Por unanimidad, los ministros del Máximo Tribunal ordenaron que se restituya al ex procurador de Santa Cruz a su cargo. Eduardo Sosa fue removido en 1995, cuando Kirchner era gobernador, por una ley provincial que desdobló su cargo. Los jueces de la Corte, que ya se habían pronunciado en 1998, 2000 y 2001, reclamaron la “efectiva reposición” so pena de dar intervención a la justicia penal. Fallo completo.
En un fallo unánime, la Corte Suprema de Justicia ordenó la “efectiva reposición” del ex procurador ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz Eduardo Sosa a su cargo. Sosa fue removido en 1995, a instancias de una ley provincial que desdobló su cargo en dos: por un lado, creó la figura del Defensor de Pobres y por el otro, la de Agente Fiscal. Sosa deberá volver a ese puesto en menos de 30 días.
La Corte ya había ordenado en tres oportunidades la restitución de Sosa, en 1998, 2000 y 2001. Sin embargo, fuentes cercanas al Máximo Tribunal indicaron que la novedad de este fallo es que se le ordena al gobernador de la provincia, el kirchnerista Daniel Peralta, en su calidad de agente federal, que restituya a Sosa.
“Dicha reposición deberá ser llevada a cabo por el Gobernador de la Provincia de Santa Cruz. Ello es así, en primer lugar, por ser éste quien ejerce el poder de representar a la provincia y, en segundo lugar, porque según el artículo 128 de la Constitución Nacional los gobernadores son, a su vez, ‘agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación’”, indicaron los ministros del Máximo Tribunal.
Y añadieron: “Corresponde intimar al señor Gobernador de la Provincia de Santa Cruz a que lleve a cabo la reposición de Sosa en el cargo de Agente Fiscal, dentro del plazo de 30 días de notificada esta sentencia, bajo apercibimiento de dar intervención a la justicia penal para que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública”.
La resolución fue suscripta por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay. El ministro Enrique Petracchi no se pronunció, pues consideró desde la primera presentación del ex procurador que el tema Sosa “no era competencia de la Corte”.
Allegados al Máximo Tribunal indicaron que con los fallos anteriores de la Corte, el TSJ de Santa Cruz había argumentado que Sosa no podía volver a su puesto, porque debido al desdoblamiento, esas resoluciones eran “de cumplimiento imposible”. Distinto es el caso del fallo de este miércoles, que ordena restituir a Sosa al cargo de Agente Fiscal.
A Sosa le habían ofrecido una indemnización de más de un millón de pesos, pero se negó a aceptarla y siguió con la querella. El ex procurador de Santa Cruz inició los trámites para su jubilación pero aclaró que si era restituido en su cargo, la rechazaría. (Dju)
SOSA EDUARDO EMILIO C/ PROVINCIA DE SANTA
CRUZ.
(RECURSO DE HECHO)
S.C., S. 2083, L. XLI.
Procuración General de la Nación
-1-
S u p r e m a C o r t e :
– I –
Por sentencia del 2 de octubre de 2001, la Corte
Suprema revocó parcialmente la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, por considerar que
ésta desconocía una decisión anterior que V.E. había dictado
en esta causa (Fallos: 324:3322).
Asimismo, en ejercicio de las facultades que le
confiere el art. 16, segunda parte, de la ley 48, V.E. completó
el pronunciamiento impugnado y dispuso la reposición del
demandante, doctor Eduardo Emilio Sosa, en el cargo de
Procurador General de la Corte local, con las funciones que
ejercía antes de la sanción de la ley provincial 2404. En
consecuencia, al hacer lugar a la queja y al recurso
extraordinario que había planteado el actor, condenó a la
demandada a restituirlo en el cargo mencionado.
– II –
Devueltas las actuaciones a la sede de origen, el
actor inició un proceso de ejecución en el que solicitó su
restitución al cargo y la Fiscalía de Estado provincial se opuso
a ello, alegando que acceder a esa petición configuraría una
grave afectación del orden público en lo que se refiere a la
división de poderes, en concreto porque el mecanismo de
designación de magistrados requiere de la intervención de los
poderes Ejecutivo y Legislativo; en que existe un impedimento
legal para cumplir la sentencia, cual es que la ley local 2404
no fue declarada inconstitucional en cuanto a la validez y
subsistencia de los cargos de Agente Fiscal y Defensor de Pobres,
Ausentes e Incapaces del tribunal local y porque, de admitirse
la reposición que pretende el actor, se vería afectada la
-2-
organización del Poder Judicial consagrada en la ley 1, texto
conforme a la ley 1600 y sus modificaciones. Asimismo, solicitó
que se sustituya la sentencia de ejecución por una indemnización
que compensara los perjuicios del doctor Sosa, con fundamento
en los arts. 99 y 100 de la ley local 2600 (fs. 8/11 y 29/35,
respectivamente, del expediente Nº S-413/02, del registro del
tribunal provincial).
Por resolución del 21 de abril de 2005, el Tribunal
Superior de Justicia local, por mayoría, dispuso hacer lugar
al pedido de sustitución de ejecución de sentencia propuesto
por la Fiscalía de Estado y fijó una indemnización por los daños
y perjuicios a favor del actor, comprensiva de todos los reclamos
que éste formuló, por la suma de $ 1.216.182,16, que ordenó
abonar en el plazo que también estableció (v. fs. 135/151 del
expediente recién citado).
Disconforme con esta decisión, el actor dedujo recurso
extraordinario, cuya denegación dio origen a esta queja
que trae nuevamente el asunto a conocimiento del Tribunal.
Sostiene, en sustancial síntesis, que la sentencia
impugnada configura una cuestión federal compleja directa, en
tanto subsiste la aplicación y eficacia del art. 9º de la ley
local 2404, pese a que se argumentó en varias oportunidades
durante la sustanciación de la causa que tal situación no se
compadece con los preceptos de la Constitución Nacional.
Asimismo, señala que, al dictar la resolución que
ahora se cuestiona, el Tribunal Superior de Justicia provincial
no acató lo resuelto por la Corte Suprema en las sentencias
del 30 de junio de 1998, 11 de abril de 2000 y muy especialmente
en la del 2 de octubre de 2001, y desconoció abiertamente el
preciso mandato que surge de ellas, que no es otro que su
reposición en el cargo de Procurador General ante el tribunal
provincial.
SOSA EDUARDO EMILIO C/ PROVINCIA DE SANTA
CRUZ.
(RECURSO DE HECHO)
S.C., S. 2083, L. XLI.
Procuración General de la Nación
-3-
También imputa arbitrariedad a la decisión, por
estimar que contiene gruesos y graves errores de razonamiento.
Afirma que el caso reviste gravedad institucional y solicita
que V.E. adopte las medidas conducentes para hacer efectiva
su reposición en el cargo.
Surge del trámite de la queja que numerosas instituciones
hicieron presentaciones en carácter de amici curiae,
así como que luego de distintas incidencias, se decidió conferir
vista a este Ministerio Público.
– III –
Ante todo, cabe señalar que, con arreglo a lo previsto
en el art. 14 de la ley 48, siempre que esté en tela de juicio
la inteligencia de un pronunciamiento del Tribunal dictado en
la misma causa, en que el recurrente funda el derecho que estima
asistirle, se configura una hipótesis que hace formalmente
viable el recurso extraordinario (doctrina de Fallos: 306:1195;
312:396; 324:3411; entre muchos otros), tal como sucede en el
sub discussio. Aunque la procedencia sustancial de dicho recurso
está supeditada a que la resolución impugnada consagre un
inequívoco apartamiento de lo dispuesto por la Corte (Fallos:
321:2114; 323:3068 y sus citas; 325:3389).
Con tal comprensión, cabe poner de resalto que son
los integrantes de la Corte los que se encuentran en mejores
condiciones para desentrañar el alcance de sus propios fallos,
especialmente en situaciones como la de autos, donde la
Procuración General no intervino en forma previa al dictado
de la sentencia publicada en Fallos: 324:3322, ni en ninguna
de las numerosas oportunidades en que la causa llegó a conocimiento
del Tribunal antes de ese pronunciamiento (conf.
dictámenes del Ministerio Público en los casos de Fallos:
324:3411; 325:2835; 327:4994, entre otras).
-4-
En tales términos, doy por contestada la vista que
se confiere a este Ministerio Público y devuelvo los autos al
Tribunal.
Buenos Aires, 27 de Julio de 2009.
ES COPIA ESTEBAN RIGHI
S. 2083. XLI
RECURSO DE HECHO
Sosa, Eduardo Emilio c/ Provincia de Santa
Cruz.
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Buenos Aires, 20 de octubre de 2009
Vistos los autos: «Recurso de hecho deducido por la actora
en la causa Sosa, Eduardo Emilio c/ Provincia de Santa Cruz»,
para decidir sobre su procedencia.
Considerando:
1°) Que el Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia de Santa Cruz hizo lugar parcialmente a la demanda
promovida por el ex Procurador General ante dicho cuerpo y,
en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del artículo
9°, segundo párrafo, de la ley 2404. Para fundar esta conclusión,
sostuvo que el texto legal impugnado desconocía el artículo
129 de la Constitución provincial, pues al imponer al superior
tribunal la obligación de declarar que no subsistía el cargo
que ocupaba el demandante con anterioridad a la ley, se estaba
separando al Procurador General de sus funciones en apartamiento
del procedimiento reglado por la ley superior local,
desconociendo la estabilidad que ésta le garantiza (sentencia
del 29 de abril de 1997; fs. 229/243).
2°) Que contra dicho pronunciamiento el actor dedujo
un recurso extraordinario que esta Corte declaró parcialmente
procedente, pues consideró que el tribunal a quo había incurrido
en una apreciación arbitraria de las cuestiones comprendidas
en la litis, deficiencia que llevó a prescindir del examen de
su petición de que se ordenara su reposición en el cargo, máxime
cuando ese pedido era una consecuencia lógica de la
inconstitucionalidad decretada; todo lo cual justificaba la
necesidad de que el tribunal de origen completase la decisión
sobre el punto (sentencia del 30 de junio de 1998; fs. 343/344).
3°) Que frente al tiempo transcurrido sin que se
hubiera cumplido con lo ordenado, el demandante se presentó
directamente ante esta Corte invocando la existencia de un
-6-
supuesto de denegación de justicia, petición que el Tribunal,
tras considerar que la demora en que se estaba incurriendo
afectaba las garantías constitucionales del peticionario,
declaró procedente y dispuso que debía dictarse pronunciamiento
en la causa sin dilación alguna (resolución del 11 de abril
de 2000; conf. copia que obra a fs. 523/525).
El superior tribunal provincial resolvió limitar su
decisión a la declaración de inconstitucionalidad de la norma
impugnada y, por ende, no hizo lugar a la reincorporación
peticionada (sentencia del 26 de julio de 2000; fs. 542/559).
4°) Que este Tribunal declaró procedente el recurso
extraordinario deducido por el actor respecto de la decisión
mencionada, pues consideró que el a quo había incurrido en un
palmario apartamiento de lo dispuesto por la Corte en su anterior
pronunciamiento, cuyo acatamiento era obligatorio ya que se
trataba de aplicar lo resuelto en y para estos autos. Además,
en uso de las facultades previstas en el artículo 16, segunda
parte, de la ley 48, dispuso la reposición del demandante en
el cargo de Procurador General, con las funciones que ejercía
antes de la sanción de la ley 2404, fijando el plazo de treinta
días para cumplir con la condena impuesta. Por último, se ordenó
al tribunal a quo que se pronunciara sobre la situación de las
personas designadas en los cargos de agente fiscal y defensor
(sentencia del 2 de octubre de 2001; fs. 722/724).
5°) Que, posteriormente, esta Corte desestimó un
pedido del actor para que se adoptaran los recaudos conducentes
para imponer el acatamiento de la sentencia dictada por
considerar que no había solicitado ante el tribunal de la causa
ninguna medida concreta de ejecución del pronunciamiento.
6°) Que, en una nueva intervención, el superior
tribunal local decidió hacer lugar al pedido de sustitución
de ejecución de sentencia propuesto por la Fiscalía de Estado,
S. 2083. XLI
RECURSO DE HECHO
Sosa, Eduardo Emilio c/ Provincia de Santa
Cruz.
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en los términos de los arts. 99, 100 y concordantes de la ley
2600, y, en consecuencia, desechó la restitución del actor en
el cargo y fijó en su favor una indemnización por daños y
perjuicios de $ 1.216.182,16.
7°) Que los agravios del apelante suscitan cuestión
federal bastante para su examen por la vía intentada, pues está
en tela de juicio la interpretación de una sentencia de esta
Corte en la que el recurrente funda un derecho que estima
asistirle y ha mediado un palmario desconocimiento de lo
dispuesto por el Tribunal (Fallos: 316:180).
8°) Que es menester recordar que la supremacía de la
Corte, cuando ejerce la jurisdicción que la Constitución y las
leyes le confieren, impone a todos los tribunales, nacionales
y provinciales, la obligación de respetar y acatar sus
decisiones (Fallos: 270:335). En razón de ello, se ha señalado
que las autoridades de una provincia (entre las que se encuentran
los jueces locales) no pueden trabar o turbar en forma alguna
la acción de los jueces que forman parte del Poder Judicial
de la Nación y el deber de acatamiento que sobre ellas pesa
adquiere mayor significación cuando se trata de
pronunciamientos de la Corte, que es suprema en el ejercicio
de su competencia y cuyas decisiones son de cumplimiento
inexcusable, sin que a ninguna autoridad provincial le esté
permitido desconocerlas (Fallos: 327:5106 y 328:175).
9°) Que la nueva decisión del Tribunal Superior de
Justicia de la Provincia de Santa Cruz, que rechaza la ejecución
de la sentencia tal como fue requerida por el actor y la sustituye
por una suma de dinero, se aparta manifiestamente de las claras
y precisas directivas emanadas de esta Corte en las distintas
y reiteradas intervenciones que le cupo en la causa. Además,
violenta las razones que el propio Tribunal Superior de Justicia
de la Provincia de Santa Cruz esgrimió para declarar la
-8-
inconstitucionalidad del artículo 9°, segundo párrafo, de la
ley 2404. En esa oportunidad, se hizo hincapié en la
trascendencia institucional de la cuestión debatida en autos,
en que la norma impugnada desconocía la garantía de la
estabilidad judicial del actor consagrada en una disposición
superior, de rango constitucional, y se destacó —en uno de los
votos concurrentes— que no sólo afectaba derechos subjetivos,
susceptibles de ser reparados patrimonialmente, sino que
agredía el funcionamiento de las instituciones republicanas
de la provincia, al desconocer que la garantía de estabilidad
de jueces y funcionarios de los ministerios públicos era
esencial para preservar la independencia del Poder Judicial.
10) Que lo expuesto en la sentencia mencionada en
último término pone de manifiesto que en el sub lite se consideró
que las consecuencias derivadas de la aplicación de normas y
actos que comprometen seriamente el normal desenvolvimiento
de instituciones fundamentales de la provincia no pueden ser
reparadas mediante una indemnización sino que requieren, en
la medida en que resulte posible, el restablecimiento del orden
por ellas afectado. En razón de ello, la sustitución dispuesta
por el a quo no sólo incumple las decisiones adoptadas por esta
Corte en ejercicio de su jurisdicción sino que, además,
desconoce los fundamentos en que se sustentó el fallo cuya
ejecución se pretende.
11) Que la presentación del Fiscal de Estado que
informa la concesión del beneficio jubilatorio oportunamente
solicitado debe ser desestimada, en tanto éste fue requerido
por el actor con expresa reserva del reclamo formulado acerca
de su restitución (fs. 355). Por lo demás, de la normativa local
invocada por la demandada en su presentación no se desprende
que la mera concesión del beneficio traiga aparejada la
imposibilidad de ejercer actividades en el estado provincial
S. 2083. XLI
RECURSO DE HECHO
Sosa, Eduardo Emilio c/ Provincia de Santa
Cruz.
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sino que tan solo consagra la incompatibilidad «del goce de
un beneficio jubilatorio con el desempeño de actividades en
el Estado Provincial, en sus Tres Poderes, Municipalidades o
Comisiones de Fomento de la Provincia» (artículo 112, inciso
b, de la ley 1782).
12) Que, en razón de lo expuesto, y con el objeto
de poner fin de manera definitiva a la controversia en examen,
corresponde efectuar algunas aclaraciones acerca de la forma
en que deberá ser ejecutada la decisión.
13) Que la sentencia que acogió la demanda declaró
la inconstitucionalidad del artículo 9°, segundo párrafo, de
la ley 2404 pues en él se dispuso el cese del actor pese a que
su competencia no se suprimió sino que tan solo se dividió o
desdobló. No obstante, no se consideró, de por sí, inconstitucional
tal desdoblamiento. Por el contrario, se admitió
que ningún agravio constitucional se habría ocasionado al
demandante si se le hubiera asignado uno de los dos cargos en
los que se habían distribuido sus competencias originales, pues
esa había sido la práctica habitual en el ámbito local, en
situaciones sustancialmente análogas. Así también lo entendió
el propio Sosa, quien solicitó, en varias oportunidades, su
reincorporación en uno de esos nuevos cargos, el de Agente Fiscal
(confr. fs. 4 vta., 7 y 271/272 de los autos principales).
14) Que la función deferida por la Constitución a
la Corte de ser una de las Autoridades del Gobierno Federal
en su condición de titular del Poder Judicial de la Nación,
le impone asumir delicadas responsabilidades institucionales,
cuyo ejercicio exige —con marcado énfasis— el deber indeclinable
de sopesar con un grado sumo de prudencia las consecuencias
individuales, sociales y económicas que generan sus decisiones
(Fallos: 320:495).
15) Que, en ese orden de ideas, se advierte que la
-10-
restitución del demandante en el cargo que desempeñaba antes
de la sanción de la ley 2404 no sólo resultaría de muy difícil
cumplimiento sino que, además, desbarataría el nuevo esquema
diseñado por el legislador para el Ministerio Público
provincial, cuya inconstitucionalidad no ha sido declarada en
autos.
16) Que, por ello, los pronunciamientos precedentes
del Tribunal no deben ser entendidos como orientados a mantener
o reponer un régimen superado por la legislación local sino
a ratificar la garantía de inamovilidad del actor y,
simultáneamente, a asegurar el mantenimiento del sistema republicano
de gobierno en el ámbito local, de acuerdo con las
disposiciones del artículo 5° de la Constitución Nacional.
17) Que, como consecuencia de lo expuesto, el demandante
Eduardo Emilio Sosa deberá ser repuesto en el cargo
de Agente Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia de Santa Cruz. Por su parte, los jueces de la causa
deberán pronunciarse sobre la situación de la persona que
estuviese desempeñándose en dicho cargo, teniendo en cuenta
que a los fines del cumplimiento de esta sentencia no será
oponible la estabilidad o inamovilidad que pudiera invocar quien
se desempeñe actualmente como Agente Fiscal.
18) Que en atención a la persistente y reiterada
reticencia por parte de las autoridades provinciales para
disponer la reincorporación del actor —no obstante que ello
fue ordenado por esta Corte el 2 de octubre de 2001— en el cargo,
cabe intimar a la provincia a que cumpla las decisiones recaídas
en este proceso y, en consecuencia, haga efectiva la reposición
de Sosa (Fallos: 327:5106).
19) Que dicha reposición deberá ser llevada a cabo
por el Gobernador de la Provincia de Santa Cruz. Ello es así,
en primer lugar, por ser éste quien ejerce el poder de
S. 2083. XLI
RECURSO DE HECHO
Sosa, Eduardo Emilio c/ Provincia de Santa
Cruz.
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representar a la provincia (Fallos: 100:65; 307:2249; 317:534
y 329:4789), y, en segundo lugar, porque según el artículo 128
de la Constitución Nacional los gobernadores son, a su vez,
«agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la
Constitución y las leyes de la Nación».
En su mérito, corresponde intimar al señor Gobernador
de la Provincia de Santa Cruz a que lleve a cabo la reposición
de Sosa en el cargo de Agente Fiscal, dentro del plazo de 30
días de notificada esta sentencia, bajo apercibimiento de dar
intervención a la justicia penal para que se investigue la
posible comisión de un delito de acción pública (Fallos:
326:4203).
Por ello, habiendo dictaminado el señor Procurador
General, se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario,
y se revoca el pronunciamiento de fs. 135/151. Se impone al
señor Gobernador de la Provincia de Santa Cruz la carga de
reponer a Eduardo Emilio Sosa en el cargo de Agente Fiscal ante
el Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, dentro de
los 30 días de que se le notifique esta sentencia, bajo
apercibimiento de dar intervención a la justicia penal para
que investigue la eventual comisión de un delito de acción
pública. A tal fin líbrese oficio al juez a cargo del
-//-
-//- Juzgado Federal de Río Gallegos encomendándole la notificación
de esta sentencia —por intermedio del secretario que
corresponda— en la persona del señor Gobernador de la provincia.
Agréguese la queja al principal. Notifíquese a las partes y,
-12-
oportunamente, devuélvanse los autos. RICARDO LUIS LORENZETTI
– ELENA I. HIGHTON de NOLASCO – CARLOS S. FAYT – JUAN CARLOS
MAQUEDA – E. RAUL ZAFFARONI – CARMEN M. ARGIBAY.
ES COPIA
Recurso de hecho deducido por Eduardo Emilio Sosa, patrocinado por los Dres. Daniel
Alberto Sabsay y Sebastián Neimark.
Tribunal de origen: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz.
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