Carlos Ruiz Massieu, el delegado en Colombia del Secretario General de Naciones Unidas y jefe de la Misión de Observación de la ONU para el acuerdo de paz, aseguró este lunes que la salida al estallido social en el país es el «diálogo», luego de 13 días de tensiones, violencia y protestas.
«El diálogo, el diálogo y más diálogo», urgió Ruiz Massieu, quien recordó que ese organismo multilateral hace observaciones a partir de la recopilación de información en los territorios.
«El papel de los organismos internacionales es el de estar ahí, velar por el respeto y la protección de los derechos humanos, levantar la voz cuando haya que levantar la voz, reconocer lo que reconocemos que está pasando en el territorio y pedirle, solicitarle, instar, en su momento a las autoridades a actuar», describió.
El domingo volvieron a verse imágenes en redes sociales cargadas de violencia, esta vez de civiles armados con los rostros cubiertos y en camionetas de lujo en sectores de Cali disparando contra integrantes del Cabildo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Al menos 11 personas resultaron heridas, confirmó hoy el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, quien al igual que Ruiz Massieu clamó por el «diálogo para la vida» como salida a la situación de violencia en su ciudad y en general en el país.
Dada la situación en esa urbe, la más importante del Pacífico colombiano, con calles cortadas por jóvenes, con la guardia indígena estableciendo su régimen de control territorial y con civiles armados, el presidente, Iván Duque, ordenó la noche del domingo un despliegue militar y de policía.
En la madrugada de este lunes, el jefe de Estado llegó a Cali, tras el llamado hecho por distintos sectores de la ciudad, se reunió con el alcalde Ospina y con la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, para encabezar un consejo de seguridad, horas después regresó a Bogotá con la promesa de volver.
Previo a su arribo, Duque le pidió al CRIC abandonar Cali y regresar a sus resguardos en el departamento del Cauca (suroeste) para evitar confrontaciones.
Hermes Pete, uno de los consejeros mayores del CRIC, respondió hoy que no se marcharán de Cali y responsabilizó a Duque de la situación de violencia en el país.
Al estado de tensión en la ciudad no han aportado las manifestaciones públicas del partido de gobierno, el derechista Centro Democrático que le exigió al presidente una «acción militar contundente y sostenida» en Cali para «restablecer el orden público» y consideró como inútil el diálogo.
Tampoco contribuyó la vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, que a cambio de apaciguar los ánimos cuestionó a través de sus redes sociales quiénes estarán «detrás» de la «financiación» de la Minga indígena, dejando un halo de duda sobre su presencia en Cali y sin mencionar nada de los civiles armados que les dispararon e hirieron.
«¿Qué actividad tan rentable permite esa liberalidad en el gasto? Las autoridades deben imponer el orden y proteger a la mayoría ciudadana pacifica», dijo en su mensaje la vicepresidenta que estimó en mil millones de pesos (unos 285 mil dólares) el sostenimiento diario de la Minga en Cali.
El CRIC ha sido objeto de amenazas y muertes en sus propios cabildos debido a su férrea defensa de sus territorios frente a la arremetida de los narcotraficantes de intentar imponer su violencia y establecer sembradíos de hoja de coca en zonas de los aborígenes.
En su intervenciones de anoche, Duque no se refirió en ningún momento a las indígenas heridos, aunque hoy su ministro de Interior, Daniel Palacios, hizo un llamado «a la no violencia» y agregó que «no existe violencia buena, ni violencia mala».
De acuerdo con las oenegés Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) desde el 28 de abril cuando iniciaron las protestas hasta ayer han sido asesinadas 47 personas, 39 por presunta «violencia policiaca», sumados a 963 detenciones arbitrarias, 28 personas agredidas en los ojos y «más de 500 personas desaparecidas», entre otros datos. (ANSA).
