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Así lo acordó el procurador general Esteban Righi con el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que brindarán asistencia en causas de delitos de corrupción y económicos. Las partes reconocieron que hay un “altísimo nivel de mora judicial de las investigaciones” de esos hechos que se ve en “el magro nivel de condenas”.

El procurador general de la Nación, Esteban Righi, firmó este martes dos convenios para que ONGs colaboren con los fiscales nacionales y federales en las causas en las que se investigan delitos de corrupción y económicos. En uno de los acuerdos, las partes reconocieron “el altísimo nivel de mora judicial de las investigaciones” en esta clase de hechos y “el magro nivel de condenas dictadas por estos delitos”.

Los convenios fueron suscriptos por Righi con el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) para que trabajen en conjunto con la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública, a cargo de la fiscal federal Sabrina Namer.

La Procuración y ACIJ acordaron “incrementar o generar conocimiento público sobre los estándares y prácticas relativas a la investigación de posibles hechos de corrupción” y la ONG dará a los fiscales capacitación y asistencia que “contribuya en sus actividades relativas a la investigación penal y remover obstáculos que limitan el progreso y la eficacia de las investigaciones de posibles hechos de corrupción”.

También el convenio regula la realización de estudios de diagnóstico y documentos de análisis, la formulación de propuestas y recomendaciones, el establecimiento de redes de cooperación y provisión de asistencia académica y técnica y la realización de cursos y talleres.

En el mismo sentido acordaron trabajar la Procuración y el CIPCE: intercambiarán información a través de material bibliográfico, bancos de datos y otros que resulten de mutuo interés; elaborarán programas de monitoreo y seguimiento permanente del estado procesal de las causas de corrupción y delitos económicos en trámite; realizarán estudios de cuantificación del perjuicio ocasionado a las arcas públicas por casos de corrupción; y también elaborarán bases de datos complejas para el entrecruzamiento de información y reconstrucción de redes criminales funcionales a la corrupción y el delito económico.

Ambas instituciones acordaron que el trabajo en conjunto buscará “el mejoramiento de los niveles de desempeño del Ministerio Público en la investigación y persecución de delitos vinculados a la corrupción y la criminalidad económica, con especial interés en todo lo referente al desarrollo de programas de fortalecimiento de las capacidades de investigación financiera de delitos y la recuperación de activos de origen ilícito”.

En ese convenio, Righi y Alberto Binder, miembro del Comité Directivo del CIPCE, reconocieron que “la persecución de los delitos de corrupción y criminalidad económica por parte de los actores del sistema de justicia no logró resultados exitosos en los últimos años, situación evidenciada en el altísimo nivel de mora judicial de las investigaciones en curso y el magro nivel de condenas dictadas por estos delitos”.

Las partes agregaron que también hay un “elevado perjuicio económico producido por la corrupción” que golpea los derechos humanos de las personas por lo que “se necesitan mayores esfuerzos institucionales para el desarrollo de acciones tendientes a reparar el daño social causado”.

“El desempeño del sistema tampoco logró resultados favorables en materia de embargos y decomiso de bienes en los casos de condenas dictadas”, concluyeron. (Dju)

ACUERDO DE COOPERACION ENTRE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN Y EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA (CIPCE)

Entre la Procuración General de la Nación, en adelante “La Procuración”, con domicilio en la calle

Guido 1577 de esta ciudad, representada por el señor Procurador General Dr. Esteban Righi  y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, en adelante  “CIPCE”, representado por el Dr. Alberto Binder, miembro del Comité Directivo, se conviene en celebrar el presente convenio de cooperación marco, regido por las cláusulas siguientes:

CONSIDERANDO, que la Procuración General de la Nación es una institución del sistema de justicia comprometida con el estado de derecho y las garantías constitucionales, que procura perseguir eficazmente los delitos garantizando la legalidad y procurando niveles de eficacia en el cumplimiento de resultados en los objetivos institucionales propuestos.

CONSIDERANDO que el CIPCE tiene entre sus objetivos participar en el desarrollo de políticas de prevención y persecución de la corrupción y la criminalidad económica, con especial énfasis en la recuperación de activos de origen ilícito, para lo cual realiza esfuerzos y actividades tendientes a fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones de gobierno del sector justicia que poseen competencia en esta materia.

TENIENDO EN CUENTA que la persecución de los delitos de corrupción y criminalidad económica por parte de los actores del sistema de justicia no logró resultados exitosos en los últimos años, situación evidenciada en el altísimo nivel de mora judicial de las investigaciones en curso y el magro nivel de condenas dictadas por estos delitos;

TENIENDO EN CUENTA también el elevado perjuicio económico producido por la corrupción y sus impactos sociales sobre los derechos humanos, así como también que se necesitan mayores esfuerzos   institucionales para el desarrollo de acciones tendientes a reparar el daño social causado;

TENIENDO EN CUENTA que el desempeño del sistema tampoco logró resultados favorables en materia de embargos y decomiso de bienes en los casos de condenas dictadas;

AFIRMANDO por ello, la importancia de coordinar los esfuerzos de ambas Partes para promover y desarrollar políticas públicas orientadas hacia el establecimiento de procesos y protocolos que contribuyan a la recuperación de activos de origen ilícito y su posterior devolución social;

HAN CONVENIDO en suscribir el presente Acuerdo de Cooperación:

PRIMERA: El presente Acuerdo tiene por objeto establecer un marco general de actuación para promover y fortalecer lazos de cooperación entre la PROCURACIÓN y el CIPCE, a efectos de desarrollar programas de trabajo y actividades conjuntas para el mejoramiento de los niveles de desempeño del Ministerio Público en la investigación y persecución de delitos vinculados a la corrupción y la criminalidad económica, con especial interés en todo lo referente al desarrollo de programas de fortalecimiento de las capacidades de investigación financiera de delitos y la recuperación de activos de origen ilícito.

SEGUNDA: La PROCURACIÓN  y el CIPCE desarrollaran de modo conjunto diferentes actividades tendientes a fortalecer los objetivos estratégicos del Ministerio Público en la prevención y control de casos de corrupción y criminalidad económica, buscando integrar las experiencias de trabajo y estudios llevados adelante desde el Ministerio Público y la organización no gubernamental  en torno a la temática específica de la criminalidad económica y la corrupción.

TERCERA: Las diferentes actividades emprendidas con el propósito de cumplir los objetivos asumidos por las partes se concentrarán en los siguientes campos de acción:

1. Asesoramiento técnico en el desarrollo de la oficina de recuperación de activos de origen ilícito;

2. Asesoramiento permanente en el diseño, planificación e implementación de programas de recuperación de activos de origen ilícito;

3.  Colaboración conjunta en el desarrollo de investigaciones sobre aspectos financieros vinculados a casos de corrupción y criminalidad económica;

4. Intercambio regular de información incluyendo material bibliográfico, bancos de datos y otros que resulten de mutuo interés;

5.    Realización conjunta de seminarios, talleres y otros encuentros  de capacitación, así como también otros eventos y conferencias sobre  temas vinculados al desarrollo de políticas criminales asociadas a la prevención y control de corrupción y criminalidad económica;

6.  Elaboración de programas de monitoreo y seguimiento permanente del estado procesal de las causas de corrupción y delitos económicos en trámite.

7.   Asistencia técnica y colaboración con el desarrollo de estudios de cuantificación del perjuicio ocasionado a las arcas públicas por casos de corrupción.

8.  Prestar colaboración para la promoción y/o fortalecimiento de canales de colaboración y relación con los demás órganos de fiscalización e investigación de delitos vinculados a corrupción y criminalidad económica, así como también el poder judicial.

9. Prestar colaboración para la promoción y/o fortalecimiento de canales de colaboración y relación con los organismos internacionales.

10. Elaboración de bases de datos complejas para el entrecruzamiento de información y reconstrucción de redes criminales funcionales a la corrupción y el delito económico.

11. Desarrollo de estudios de investigación sobre tipologías de corrupción y criminalidad económica más usuales con el propósito de ser utilizadas para la elaboración de políticas criminales.

12. Toda otra actividad tendiente al fortalecimiento de los fines y propósitos buscados con la celebración del presente convenio marco de colaboración institucional.

CUARTA: A los fines de planificar, proyectar y dirigir las tareas y actividades desarrolladas a partir de la firma del presente convenio marco de colaboración las partes convienen en designar a Sabrina Namer en representación de la PROCURACION y a Pedro Biscay en representación de CIPCE.

QUINTA: La firma del presente convenio no implica erogaciones financieras directas, sin perjuicio de los acuerdos complementarios que se firmen en este sentido, los que estarán sujetas a las decisiones de sus respectivos órganos competentes, a la disponibilidad de fondos y a las normas referentes a asuntos presupuestarios y financieros.

SEXTA: Los estudios, proyectos, informes y demás documentos que se elaboren en el marco del presente Acuerdo serán propiedad intelectual común de la PROCURACION y el CIPCE. En los trabajos que se publiquen deberá constar que los mismos se originan en el presente Acuerdo.

SEPTIMA: El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su firma por el señor Procurador General y por un miembro del Comité Directivo del CIPCE, permaneciendo vigente en forma indefinida.

OCTAVA: Las modificaciones al presente Acuerdo sólo podrán hacerse de común acuerdo expresado por escrito. Los instrumentos en que consten las modificaciones se agregarán como anexos al presente Acuerdo y pasarán a integrarlo.

NOVENA: El presente Acuerdo podrá darse por terminado por mutuo consentimiento o por cualquiera de las Partes mediante notificación escrita a la otra con una antelación no inferior a sesenta días.  La finalización del presente Acuerdo no afectará las actividades y proyectos que se encuentren en curso y debidamente financiados, salvo que el acuerdo suplementario o intercambio de notas que corresponda disponga lo contrario.

En prueba de conformidad, el señor Procurador General, Dr. Esteban Righi y el Dr. Alberto Binder del CIPCE suscriben el presente Acuerdo de Cooperación, en dos originales igualmente válidos, en la ciudad de BUENOS AIRES, a los 15 días del mes de Septiembre del año 2009.

CONVENIO DE COOPERACIÓN

En la ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Septiembre de 2009, entre la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN, con domicilio constituido en Guido 1577 de esta ciudad (en adelante LA PROCURACIÓN), representada por el Dr. Esteban Righi y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, con domicilio constituido en Avenida de Mayo 1161, piso 5º, Of. 9, de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante A.C.I.J.), representada por su apoderado, Gustavo Daniel Maurino, suscriben el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN

ANTECEDENTES

LA PROCURACIÓN ha creado la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública, a cargo de la Dra. Sabrina Namer, con el objetivo de realizar un seguimiento de las causas en trámite y organizar una base de datos, proponer estrategias de persecución y elaborar protocolos de actuación en la materia, realizar informes sobre el estado de la cuestión en los distintos lugares del país, proponer al Procurador General la realización de las acciones interinstitucionales necesarias a fin de facilitar y agilizar las investigaciones y asesorar al Procurador General para la adopción de medidas institucionales en el ámbito respectivo.

A.C.I.J. es una Asociación Civil sin fines de lucro, apartidaria, comprometida con la misión institucional de contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas y la defensa de los derechos y garantías constitucionales. Entre sus programas de trabajo, realiza iniciativas tendientes a promover la implementación de los mejores estándares y prácticas institucionales en relación con la investigación judicial de hechos de corrupción, de acuerdo con los compromisos constitucionales e internacionales de la República Argentina.

Las partes entienden que la cooperación entre LA PROCURACIÓN y organizaciones de la sociedad civil constituye una herramienta valiosa para realizar acciones de generación e intercambio de conocimiento público, promoción de la reflexión pública y cooperación técnica que contribuyan al  interés público en relación con el desarrollo de las causas en las que se investiga la posible comisión de hechos de corrupción.

Por ello, entre LA PROCURACIÓN y A.C.I.J. acuerdan:

PRIMERO: Llevar adelante iniciativas conjuntas tendientes a fortalecer mediante la participación de sociedad civil la actividad de la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública, incrementar o generar conocimiento público sobre los estándares y prácticas relativas a la investigación de posibles hechos de corrupción, brindar oportunidades y recursos de capacitación y asistencia técnica a miembros de LA PROCURACIÓN que contribuya en sus actividades relativas a la investigación penal y remover obstáculos que limitan el progreso y la eficacia de las investigaciones de posibles hechos de corrupción.

SEGUNDO: Las iniciativas conjuntas serán definidas de común acuerdo entre la responsable de la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública y A.C.I.J. y podrán incluir:

a.- la realización de estudios de diagnóstico y documentos de análisis

b.- la formulación de propuestas y recomendaciones

c.- la organización de actividades de formación como cursos, talleres, seminarios o conferencias

d.- el establecimiento de redes de cooperación y provisión de asistencia académica y técnica

e.- toda otra acción que contribuya a la realización de los fines del presente convenio

TERCERO: Las partes se comprometen a realizar las acciones del presente acuerdo con sus mayores esfuerzos de cooperación y buena fe, asumiendo deberes de información sobre toda circunstancia relevante que pudiera incidir sobre la consecución de los fines previstos.

CUARTO: El presente convenio tendrá vigencia por tiempo indefinido, y podrá ser rescindido de manera unilateral, sin invocación de causa, con un preaviso de 30 días y cuidando de evitar en lo posible, la frustración de acciones en curso.

De común acuerdo, se firman dos ejemplares en el lugar y fecha indicados.