El fiscal Marijuan investiga una millonaria trama de retornos en Buenos Aires
Una investigación judicial de alto impacto, impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, ha puesto bajo la lupa el lucrativo sistema de fotomultas en diversas rutas y municipios de la provincia de Buenos Aires.
La denuncia describe una sofisticada red de corrupción que involucra a empresarios, funcionarios públicos y autoridades académicas, diseñada presuntamente para el desvío de fondos públicos y el cobro de coimas.
El «Circuito» del Dinero: Universidades y Empresas
El núcleo de la maniobra, según la hipótesis de la fiscalía, radicaba en la utilización de universidades públicas como pantalla para eludir los controles del Estado. El esquema funcionaba de la siguiente manera:
- El Convenio: Los municipios firmaban convenios directos con fundaciones vinculadas a universidades (como la UNSAM), evitando así el proceso de licitación pública.
- La Subcontratación: Estas instituciones académicas subcontrataban de forma directa a las empresas del empresario Leandro Camani (Seccutrans y Tránsito Seguro).
- El Reparto: Bajo esta estructura de «Estado Bobo», se estima que hasta el 70% de lo recaudado por infracciones quedaba en manos privadas y de la intermediación, dejando una porción minoritaria para las arcas estatales.
Actores Clave bajo la Lupa Judicial
La justicia ha identificado nombres propios en el centro de esta organización:
- Leandro Camani: El empresario es señalado como el cerebro operativo. Se lo investiga no solo por el manejo de los radares, sino también por presuntas extorsiones mediante la «fabricación de causas» para desplazar competidores y monopolizar el mercado.
- Diego Kampel: Secretario de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Se investiga su rol en la firma de convenios que habrían permitido a la universidad actuar como intermediaria facilitadora del esquema.
- Funcionarios Públicos: La denuncia alcanza a la Secretaría de Transporte de la Nación y al Ministerio de Transporte bonaerense. Si bien el exministro Jorge D’Onofrio ya ha enfrentado procesos judiciales, Marijuan ha ampliado el foco hacia las gestiones actuales para determinar si la estructura delictiva permanece activa.
Facturas Apócrifas y Alcance Territorial
La presentación judicial detalla el uso de empresas fantasma y facturación falsa para generar el efectivo necesario para el pago de sobornos a los funcionarios que autorizaban la instalación de los radares.
La magnitud del fraude tiene un alcance territorial masivo, afectando a distritos clave como:
- La Matanza
- San Isidro
- Zárate
- Morón
- General Pueyrredón
Estado de la causa: La investigación se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas. Se espera que el análisis de las rutas financieras y los contratos municipales derive en nuevas imputaciones en las próximas semanas, mientras crece el escándalo por la falta de transparencia en los controles viales.
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