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Material enviado por el Lic. Jorge Mancuso

Finalmente, la extensión de las asignaciones familiares se instrumentó focalizando los beneficios entre los hogares de menores recursos. Resulta muy cuestionable haberlo hecho modificando una ley por decreto y usando recursos de los futuros jubilados. De todas formas, frente a la alternativa de dilapidar fondos públicos para subsidiar empresas públicas y privadas, priorizar a los pobres es un cambio positivo. En los pasos siguientes es imprescindible perfeccionar la iniciativa porque de lo contrario los recursos se pueden terminar diluyendo entre hogares no pobres.

2009-11-01 Informe Nacional

La idea de establecer una transferencia universal por hijo venía siendo intensamente demandada por las diferentes fuerzas de la oposición y sectores de la sociedad civil. Finalmente, el gobierno impuso un esquema sin debate legislativo y estableciendo que la extensión de la cobertura se realizará focalizando en los hogares de menores recursos. Se trata de una de las principales diferencias con otras iniciativas que promovían que todos los niños, independientemente del nivel de ingreso de su hogar, tengan derecho a la asignación.

El decreto fija, de manera muy rudimentaria e imperfecta, los criterios que deberá seguir la ANSES para focalizar la transferencia en los hogares más humildes. Señala que la cobertura alcanzará a los menores de 18 que no tengan otra asignación familiar y que pertenezcan a grupos familiares de desocupados o que tengan un trabajo informal con remuneraciones inferiores al salario mínimo ($1.240). Por las manipulaciones en el INDEC no se cuenta con información actualizada, pero con datos del 2º semestre del 2006 se puede observar que:

  • En los grandes aglomerados urbanos había 7,2 millones de hogares, de los cuales 3,2 millones tenían a su cargo al menos 1 menor de 18 años.
  • De estos 3,2 millones de hogares, habían aproximadamente 1,8 millones de hogares que no recibían asignaciones familiares porque no había entre sus miembros un asalariado registrado.
  • De estos 1,8 millones de hogares que no recibían asignaciones familiares, había aproximadamente 996 mil (56%) que no eran hogares pobres.

Los datos señalan que hay aproximadamente un millón de hogares que no reciben asignaciones familiares porque no tienen un miembro con empleo asalariado formal, y no son pobres. Estas familias logran ingresos superiores a la línea de pobreza fundamentalmente a través del trabajo “en negro”, el cuentapropismo o de rentas de sus miembros. En este sentido, haber optado por un criterio focalizado, en lugar de la universalización, permitirá evitar que más de la mitad de los fondos públicos vayan en beneficio de estos hogares de ingresos medios.

Esto también alerta sobre el gran desafío que implica instrumentar el proyecto. La focalización obliga a desplegar un complejo proceso de evaluación de cientos de miles de hogares a los fines de determinar su situación socioeconómica. En esta dirección cabe señalar que, lamentablemente, el decreto adolece de fuertes debilidades técnicas. En lugar de adoptar una regla arbitraria e imposible de verificar (percibir menos de un salario mínimo como empleado informal), hay que avanzar hacia esquemas más imaginativos y rigurosos de evaluación de la situación socioeconómica de las familias. Para ello se cuenta con la posibilidad de realizar cruces de bases de datos para aproximar la riqueza y los consumos de las familias y en función de ello detectar con mayor objetividad su situación.

Destinar $10.000 millones a favor de las familias más humildes constituye un salto cualitativo de envergadura frente a otras estrategias de política publica que se vinieron aplicando hasta el presente como, por ejemplo, los $2.200 millones de subsidios que se asignaron a Aerolíneas Argentinas desde su estatización o los $12.000 millones de subsidios que se van a asignar a todo el sector de transporte en el 2009. Además, la focalización implica un saludable cambio de estrategia en relación al “Plan de Inclusión Previsional”. Hay que señalar que a través de esta iniciativa no focalizada se han distribuido indiscriminadamente más de 2 millones de jubilaciones, comprometiendo unos $20 mil millones anuales, que en la mayoría de los casos son apropiados por familias de ingresos medios y altos.

Sin perjuicio de los puntos positivos, la estrategia de instrumentar la reforma por medio de un decreto que modifica leyes desnuda una gran debilidad institucional. Aun en temas que gozan de amplio consenso, el sistema político cae en la confrontación y la descalificación, en lugar del diálogo y la construcción de políticas de estado en base a acuerdos. Asimismo, es muy censurable la utilización de los ahorros previsionales para este fin. Aunque el desvío de los fondos era previsible cuando se estatizó el régimen de capitalización, cabe enfatizar que a la acumulación de juicios por incumplimiento con los actuales jubilados se agrega esta medida que consume los recursos de los futuros jubilados.