miércoles, septiembre 28, 2022

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EXPLOTACIÓN PETROLÍFERA: El gobierno apelará el fallo que lo prohíbe

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El Secretario de Energía dijo que el Gobierno respeta la Justicia, pero ya trabajan en la apelación de la medida cautelar dictada ayer.

Luego de que el Juzgado Federal Nº 2 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago José Martín, diera lugar a la medida cautelar presentada por una ONG de ambientalistas contra el proyecto offshore de exploración petrolera, el Gobierno anunció que apelará el fallo.

Según se informó desde Casa Rosada, serán el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Energía y la Procuración General de la Nación quienes lleven a cabo la apelación, dictada ayer por la mañana.

En ese sentido, el secretario de Energía, Darío Martínez, manifestó que el Gobierno nacional «respetuoso de la Justicia, pero esto no es cosa juzgada”, al tiempo que aseguró que «la exploración y la producción offshore es segura, no contamina, no perjudica la fauna marina».

«Por el contrario, genera recursos para el país y trabajo genuino y actividad económica para las localidades desde donde se opere el desarrollo de esta actividad», afirmó Martínez.

El fallo que frena el proyecto en Mar del Plata

En la medida cautelar presentada por la Ambientalistas Organizados, pusieron el foco en el «riesgo de daño inminente” en la que se encuentran las poblaciones de animales marinos en peligro de extinción “dado que las explosiones sonoras en su hábitat natural le pueden provocar daño grave e irreparable e inclusive hasta la muerte”.

A ello se suma una acción de amparo que fuera presentada por el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, quien afirmó que la población marplatense “no fue convocada en el procedimiento de información y participación ciudadana”, algo a lo que adhirió la organización ambientalistas Greenpeace.

Para dar lugar a la cautelar de la ONG, el juez Martín consideró tres puntos clave:

  • El cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden de la legislación vigente y del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).
  • La falta de una instancia de consulta al Municipio de General Pueyrredón en el proceso de toma de decisión.
  • Las falencias del Estudio de Impacto Ambiental derivadas de la insuficiente proyección sobre los impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino.