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Material enviado por el Lic. Jorge Mancuso

El fuerte incremento del gasto público se sostiene gracias a que nunca los argentinos han pagado tantos impuestos como en la actualidad. Sin embargo, la distribución del ingreso no mejora y la pobreza crece. Este fracaso social se explica, fundamentalmente, por la masiva fuga de recursos fiscales hacia finalidades muy regresivas. El mejor testimonio son los subsidios a empresas públicas y privadas. El fenómeno está asociado a que la mayor parte del aumento de la recaudación fue apropiado por la Nación, cuando las funciones sociales más estratégicas son responsabilidad de las provincias y los municipios.

A diferencia de lo que ocurre con el INDEC, donde se ha dejado de difundir información muy importante, el Ministerio de Economía mantiene la rutina de estimar y publicar la evolución del gasto público consolidado (Nación, provincias y municipios). Si bien el último dato disponible está relativamente desactualizado, ya que corresponde al año 2007, la información igual sigue siendo útil porque muestra la evolución del gasto público a lo largo del tiempo, según tipo de erogación y jurisdicción que lo ejecuta. Entre otros tipos de análisis, esta información permite cuantificar qué parte de la riqueza generada es absorbida por el sector público y cuáles son las prioridades que prevalecen en su asignación.

Según esta fuente oficial, entre los años 2000 y 2007 el gasto público consolidado, neto de pago de deuda, creció en términos reales aproximadamente un 40%. Las principales finalidades hacia las que se canalizó este aumento del gasto público fueron:

2009-09-13 Informe Nacional

  • El 35% a aumentar el gasto en servicios económicos, básicamente subsidios a empresas públicas y privadas de los cuales el 82% fue ejecutado por la Nación.
  • Un 15% fue aumento del gasto previsional, básicamente las moratorias para personas sin aportes de los cuales el 83% lo ejecutó la Nación.
  • El 50% restante de aumento fue al resto de los gastos sociales (educación, salud, vivienda, asistencia social) y gastos de funcionamiento del Estado de los cuales sólo el 27% fueron ejecutados por la Nación.

Las estadísticas ponen en evidencia que una creciente proporción del ingreso es apropiado por el sector público y que se ha producido un brusco cambio de prioridades. La mitad del aumento del gasto público se dirige a servicios económicos y gasto previsional. Esta orientación se ha acentuado en los últimos meses. Por caso, en el 2008 los subsidios a empresas públicas y privadas casi duplican el nivel del 2007 y en los primeros 6 meses del 2009 ya son un 24% superior a igual periodo del año anterior. Las moratorias previsionales en el 2007 habían generado 1,4 millones de jubilaciones, mientras que en el 2009 superan los 2 millones.

Aunque se trata de erogaciones de naturaleza muy distinta, tienen dos elementos comunes. El primero es que son gastos administrados mayoritariamente por la jurisdicción nacional. El segundo es que no mejoran la distribución del ingreso, ni mucho menos contribuyen a aliviar la pobreza. Gran parte de los subsidios a empresas terminan siendo asignados a sostener burocracia y corrupción, y en el caso que impliquen reducciones de precios para los consumidores son los segmentos medios y altos lo que se apropian de la mayor parte del beneficio (por ejemplo, los pobres no viajan en Aerolíneas, ni cuentan con servicios de gas en red). En el mismo sentido, la distribución indiscriminada de jubilaciones fue, en una elevada proporción, en beneficio de los segmentos medios y altos.

Esta orientación del gasto público está íntimamente asociada a la concentración de fondos públicos en el gobierno nacional. Entre el 2000 y el 2008, la presión impositiva nacional y provincial creció desde el 21,5% al 30,8% del PBI. Más del 90% de los recursos adicionales fueron apropiados por el nivel nacional. Bajo estos parámetros de distribución, en la relativa abundancia de recursos la jurisdicción nacional dispone de financiamiento para sostener estas intervenciones altamente regresivas, mientras que las provincias y municipios no reciben los recursos incrementales del aumento en la presión tributaria pero son los responsables de administrar las finalidades sociales más estratégicas, como educación, salud, vivienda, asistencia social, entre los más importantes.

Está demostrado que el principal factor que explica que los países desarrollados tengan una distribución del ingreso más equilibrada es la orientación del gasto público. Especialmente en Europa, el sector público asigna recursos con la clara prioridad de beneficiar a las familias de más bajos ingresos. La Argentina de los últimos años es el ejemplo inverso. Una creciente presión tributaria se ha destinado a financiar intervenciones altamente regresivas. Bajo estas condiciones, no debería sorprender que, más allá de las manipulaciones de las estadísticas del INDEC, la pobreza alcance niveles masivos.