequén, quienes estaban interesados en comprarlo era las empresas de Roggio y Macri.

La participación de las empresas, los sindicatos y los municipios, junto con la provincia, le dió mayor transparecia a los manejos que se realizaban en un sector inmerso en las comunidades.

Con el paso del tiempo, las inversiones fueron generándose desde el sector privado, con menos incidencia de los gobiernos provinciales.

Aunque la designación del Presidente del Consorcio fue siempre un resorte del gobernador, la conformación del directorio fue decidida por los sectores representados.

Hoy, la realidad política encuentra al Consorcio sin Presidente designado, y con una ley en ciernes que intenta cambiar la administración y volverla más provincial.

Aducen los autores de la nueva ley de puertos que los Consorcios no tienen ningún tipo de controles y que no disponen los gobiernos provincial y municipal control alguno.

Más allá de estos avatares actuales, los Consorcios impidieron que se privatizaran las terminales portuarias que hubiera significado la périda del control total de un ingreso fundamental de capitales para el país.