Por Horacio Castelli
Algunas veces, los políticos, cuando no tienen conflictos parece que los buscaran, como lo ocurrido con la ordenanza sobre la comercialización de pan en almacenes y supermercados.
La ordenanza vigente, establecía claramente la manera de comercializar los panificados, con el atenuante que, desde su implementación, no se registró ninguna contaminación en los productos que derivara en problemas de salud en la comunidad.
El pedido de cambio de la ordenanza nació una entidad panaderil que, por supuesto, tiene una mirada sesgada, y no abarca a toda la comunidad, ni a los demás comerciantes.
Y esto, no es algo que debe criticársele a los proponentes, sino a los concejales que no estudiaron adecuadamente la ordenanza y tuvieron que dar marcha atrás a medida que las críticas se hacían más fuertes, con claros fundamentos que las sostenían.
Esta iniciativa ya había sido presentada años anteriores y los ediles en ese momento, no le habían dado curso, porque, ya existía la reglamentación respetiva.
No es la primera vez que ocurre una situación similar, pero en este caso particular, se trata de un alimento primordial en la mesa familiar.
Por lo tanto, no se puede legislar sin tener todos los elementos en cuenta, porque si se les prohíbe a los mercados vender pan y sus derivados, se puede provocar el aislamiento de muchos habitantes de consumir este producto. No en todos los barrios existe una panadería.
Indagando un poco más en las motivaciones que se pueden encontrar debajo de la propuesta, y a partir de escuchar las declaraciones de los interesados, podemos afirmar que el objetivo central de esta iniciativa es impedir la producción casera y su posterior comercialización.
Muchas familias han encontrado desde hace muchos años, la posibilidad de tener ingresos económicos a partir de la producción de tortas, facturas, masas y otras producciones realizadas en sus hogares.
Lo que no saben los impulsores de esta iniciativa y, parece que algunos ediles, es que quienes venden estos productos caseros, han realizado cursos en los distintos Centro de Formación Profesional que existen en el distrito y están habilitados para hacerlo.
La ciudadanía, sabe a quienes les compra estos productos y en consecuencia, decide adquirir productos que tienen realización casera.
Son casi inexistentes las ventas clandestinas de productos porque desde hace años Bromatología viene desarrollando una tarea muy importante detectando estas producciones clandestinas.
Algunos panaderos se quejan que hay competencia desleal, porque ellos deben pagar impuestos, habilitación y sueldos a sus empleados.
No tiene ningún sentido hacer este tipo de apreciaciones porque los volúmenes que se manejan entre una actividad y otra son abismales.
Los responsables de cada sector, deben actuar con madurez y no buscar el beneficio propio cuando se trata de un producto social, como lo es el pan.
Por supuesto que los empresarios panaderiles dan trabajo, aportan con sus impuestos y ofrecen seguridad en la salubridad de sus productos.
No es un trabajo fácil de realizar, donde las horas son contrapuestas a las del descanso, y deben luchar contra los vaivenes económicos.
Pero, eso no justifica emprender sus acciones contra quienes desarrollan actividades, también necesarias, para que nuestros ciudadanos reciban un alimento tan importante como el pan.
