Por: Daniel Díaz Romero (PRENSA RED)
La Ley de Inversiones Mineras promulgada en los ’90, incentiva la actividad en el país y estimula el ingreso de capitales destinados a la explotación mediante beneficios impositivos y estabilidad fiscal por 30 años. Según un decreto de necesidad y urgencia al Estado argentino le queda un escaso 3% del valor del mineral extraído.
‘La explotación minera en Córdoba está produciendo graves consecuencias ambientales y culturales.’ Así lo señala la bióloga Daniela Tamburini del Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables (CERNAR) de la Universidad Nacional de Córdoba. La reactivación de la obra pública y de la edificación aumentó la demanda y la provincia se transformó en la segunda región con mayor producción minera del país: explota 15 millones de toneladas anuales, lo que se traduce en 146 millones de pesos.
Luego de la crisis económica del 2001, las rutas de la provincia comenzaron a ser transitadas por unos mil camiones diarios, a carga completa, transportando un millón de toneladas de rocas por mes. La operación de las minas a cielo abierto comienza con la remoción de vegetación y suelo, luego dinamitan, remueven las rocas y los materiales que se encuentran por encima de la mena hasta llegar al yacimiento, donde vuelven a dinamitar para obtener trozos más pequeños. El empresario Hugo Apfelbaum, presidente de la Cámara Empresaria Minera de Córdoba (CEMINCOR) reconoció que: ‘Los mineros tenemos que hacer nuestra autocrítica’.
La bióloga Tamburini dijo que ‘la minería es una de las actividades que más afecta el patrimonio natural y paisajístico’ y explica que entre sus impactos ambientales se incluyen: alteración del suelo y del curso de los ríos, deterioro de la calidad de aguas subterráneas, destrucción del ecosistema en el área de explotación; peligro de derrumbes, ruidos y vibraciones; producción de polvo, humo y gases nocivos; pérdida de bienes culturales y conflictos con pobladores locales por el uso del suelo’.
‘Los especialistas –asegura- señalan que la minería es una actividad que debe ser controlada estrictamente en todas sus etapas, desde la prospección y explotación hasta el transporte, procesamiento y consumo: ‘Pretender que las empresas mineras se controlen a si mismas es más que ingenuo’ y aseguran que ‘incluso, la regulación de los gobiernos es insuficiente; la sociedad, en su conjunto, debe participar directamente de este control’.
El licenciado Roberto Miró, tiene 45 años de experiencia en el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y dice que ‘hay que atacar a la naturaleza para arrancar el mineral de la tierra, no existe otra forma de hacerlo’ y explica que ‘nuestra responsabilidad es lograr que no termine en un desastre, porque no es secreto que muchas veces la minería hace eso. Afortunadamente el ambientalismo exige cada vez más’, admite el especialista del organismo nacional.
En consonancia con el técnico del SEGEMAR, Hugo Apfelbaum, expresa que ‘somos una empresa que tiene cerca de 40 años en La Calera e invertimos cerca de 5 millones de dólares, contemplando la cuestión ambiental. Soy un convencido que no se pierde rentabilidad con la inversión para preservar el ambiente’.
Arte volado
La bióloga del CERNAR agrega que ‘en la localidad de La Playa -Departamento Minas- la extracción del granito ‘gris mara’, además de daños ambientales, produce la pérdida de reliquias de valor arqueológico, ya que la explotación se conduce dentro de aleros que resguardan arte rupestre de las culturas Ongamirense y Comechingona’ pinturas que, en algunos casos, superan los 5000 años de antigüedad.
Al respecto, el geólogo Martínez Carranza, precursor de la geología legal en Córdoba, cuenta que ‘el miedo de Ongamira se funda en la degradación sufrida, durante muchos años, por la localidad de Charquina. Hace años, nos preocupaba la situación porque la autoridad minera llegaba siempre tarde y los empresarios eran, en general, personas que pensaban muy poco en la comunidad: Habiendo infinidad de material disponible en otros lugares, sacaban el granito de los aleros con pinturas rupestres’, recuerda el ex funcionario
Advierte que, de esta forma, se concilia la irresponsabilidad de algunos empresarios con un Estado de acciones irrelevantes:’De la conjunción de estas dos estupideces surge la destrucción de un patrimonio cultural que es irreemplazable’.
Daniela Tamburini asegura que ‘en Ongamira, Ischilín, Quebrada de la Luna, Cañada de Río Pinto y zonas vecinas del norte cordobés, la población ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, preocupada por una inmediata exploración y explotación de minerales por parte de empresas de capitales extranjeros’.
La Ley de Inversiones Mineras promulgada en los ’90, incentiva la actividad en el país y estimula el ingreso de capitales destinados a la explotación mediante beneficios impositivos y estabilidad fiscal por 30 años. Según el Decreto de Necesidad y Urgencia 417/2003 al Estado argentino le queda un escaso 3% del valor del mineral extraído. Más aún, cuando los minerales se exportan por puertos patagónicos se beneficia a las empresas mineras con el reintegro del 5% por lo que el país pierde un 2% más.
Martínez Carranza, opina que ‘debemos tener cuidado con algunas corrientes ultra-ambientalistas, que denostan a la minería’ aunque reconoce que ‘la minería, al igual que muchas otras actividades productivas, tuvo épocas muy malas en contra del ambiente: Córdoba es una provincia turística y sin embargo hay grandes áreas degradadas: los empresarios del feldespato y de la mica hicieron desastres al amparo de la falta de legislación.’
Tamburini señala que ‘en la provincia, la falta de planificación de la actividad minera acrecienta su capacidad destructiva del paisaje, causando un fuerte impacto ambiental y visual. Como están las cosas, la conservación o el uso racional de los recursos naturales y culturales es inviable, advierte la bióloga del CERNAR, tras lo cual dice que sin embargo, muchas organizaciones sociales han dado ejemplos del poder que tiene la sociedad para poner límites cuando hace escuchar su voz, ante la ineptitud y sordera del Estado en esta materia’.
Para el Martínez Carranza, a la Secretaria de Minería de la provincia ‘le ordenan por teléfono lo que tiene que hacer. El prestigio que tuvo la repartición minera la perdió con la sujeción al poder político y pasó a ser una Secretaría de octava. Es penoso ver su decadencia’, opina el especialista y agrega que ‘en la Secretaría de Minería se están quedando sin técnicos solventes porque los cargos políticos prevalecen por sobre los idóneos.’ Por su parte, el propietario de la cantera ‘El Diquecito’, Hugo Apfelbaum, reconoce que ‘el último control que nos hizo la Secretaria de Minería fue a fines del 2006’, abonando la idea de la falta de inspecciones en materia ambiental.
• Los principales minerales industriales y rocas producidos, en Córdoba, son: triturados pétreos (31,88%), caliza (19,42%), serpentina (7,74%), canto rodado (6,58%), yeso (5,27%), basalto (4,80%) y arcillas (4,57%).
• Según el último censo minero del año 2003-2004, realizado por el INDEC, existen en la provincia 146 establecimientos mineros activos. (ARGENPRESS)
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