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Por David Amaglobeli, Emine Hanedar, Gee Hee Hong y Céline Thévenot

Los países deben permitir que los precios internacionales se trasladen a los precios nacionales mientras protegen a los hogares que más lo necesitan.

Los gobiernos se enfrentan a decisiones políticas difíciles en su intento de proteger a su pueblo de los precios récord de los alimentos y de los altos costos de la energía impulsados ​​por la guerra en Ucrania.

Los países introdujeron una variedad de medidas políticas en respuesta a este aumento sin precedentes en los precios de los productos básicos más importantes. 

Nuestro estudio de estas medidas anunciadas por los países miembros muestra que muchos gobiernos trataron de limitar el aumento de los precios internos a medida que aumentaban los precios internacionales, ya sea mediante la reducción de impuestos o proporcionando subsidios directos a los precios. 

Pero tales medidas de apoyo, a su vez, crean nuevas presiones sobre los presupuestos ya tensos por la pandemia. Limitar el traspaso de precios no siempre es el mejor enfoque. 

Según una nueva nota del FMI , los encargados de formular políticas deberían permitir que los altos precios globales se trasladen a la economía nacional mientras protegen a los hogares vulnerables afectados por los aumentos. 

En última instancia, eso es menos costoso que mantener los precios artificialmente bajos para todos, independientemente de su capacidad de pago.

No todos los países son capaces de seguir el mismo camino. Cuando existan subsidios, el ritmo de los ajustes de precios y la medida en que se utilicen las redes de seguridad social diferirán de un país a otro. 

Es por eso que nuestra nota ofrece consejos de política matizados para los países según las circunstancias de cada país, como la fortaleza de la red de seguridad social, el nivel de los subsidios existentes para alimentos y combustibles, y la disponibilidad de espacio fiscal. 

Precios altísimos 

La invasión rusa de Ucrania siguió a las fuertes ganancias del año pasado en los mercados de productos básicos, lo que llevó los precios de los alimentos a un récord y el gas natural a máximos históricos. 

Los precios del trigo, un alimento básico en el que Rusia y Ucrania juntos representan alrededor de una cuarta parte de las exportaciones mundiales, han subido un 54 por ciento respecto al año anterior. 

Con la interrupción de las importaciones de alimentos y energía de estas fuentes, los países enfrentan altos costos e incertidumbre sobre los suministros. 

Las personas de los países de bajos ingresos son más vulnerables a los precios más altos porque los alimentos representan el 44 % del consumo en promedio, en comparación con el 28 % en las economías de mercados emergentes y el 16 % en las economías avanzadas. 

Los precios del petróleo también han experimentado fuertes ganancias, lo que impone diferentes cargas a los consumidores. 

Los hogares de ingresos más altos tienden a usar más combustible que los hogares de ingresos más bajos, y consumen más gasolina en comparación con los hogares más pobres, que en muchos países en desarrollo tienden a consumir más queroseno. 

Las políticas gubernamentales para mitigar el impacto social del aumento de los precios deben tener en cuenta estas diferencias y garantizar que los pobres no sientan la carga de manera desproporcionada.

Respuestas políticas

El traspaso de los precios internacionales de los combustibles a los consumidores domésticos ha sido menor en los primeros cuatro meses de este año que el año pasado. 

Además, el traspaso ha sido más alto en las economías avanzadas y más bajo en los países emergentes y en desarrollo exportadores de petróleo. 

Los subsidios a los combustibles que prevalecen en muchos países exportadores de petróleo en el Medio Oriente, el norte de África y el África subsahariana son una gran parte de la razón por la cual los consumidores en esas regiones pueden sentir menos dolor en la bomba, aunque a expensas de un aumento fiscal. costos y por ende, en muchos casos, futuros recortes en otros servicios públicos.

Más de la mitad de los 134 países que encuestamos habían anunciado al menos una medida en respuesta al aumento de los precios de la energía y los alimentos. 

Las economías emergentes y en desarrollo anunciaron menos medidas políticas nuevas, probablemente porque continúan dependiendo de los subsidios existentes a la energía y los alimentos y limitan, o evitan, los ajustes en los precios internos. 

También podrían tener menos espacio fiscal para reaccionar o más dificultades para ampliar rápidamente sus redes de seguridad social. 

En las economías avanzadas, el mayor número de países anunció transferencias de efectivo y semi efectivo (incluidos vales y descuentos en facturas de servicios públicos). 

En las economías emergentes y en desarrollo, las reducciones en los impuestos al consumo fueron las medidas anunciadas con más frecuencia.

Consideraciones sobre la red de seguridad social 

Aunque la mayoría de los países están limitando los traspasos de precios internacionales, esto no es recomendable. 

Las señales de precios son cruciales para permitir que la oferta y la demanda se ajusten e inducir una respuesta de la demanda, en la que los precios altos animen a las personas a ser más eficientes energéticamente. 

Por otro lado, los precios subsidiados fomentan un mayor consumo, ejerciendo más presiones sobre los precios de la energía. 

Al mismo tiempo, los países deben proporcionar transferencias temporales y específicas a los hogares más vulnerables. Una respuesta a la demanda puede ser considerable para la energía, pero mucho menos para los alimentos porque las personas necesitan comer aproximadamente la misma cantidad. 

Aún así, los países deben abstenerse de evitar que los precios internos se ajusten porque tales medidas, que resultan en subsidios, no son eficientes para proteger a los más vulnerables. 

También son costosos, desplazan gastos más productivos y reducen los incentivos para productores y distribuidores. 

Aconsejamos permitir la transferencia de precios en los alimentos, siempre que se proteja a los vulnerables y la seguridad alimentaria no esté en riesgo.

También enfatizamos que los países deben considerar la solidez de las redes de seguridad social al establecer políticas:

• Los países con sólidas redes de seguridad social podrían utilizar transferencias de efectivo temporales y específicas para disminuir el impacto en las personas vulnerables. Estos países pueden proporcionar transferencias específicas basándose en los programas sociales existentes.
• Los países donde las redes de seguridad no son lo suficientemente fuertes para apoyar a los más vulnerables pueden expandir sus programas existentes más eficientes aumentando los niveles de beneficios y la cobertura según sea necesario. Las herramientas digitales se pueden utilizar, por ejemplo, para registrar beneficiarios y entregar beneficios.
• Los países que ya cuentan con subsidios a la energía o los alimentos deberían traspasar gradualmente los precios internacionales a los consumidores y comprometerse a eliminar los subsidios en los próximos años. El ritmo de transferencia debe calibrarse cuidadosamente en función de la brecha entre los precios minoristas e internacionales, el espacio fiscal disponible y la capacidad de implementar medidas para proteger a los vulnerables.

En los países donde la seguridad alimentaria es una preocupación y se han agotado todas las demás opciones, los gobiernos pueden considerar otras medidas temporales, como subsidios a los precios o impuestos a la importación con cláusulas claras de caducidad para los alimentos básicos. 

Los gobiernos también deberían tratar de aumentar el suministro de alimentos apoyando la producción, evitando el almacenamiento y utilizando las reservas de alimentos cuando estén disponibles. 

Donde la seguridad alimentaria está en riesgo, puede ser necesaria la distribución directa de alimentos básicos.

Durante los próximos dos o tres años, los gobiernos deberían centrarse en invertir en redes de seguridad social y reformar los subsidios existentes. Tales revisiones ayudarán a los países a mejorar la resiliencia y promover un gasto más productivo para apoyar el crecimiento inclusivo.