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Por Carlos Veiga

Desde hace muchos años los farmacéuticos venimos denunciando un circuito ilegal de medicamentos que se evidencia para la población en general en la venta de esos productos en lugares no habilitados sin que se tomen medidas para evitarlo. En este circuito confluyen medicamentos robados por los piratas del asfalto, medicamentos adulterados o falsificados y algunos vencidos cuya fecha de vencimiento se modifica.

Las cifras oficiales concuerdan que aproximadamente el 8 % de los remedios en uso son falsificados, es decir no tienen el debido control de calidad. Algunas veces se lee en las noticias policiales que se produjo la clausura de algún laboratorio clandestino pero esto no es suficiente. Mucha gente no comprende que el consumir medicamentos sin el debido control de calidad pone en riesgo su salud o, lo que es más, su vida.

En los últimos años se puso de moda en los grandes centros urbanos la apertura de droguerías, algunas legales con un profesional a cargo y otras sin estar autorizadas que se transformaron en proveedores directos de las obras sociales, sin intervención de las farmacias habilitadas. Estas droguerías se especializaron en los tratamientos más caros para enfermedades como el cáncer, la hemofilia o el SIDA. Las obras sociales no cubren en forma directa estos tratamientos, sino que lo hacen por intermedio del Ministerio de Salud en un sistema manejado por la Superintendencia de Prestaciones a la que facturan y el estado le paga directamente a las droguerías o a las obras sociales que cancelan la facturación. Hasta aquí un negocio cuestionable por la discrecionalidad de las contrataciones pero aparentemente legal.

La primer denuncia de la Lic. Graciela Ocaña fue contra la Obra Social del Ministerio de Economía porque se probó que las recetas por remedios oncológicos que el estado había pagado de acuerdo a dicha norma eran para pacientes sanos que nunca habían sufrido de cáncer y los troqueles necesarios para la facturación eran falsificados o correspondían a medicamentos vencidos que no habían sido administrados.

Sobreviene, entonces, el triple crimen de Gral. Rodríguez en el que son asesinados tres jóvenes empresarios relacionados con esta metodología y con el tráfico de efedrina, precursor de la metanfetamina, que se exportaba a Méjico. Allí se descubre que los muertos eran aportantes a la campaña presidencia de 2007 y el titular de la Superintendencia y a la vez tesorero de dicha campaña, Héctor Capaccioli, es despedido de su cargo.

El año pasado la ex ministra se opone a la firma de un fideicomiso entre el Banco Provincia y la Asociación Bancaria para la compra en forma directa de los remedios antes mencionados a la Droguería San Javier de propiedad de Néstor Lorenzo, famoso ya por haber sido involucrado en la leche en mal estado que el gobierno de Carlos Menem compró, causa que prescribió porque la justicia no activó el expediente. Un recurso judicial ante la negativa de Ocaña permitió cerrar el negocio y Juan José Zanola contrató con Lorenzo en forma directa.

Pero el tema se complica aún más porque ante denuncias de empleados bancarios el Juez Oyharbide descubre que la Droguería San Javier manejaba medicamentos vencidos, encontrados en el Centro de Oncología de Gonet, adulteraba los envases y los rellenaba y los pacientes no recibían la medicación que el estado abonaba. Dos funcionarios de alto rango del gobierno provincial son despedidos por el Dr. Claudio Zin, Ministro de Salud de la Provincia [Buenos Aires], y se inicia una investigación que tiene su conexión con el Centro de Oncología porque la provincia había nombrado directores luego del retiro del Dr. Mainetti. Además se prueba la relación de Lorenzo con los asesinados en el triple crimen mencionado antes y el aporte de un millón de pesos por parte de sus socios a la campaña del 2007.

Podríamos seguir añadiendo datos pero la nota sería demasiado extensa. Vale la pena reflexionar sobre lo que está ocurriendo. ¿Qué le pasa a nuestro amado país para que hayamos caído tan bajo? No se puede calificar el delito aberrante de los drogueros con complicidad de sindicalistas y funcionarios ya que se han enriquecido con fraudes y coimas, pero ahora lo hacen con la vida de los pacientes. Dijo el Jefe de Gabinete, Dr. Aníbal Fernández, que llegarán hasta el final de la investigación. ¿Será posible creerle?

Fue la única voz que se oyó desde el gobierno para tamaño escándalo.

Como dirían los abogados: PROVEER DE CONFROMIDAD SERÁ JUSTICIA.