Preocupación en el Gobierno por el Impacto Internacional de la Condena a Cristina Kirchner
Buenos Aires, Argentina – La confirmación de la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema ha desatado una ola de preocupación en el gobierno argentino, especialmente en la Cancillería, debido al posible impacto internacional.
La estrategia de la ex mandataria se centrará ahora en la presión internacional, buscando el respaldo de líderes regionales y organismos de derechos humanos.
La ex presidenta tiene previsto presentarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que el Partido Justicialista (PJ) está coordinando la creación de un comité para sumar aliados de peso, como el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil y Morena de México.
Respaldo Regional y Reacción en Cancillería
La reacción internacional no se hizo esperar. La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, habría solicitado a su Cancillería que evalúe la posibilidad de un repudio conjunto a la condena con los gobiernos de Brasil, liderado por Lula da Silva, y Colombia, bajo la presidencia de Gustavo Petro.
Un diplomático cercano a la administración libertaria reconoció a LPO que la situación ha generado «una situación incómoda», destacando que «tres de cuatro socios del Mercosur se solidarizaron con Cristina y dos de los tres países latinoamericanos del G20 también». Esta situación plantea un desafío significativo para la diplomacia argentina en foros internacionales.
Estrategia de Defensa Internacional
La ofensiva internacional contra el fallo está siendo liderada por el Grupo de Puebla, a través del Consejo Latinoamericano de la Justicia y Democracia, que cuenta con el liderazgo de la abogada brasileña Carol Proner y el ex juez español Baltasar Garzón. Ambos son figuras con amplios contactos en el ámbito de la justicia internacional.
El equipo jurídico del Grupo Puebla considera que «el avance de Donald Trump y Milei sobre Cristina es evidente, bochornoso e ilegal», lo que ha impulsado la decisión de presentar el caso ante la CIDH.
Un abogado del equipo explicó que, aunque los pasos específicos aún no están definidos, la intención de una presentación formal ante la Corte Interamericana es firme.
La situación se complejiza ante la posibilidad de que los jueces que condenaron a la ex presidenta busquen endurecer sus condiciones de detención para limitar su accionar político, incluso evaluando negarle la prisión domiciliaria.
Además del Grupo de Puebla, se está conformando el Comité por la Libertad de Cristina, siguiendo un esquema similar al utilizado para reclamar la liberación del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas.
Este comité busca agrupar a juristas y abogados de distintos países para coordinar acciones de defensa internacional. El Partido Justicialista, por su parte, ha reunido a sus referentes en relaciones internacionales para alinear esfuerzos con aliados regionales.
En resumen, se están delineando tres frentes de acción para la defensa internacional de Cristina Kirchner:
- El Grupo de Puebla, con Proner y Garzón.
- Los abogados personales de Cristina, como Carlos Beraldi.
- El Partido Justicialista, en coordinación con aliados regionales como el PT de Brasil, Morena de México, e incluso se contempla al Partido Comunista de China, con quien el PJ mantiene una relación cercana.
El Proceso Ante la CIDH
Un abogado involucrado en la defensa de la ex presidenta aclaró que, antes de recurrir a la Corte Interamericana, se deben agotar las instancias institucionales dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El reclamo puede ser una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentada por Cristina, sus representantes legales o un tercero con interés legítimo.
La CIDH evaluará si se cumplen requisitos formales como el agotamiento de recursos internos, el plazo de seis meses desde la última resolución judicial definitiva y la no duplicación del caso en otra instancia internacional.
Si la denuncia es admitida y se determina una violación de derechos (como el debido proceso o persecución política), la CIDH emitirá un informe con sus recomendaciones al Estado argentino.
Si Argentina no cumple con estas recomendaciones en un plazo estimado, la CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana.
En caso de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falle en contra del Estado argentino, podría ordenar reparaciones y, eventualmente, exigir la nulidad del fallo o medidas para restituir derechos, como la posibilidad de ser candidata.
Andrea Pochak, comisionada argentina ante la Corte Interamericana, aunque representa a Argentina, no tiene voto en el caso de Cristina por ser argentina.
Un abogado consultado enfatizó que la Corte Interamericana «no es un tribunal de alzada o apelación de la justicia argentina» y no puede dejar sin efecto una sentencia de la Corte Suprema.
Sin embargo, si acepta los argumentos de violación al debido proceso, puede dictaminar que Argentina violó el Pacto de San José de Costa Rica y solicitar al país que «adecúe su conducta, por ejemplo, mediante un nuevo juicio».
Costos Políticos para el Gobierno de Milei
Un pronunciamiento adverso de la Corte Interamericana representaría un «durísimo golpe internacional», que se sumaría a la condena de la OEA que ya recibió Argentina por supuestos ataques del gobierno a la prensa.
En el gobierno de Milei, existe un claro malestar por los «costos» que esta situación podría generar en cumbres políticas y otros foros globales.
Un diplomático con experiencia en organismos internacionales advirtió que «la condena a Cristina ahora estará presente en todas las instancias de representación» y que los embajadores «estaban complicados para lograr consensos antes de esto, ahora será peor».
«Milei cree que con el apoyo de Estados Unidos alcanza para defender esta condena, pero el mundo y los acuerdos que tiene Argentina con otros países, especialmente con la región, son muchos», agregó la fuente diplomática. Concluyó que «decimos que somos la salvación de los valores de la libertad de Occidente y tenemos a la líder de la oposición presa, eso nos quita prestigio internacional».
