Funcionarios del gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro serían responsables de crímenes de lesa humanidad, según determinó un reporte de la organización de Estados Americanos (OEA).
Lo afirman un grupo de expertos designados por el Secretario General de esa organización, Luis Almagro, que evaluaron acciones del gobierno venezolano. Almagro ha anunciado que comunicará los resultados del trabajo de los expertos a la Corte Penal Internacional (CPI).
Soldados y paramilitares vinculados al chavismo asesinaron al menos 131 venezolanos en las protestas del 2014 y el 2017, y cerca de 8.300 ejecuciones extrajudiciales han sido documentadas en ese país, sostiene un reporte de la OEA.
Y concluye con que «hay suficientes pruebas para investigar al régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad».
El informe -que también devela más de 12 mil detenciones arbitrarias, expone el uso recurrente de la tortura e identifica más de 1.300 presos políticos- recomienda al secretario general Almagro, activar los mecanismos de los Estatutos de Roma (el instrumento constitutivo de la CPI de 1998) para solicitarle a la Corte Penal Internacional la apertura de una investigación sobre los asesinatos y arrestos arbitrarios presuntamente cometidos por el régimen de Maduro.
«El Informe identifica a 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos (organizaciones paramilitares del régimen)», señala una reseña del documento difundida este miércoles.
«Las tácticas utilizadas demuestran claramente un patrón con la intención de matar, evidenciado por el punto en que se propinó el golpe mortal (órganos vitales, en particular, disparos a la cabeza y el cuello); el uso de municiones, tanto modificadas como vivas, y la corta distancia a la que se perpetraron esos actos», resaltó el informe.
También resalta que se detectaron «más de 8.292 ejecuciones extrajudiciales desde 2015», que en muchos casos son resultado de allanamientos ilegales y violentos de viviendas realizados por los diferentes cuerpos de seguridad.
Parte del material utilizado en la elaboración del informe fue proporcionado por la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y corresponde al período de 2015 a junio de 2017.
El documento también fue elaborado en base a los testimonios de 26 testigos que prestaron declaración en cinco audiencias públicas, docenas de testimonios de víctimas, familiares de víctimas y otras partes interesadas entregadas a la Secretaría General y documentos escritos entregados por más de 40 organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales.
Por otro lado, el panel de expertos «independientes», según la OEA, denunció el frecuente uso de métodos de tortura contra los detenidos del régimen.
«Los atropellos van desde el empleo de tortura blanca [que normalmente no deja marcas en el cuerpo] y otras formas de tortura psicológica, hasta brutales golpizas que a menudo provocan daños físicos graves que por lo general no reciben atención médica», indicó el reporte.
«Los detenidos del régimen en ocasiones también son sometidos a tortura sexual, o son obligados a mantener posiciones estresantes», amplió.
«Otras prácticas de tortura registradas incluyen descargas eléctricas (incluso en los genitales), quemaduras, el empleo de gas lacrimógeno, el suministro de comida podrida o comida mezclada con fragmentos de vidrio o de excrementos, y en algunos casos, mantener a los detenidos sin comida ni agua», detalló el documento.
Además, indicó que «entre las víctimas se cuentan personas de todas las edades, incluso menores, sin que se tengan en cuenta las enfermedades mentales o físicas preexistentes».
Días atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había denunciado un «alarmante debilitamiento» de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, fenómeno que se ha intensificado en los últimos dos años. (ANSA).
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