El Colegio de Abogados de Mar del Plata presentó un amparo contra la Municipalidad y la Provincia de Buenos Aires para que se habilite la actividad de los letrados durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
A través de su presidente, Fabián Gerardo Portillo, el Colegio de Abogados de Mar del Plata presentó una acción de amparo para que la abogacía sea incluida dentro de las actividades esenciales y los estudios jurídicos puedan volver a trabajar.
La presentación fue hecha ante el Juzgado Civil y Comercial N° 9 y sostiene que tanto el municipio como la provincia “omitieron la incorporación a las actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio al servicio que prestamos las y los abogados, así como la atención del Colegio profesional del distrito de General Pueyrredón”.
«La excepción solicitada es imprescindible para el desarrollo propio de la labor de abogado y evitar incurrir en responsabilidad profesional frente a nuestros clientes y representados”, expresó la entidad en el escrito y, además, consideró que la restricción viola el derecho a trabajar y la igualdad, ya que el Municipio exceptuó a servicios similares, «como los que prestan los escribanos, los arquitectos, los martilleros y sus respectivos colegios».
Asimismo, los abogados pidieron que «desde el Poder Judicial se defina un plan integral para el pleno restablecimiento del Servicio de Justicia y se informe públicamente sobre un cronograma preciso para la implementación de cada una de las medidas que lo conformen, manteniendo la unidad de su prestación uniforme, para que no haya una justicia diferente según el territorio, la cantidad de habitantes de cada distrito y la afectación por la pandemia».
El Colegio sostuvo que la prohibición de la actividad letrada “afecta gravemente el derecho a una tutela judicial efectiva” a quienes “deban acceder a los órganos judiciales del Departamento Judicial de Mar del Plata para la defensa de sus derechos”.
Por último, se aclaró en el escrito que en el Partido de General Pueyrredón no existen casos en tratamiento por el COVID-19 y los accesos a la ciudad se encuentran restringido, motivo por el cual «mantener la restricción a la actividad de las y los abogados no respetaría los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad».
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