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Oscar Gollnitz

Por Oscar Gollnitz

Algunas situaciones vividas hace muy pocas horas en el ámbito de la Justicia sirvió para contar con un nuevo elemento y entender por qué estamos como estamos.

En el término de no más de dos días fui requerido por un fiscal y el titular de la Cámara Penal de la Justicia Federal. En ambos casos el interés de los magistrados estuvo centrado en dar respuesta a la denuncia del abogado Julio Razona, defensor de la señora Lidia Ruete, sospechada del delito de contrabando en nuestra ciudad.

Aparentemente se intenta establecer si existió fuga de información desde el Juzgado Federal de Necochea en el marco del procedimiento que se realizó en el edificio Keops, el 14 de agosto pasado, donde se produjo un importante secuestro de prendas de vestir y perfumes del interior del departamento de la señora Ruete.

Curiosamente nada se conoce sobre la continuidad de esta causa. La última información fue el procedimiento y posterior secuestro de mercaderías, pero sobre el resultado de las pericias, el origen del secuestro, si existió o no documentación que deje en una situación más cómoda a la mujer involucrada, existe gran mutismo.

En cambio la Justicia libró al menos dos oficios -a mi nombre-, dando lugar a la denuncia que formuló el doctor Razona. El abogado exigió saber si algún funcionario del Juzgado fue el encargado de brindar la información del hecho en el momento en el que se produjo el allanamiento. Y fue más allá todavía: No dudó en pedir información confidencial. Lo lamentable de todo esto es que la Justicia accedió a la solicitud, rayando, o tal vez ingresando en una clara violación a esa declaración reservada.

Esta denuncia motivó la puesta en marcha de los engranajes de la Justicia. Jueces y funcionarios estuvieron abocados a tomar declaración testimonial. Toda esta movida se postergó por varios días bajo la sospecha de “filtración de información”. En cambio a mi me queda el sabor de ser parte del chivo expiatorio de una maniobra de dilación de la verdadera causa, la de contrabando. Es más, ¿qué pasará si se establece que la información del allanamiento surgió del Juzgado? Seguramente el abogado pedirá la anulación de lo actuado, y aunque se pruebe el delito investigado, no existirán condenados. Esta es una maniobra burocrática, denominada “chicana jurídica”, muy utilizada por abogados que se especializan en aprovechar al máximo los baches jurídicos existentes, y que los legisladores nunca se preocuparon por reparar.

Así como la duda favorece al reo, pido que a mi me permitan ejercer el derecho de la sospecha ante este tipo de escenarios, que seguramente jamás podré probar en papeles pese a que todos asientan silenciosamente. Yo soy testigo.