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La COP-26, la crucial conferencia internacional de la ONU sobre la lucha contra el cambio climático, programada en Glasgow, ya tuvo sus primeras dificultades con las deserciones del presidente chino, Xi Jinping, y su par ruso, Vladimir Putin.

Pero ahora se sabe también que la crucial cumbre, que se hará dentro de diez días bajo la presidencia del gobierno británico de Boris Johnson, también estará atravesada por las presiones atribuidas a un nutrido grupo de países vinculados al frente occidental, que no parecen escatimar esfuerzos para atenuar los compromisos que se alcancen en el encuentro.

Se trata de compromisos ya juzgados insuficientes para garantizar el futuro del planeta en la previsión de expertos, activistas, de movimientos ecologistas y de la joven sueca Greta Thunberg.

Un equipo de periodistas de investigación creado por Greenpeace Reino Unido, que logró interceptar 32.000 comunicaciones dirigidas por representantes de gobiernos, empresas y «partes interesadas», develó la operación de lobby al IPCC -organismo científico de la ONU de referencia en el dossier climático, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2007- para intentar aligerar las próximas restricciones.

Luego, el material se filtró a la BBC.

En la primera fila, en las maniobras en curso para bajar el listón de la reducción de los llamados gases de efecto invernadero, parecen ser productores de petróleo ciclópeos como Arabia Saudita o el resto de países de la OPEP; pero también Japón (miembro autorizado del foro del G7) o Australia, así como China, todos bien posicionados en el mercado de combustibles fósiles.

En los mensajes se insta a «mitigar» ciertos objetivos, incluso con el riesgo de cuestionar potencialmente el objetivo mínimo clave de mantener el calentamiento global por debajo del umbral de 1,5 grados, como se describe desde el Acuerdo de París firmado por 195 estados en 2015.

Los líderes del IPCC, por su parte, subrayaron que el diálogo con los gobiernos y diversos actores es fundamental, no sin asegurar que no todas las «recomendaciones» recibidas serán necesariamente aceptadas o siquiera tomadas en consideración.

Mientras tanto el presidente estadounidense, Joe Biden, parece casi obligado a implorar al Congreso que no lo envíe a Glasgow «con las manos vacías», que no pongan en peligro el «prestigio» de Estados Unidos y que le permita, aunque sea, poner sobre la mesa de la conferencia el compromiso mínimo de reducir a la mitad las emisiones nocivas estadounidenses para 2030.

Tanto más en el contexto de las quejas que se asoman de diferentes maneras desde cada uno de los componentes involucrados en la COP-26: desde los patrocinadores, que se quejan de la organización, hasta los ambientalistas que piden más voz al respecto, hasta la realeza británica.

La propia familia real británica, decidida a estar presente con toda su fuerza en Escocia, está cada vez más irritada por la actitud de parte del mundo empresarial o las temidas pérdidas de líderes extranjeros que «hablan y no hacen».

Todo ello en el contexto de una situación en la que -como revelan los documentos pasados ;;a la BBC- son muchos -desde Brasil y Argentina hasta la liberal Noruega- los decididos a arrancar unos márgenes más a las emisiones mediante la exclusión de las restricciones más estrictas.

Mientras, India y países de la Unión Europea como República Checa, Polonia o Eslovaquia presionan para garantizar más espacio en el documento final a la energía nuclear entre las «fuentes alternativas», acusando a la ONU de estar condicionada por los «prejuicios» contra las asociaciones ecologistas.

Y Estados como Suiza, refugio de incalculables activos bancarios globales, se esfuerzan por hacer una barrera y limitar, entre los objetivos de la cumbre, las sumas que deben desembolsar las naciones más ricas, para contribuir ahora a los megacostos de cambiar a tecnologías sostenibles que requieren las naciones pobres o en desarrollo. (ANSA).