La diputada Marcela Pagano denunció a Javier Milei por presunto «encubrimiento»
La diputada nacional Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza, presentó este viernes una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el presunto delito de «encubrimiento» de delitos de acción pública.
La presentación judicial se originó a raíz de las declaraciones que el propio mandatario realizó ayer durante una entrevista televisiva en un canal de streaming.
Según consta en la denuncia, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Pagano sostiene que el jefe de Estado incumplió sus deberes de funcionario público al omitir denunciar ante la Justicia dos graves episodios que relató públicamente en el intercambio periodístico.
Un presunto «golpe de Estado» no denunciado
El primer hecho que fundamente la acusación se basa en un textual de Milei respecto a la victoria electoral del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en los comicios de medio término en la Ciudad de Buenos Aires.
En la entrevista, el Presidente afirmó que, a partir de ese momento, se gestó e intentó un golpe de Estado contra su gobierno.
Para la legisladora, dicha afirmación no puede pasar por alto:
«Configuraría prima facie el delito previsto y reprimido por el artículo 226 del Código Penal (atentado contra el orden constitucional y la vida democrática) y, eventualmente, los tipos del artículo 227 bis y concordantes».
En el escrito, la diputada subraya la trascendencia de la acusación presidencial: «Se trata, en cualquier caso, de delitos de acción pública, de gravedad institucional máxima, cuya investigación es indelegable».
Intento de coima empresarial
El segundo punto de la denuncia de Pagano hace foco en otro fragmento del reportaje, donde Milei reveló que un empresario había intentado pagarle una coima.
La denunciante argumenta que la conducta de dicho empresario —tal como la describió el Presidente— «encuadra prima facie en el delito de cohecho activo previsto y reprimido por el artículo 258 del Código Penal».
Asimismo, Pagano señala que correspondería aplicar la agravante contemplada en el artículo 259 bis del mismo cuerpo legal, dado que la oferta delictiva habría estado dirigida explícitamente a quien hoy ejerce la máxima magistratura de la Nación.
Al no haber llevado el caso a los tribunales en su rol de funcionario, Milei habría incurrido en una omisión ilegal.
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