Greenpeace se ha acostumbrado a que sus acciones reivindicativas acaben en sanción después de tres décadas de historia de activismo medioambiental en España.
En este momento, tiene 19 expedientes administrativos abiertos en el país, en los que se le reclaman cerca de 623.000 euros. «Nuestras acciones terminan normalmente en una sanción por desórdenes, que acabamos pagando», apunta Mario Rodríguez, director en España de esta organización internacional. Seguir leyendo…
