La reciente decisión judicial de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata no solo destraba un conflicto paralizante, sino que devuelve la racionalidad a la gestión pública.
Al permitir finalmente la subasta del Casino de Necochea, la Justicia pone las cosas en su lugar y expone una cruda realidad: quienes intentaron frenar esta iniciativa mediante artilugios legales deberán, tarde o temprano, hacerse cargo de las deudas y el deterioro acumulado por su insólita acción.
El desprecio por la voluntad popular
El intendente Arturo Rojas, elegido democráticamente por los ciudadanos, junto a los ediles votados para representarlos en el Concejo Deliberante, sufrieron un sistemático ninguneo.
Un grupo minoritario intentó arrogarse una representación popular que las urnas jamás les otorgaron. A fuerza de falacias en cada presentación judicial, y logrando en primera instancia el eco de un magistrado notablemente alejado de la realidad local, lograron avanzar.
Este avance de los denominados «pseudo-ambientalistas» no significó un logro ecológico; se tradujo en un flagrante retroceso para una solución urgente y necesaria en un sector de la ciudad que hoy se encuentra en pésimas condiciones. Lo paradójico —y alarmante— es que durante todo este tiempo de parálisis:
- No hubo una sola propuesta alternativa: Jamás presentaron una solución real para la situación edilicia y financiera del Casino.
- Traslado de responsabilidades: Cuando se los consultaba sobre cómo resolver el problema, mágicamente volvían a transferir la carga a los funcionarios electos.
- Campañas de difamación: Llegaron a decir públicamente que los concejales y el intendente no eran personas confiables, tejiendo especulaciones y denuncias sin una sola prueba que las sustente, movidos únicamente por el deseo de dañar y obstruir.
La doble vara de la especulación política
El próximo 10 de junio a las 11 de la mañana se realizará la subasta que originalmente debió efectuarse el pasado 11 de enero. El retraso no fue gratuito.
La confirmación de la legalidad del proceso deja en evidencia el trasfondo estrictamente político y especulativo de la contraofensiva judicial.
¿Por qué se puede afirmar esto con tanta contundencia? Por una razón matemática y geográfica irrefutable:
| Distrito de la Región | Acción Realizada | Reacción de los «Ambientalistas» | Marco Legal Aplicado |
| Municipios Vecinos | Subastas de terrenos, edificios e inmuebles | Absoluto silencio y pasividad | Ley Orgánica de las Municipalidades |
| Necochea (Casino) | Subasta pública del complejo | Amparos, denuncias e idas a la justicia | Ley Orgánica de las Municipalidades |
Los mismos principios y ordenamientos legales rigen para toda la provincia. Sin embargo, los dirigentes Fonalleras, Laborde y los integrantes de la Asociación «El Parque no se vende» fijaron su objetivo exclusivamente en Necochea.
El fin del relato
Mintieron cuando aseguraron que faltaban pedidos de informes a la Provincia; mintieron cuando afirmaron de manera insólita que se iba a subastar una calle pública. Mintieron para dilatar, para desgastar y para sostener una postura ideológica inconducente.
El fallo de la Cámara de Mar del Plata no solo convalida la gestión de la administración local, sino que marca un límite saludable: el desarrollo de una ciudad no puede quedar de rehén de caprichos minoritarios.
Es de esperar que el próximo 10 de junio comience a cerrarse una etapa de abandono. Las mentiras probablemente continúen, pero la realidad y la necesidad de progreso de los necochenses ya empezaron a darles la espalda a los eternos amantes de la Necochea del “NO”.
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