
El gobierno nacional está avanzando sobre las cooperativas eléctricas de la provincia de Buenos Aires, según advierte el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.
Esto se debe a la decisión nacional de prohibir que las distribuidoras y cooperativas eléctricas incluyan tasas o conceptos ajenos en la facturación del servicio público de distribución de energía eléctrica.
La Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación, publicada en el Boletín Oficial en septiembre, genera preocupación en el ámbito provincial.
Según el Ministerio de Infraestructura de la provincia, esta resolución «no solo pretende avasallar competencias provinciales propias, sino que además perjudica directamente a las cooperativas eléctricas más pequeñas que cumplen un rol social fundamental en localidades bonaerenses».
Es importante destacar que el marco regulatorio provincial prevé la posibilidad de incluir conceptos ajenos en la facturación del servicio eléctrico, lo que genera un conflicto con la resolución nacional.
La provincia ha dictado diversas normas reglamentarias y complementarias para implementar este marco regulatorio, lo que hace que la resolución nacional no sea de aplicación directa.
En este contexto, el artículo 25 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor establece que, en caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor.
Esto sugiere que la provincia de Buenos Aires puede tener un margen de maniobra para defender sus competencias y proteger los intereses de las cooperativas eléctricas y los consumidores.