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Material enviado por la Dra. Aída Frías

Se extraen 50.891 millones de metros cúbicos pero se utilizan solo 38.631 millones de metros cúbicos. El resto se exporta. Se importa el gas 6 veces más caro y lo amortizan los usuarios mediante un decreto inconstitucional.

El diputado del Partido Socialista, Carlos Nivio, presentó en la legislatura provincial una iniciativa destinada a lograr la derogación por inconstitucionalidad del Decreto Nº 2067/08, ya que por el mismo se ha creado un impuesto para lo cual no está facultado el Poder Ejecutivo Nacional.

Mediante la presentación, también se resuelve solicitar la suspensión de la realización de cortes en el suministro de los servicios de gas natural, a raíz de la falta de pago de las facturas emitidas, y se deje sin efecto la percepción de los importes correspondientes a las mismas.

De acuerdo con los datos incorporados en la iniciativa legislativa y que obran a manera de un detallado informe, los fondos obtenidos con los elevados aumentos en las facturas se destinarían a la importación de gas desde Bolivia, y mediante buques regasificadores desde el Caribe. Sin embargo, el legislador del Partido Socialista destaca que la compra al país vecino se realiza a un precio 6 veces mayor del que representa extraerlo en nuestro país.

Los Datos

Según consta en el análisis efectuado, nuestro país extrae –según cifras oficiales del año 2007- 50.891 millones de metros cúbicos de gas natural, pero inyecta en las redes de abastecimiento a los diferentes grupos de usuarios solo 38.631 millones de metros cúbicos.

Por otra parte, se destaca que nuestro país exporta –a través de empresas privadas- parte del gas natural que se extrae aquí. Actualmente estas multinacionales venden a Chile 3,4 millones de metros cúbicos de gas diarios, a Brasil 1,4 millones y a Uruguay 0,2 millones; aunque poseen contratos para exportar casi 28 millones de m3. En el año 2007 se exportó a Chile un total de 1.117 millones de m3 de gas natural.

Incoherentemente, el Gobierno le está comprando gas natural a Bolivia a razón de 2,5 millones de m3 diarios, teniendo contratada la importación de hasta 7,7 millones de m3. Se calcula que el gas comprado a Bolivia –para el cual se destinarían los  incrementos a los consumidores- resulta 6 veces más caro que el producido en Argentina. En el año 2007 se importaron de aquel país un total 1.620, 87 millones de m3 de gas, por el cual el Gobierno pagó 325.608.770 dólares.

Esta política errónea está provocando una acelerada caída en las reservas de gas del país, las cuales alcanzarían solo para 6 o 7 años más, momento a partir de cual se tendrá que importar la totalidad del gas.

La medida solicitada

Las medidas reclamadas por el diputado socialista, se basan en las diversas presentaciones que han cuestionado la aplicación de la norma, realizadas tanto por la Defensoría del Pueblo de la Nación como por numerosos amparos judiciales iniciados en las provincias, dando lugar en estos casos a medidas cautelares de los jueces. Ya que, en todos los casos, se trata de medidas transitorias, Carlos Nivio plantea que se dejen sin efecto las sanciones a los consumidores hasta tanto haya un pronunciamiento judicial definitivo acerca de la validez del decreto.

En los amplios fundamentos que avalan la iniciativa del legislador, se analizan los diversos aspectos relacionados con el Decreto Nº 2067/08, el cual creó un Fondo Fiduciario para la importación de gas natural y que implica el cobro de una tarifa diferencial para aquellos usuarios con consumos superiores a los 1.000 metros cúbicos anuales.

Entre otros aspectos aportados, se destaca que el dictado de la norma, además de ser inconstitucional, viola también la Ley 24.076 del Marco Regulatorio del Gas, la cual no contempla dicho cargo. Por otra parte, el Gobierno nacional habría incumplido con la obligación de llamar a Audiencia Pública previamente a todo proyecto de incremento tarifario, la cual garantiza la voz de los consumidores y el acceso a la información.

Según se afirma en la presentación, a los elevados incrementos en las tarifas de gas natural establecidos en los últimos meses, los usuarios residenciales recibieron también el impacto de un mayor aumento aún en sus facturaciones. Estas medidas resultan muy cuestionables ya que -según Nivio- están alcanzando a una gran cantidad de hogares de bajos y medios ingresos, los cuales poseen un alto nivel de consumo debido a las características de las viviendas y la constitución del núcleo familiar. Los incrementos en las facturas de gas oscilan entre un 70% y un 260%.

Además de reclamar por inconstitucional la derogación del Decreto Nº 2.067/08, la presentación también solicita que se instruya a quienes han sido designados como agentes de percepción de los cargos tarifarlos y con relación a las mismas, las siguientes medidas: a) Se abstengan de efectuar cortes en el suministro de los servicios de gas natural a raíz de la falta de pago de las facturas emitidas, b) Se deje sin efecto toda sanción que derive de las normas citadas; c) Se abstengan de percibir los importes correspondientes a dichas facturas; y d) Se devuelvan los excedentes percibidos a aquellos usuarios que ya hubiesen abonado las facturas.