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Sociedades Rurales del Sudeste advierten sobre el impacto de frenos judiciales a la producción

En un encuentro realizado en Mar del Plata, dirigentes nucleados en CARBAP expresaron su profunda preocupación por las medidas cautelares que limitan las aplicaciones de fitosanitarios y denunciaron una creciente «inseguridad jurídica» en la región.

Las Sociedades Rurales del Sudeste retomaron sus reuniones mensuales el pasado viernes en la ciudad de Mar del Plata, poniendo sobre la mesa un conflicto que escala en tensión: la intervención de la justicia sobre las ordenanzas municipales que regulan el uso de agroquímicos.

El foco del conflicto: Judicialización y distancias

Durante el intercambio, los representantes analizaron la situación en distritos clave como General Pueyrredón, Tandil, Rauch y Pergamino (este último bajo órbita federal).

El eje del reclamo radica en la suspensión de normativas locales que establecían distancias de aplicación en relación con escuelas rurales, cursos de agua y zonas urbanas.

En los casos de Tandil y Rauch, la Suprema Corte provincial intervino tras denuncias de sectores ambientalistas y vecinos. Estos grupos pretenden imponer zonas de exclusión de:

• 1.095 metros para aplicaciones terrestres.
• 2.000 metros para aplicaciones aéreas.

Mientras la Corte revisa la documentación, ha dispuesto que rija la Ley Provincial 10.699, dejando en suspenso las ordenanzas municipales que, según los dirigentes, fueron redactadas bajo estrictos criterios técnicos y científicos.

Rechazo gremial y pedido de respaldo

Los dirigentes presentes manifestaron un enérgico rechazo a la suspensión de las normas locales. Argumentan que dichas ordenanzas contaron en su momento con el respaldo de datos del INTA, legislaciones internacionales y programas de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

«Estamos ante una falta de seguridad jurídica provincial y nacional», señalaron desde la mesa, instando a la Mesa de Enlace y a las cámaras del sector a involucrarse firmemente en la defensa de los productores afectados.

Por su parte, el protesorero de CARBAP, Santo Rosati, confirmó que la entidad ya se encuentra bajo asesoramiento jurídico para acompañar legalmente a los productores frente a estas medidas cautelares.

Tecnología como respuesta: El rol de la precisión

Como contrapartida a la presión judicial, la Rural anfitriona presentó herramientas tecnológicas que buscan garantizar la seguridad de los procesos. Referentes de la firma MKL Agro disertaron sobre el uso de estaciones meteorológicas autónomas.

Estos equipos permiten a los productores:

1. Monitorear en tiempo real las condiciones climáticas exactas de cada establecimiento.
2. Determinar la ventana de aplicación óptima para evitar la deriva de productos.
3. Generar datos auditables que respalden el correcto accionar agronómico frente a posibles reclamos.

El encuentro concluyó con la premisa de que la tecnología y la ciencia deben ser los pilares que definan las políticas productivas, evitando que decisiones judiciales de alto impacto económico se tomen sin considerar los avances en precisión y seguridad ambiental.