La «Ley del Talión» es el arma con la que legisladores mexicanos pretenden que el gobierno de Enrique Peña Nieto responda a cada golpe de Donald Trump contra ese país.
Una suerte de «ojo por ojo, diente por diente» una vez que el republicano asuma el timón de la nación más poderosa de la Tierra el 20 de enero próximo, en especial en materia comercial.
Legisladores de oposición rechazan que México ponga «la otra mejilla» y en cambio piden que «se reserve el derecho a revisar y replantear todos los tratados con Estados Unidos, si Trump cumple su amenaza de echar por tierra el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN).
Trump atribuye parte de los males económicos de su país, sobre todo el desempleo en la zona del Medio Oeste, el llamado «Rust Belt» (Corredor del Oxido), su principal base de apoyo, al acuerdo, que triplicó el comercio entre ambos países desde su puesta en marcha hace 22 años, para elevarlo a unos 540.000 millones de dólares en la actualidad. El tratado arroja actualmente un superávit para México de unos 50.000 millones de dólares, pero Trump estima que ha alentado el «robo de empleos» a gran escala desde su país.
Un legislador también revivió su propuesta de plasmar en la ley que se prohíba destinar «un solo peso de gasto público a la construcción del muro fronterizo», que Trump amenazó con erigir y que advirtió sería pagado por el gobierno mexicano.
Senadores de los partidos Acción Nacional (PAN, derecha), de la Revolución Democrática (PRD, izquierda) y Morena (Izquierda) apremiaron al gobierno a elaborar una «estrategia para proteger al país, su economía y los derechos de los connacionales que viven en Estados Unidos».
El PAN, principal fuerza de oposición, demandó al presidente Enrique Peña asumir «su responsabilidad, convocando a los poderes del Estado y a los ciudadanos para enfrentar con unidad los riesgos por venir».
En un manifiesto suscrito por los legisladores, se propone «el bastón pero también la zanahoria» pues de igual modo se plantea la búsqueda de «canales de comunicación» con el futuro gobierno para «promover los intereses nacionales, el respeto a los derechos humanos, fortalecer el comercio bilateral e impulsar una frontera próspera y segura», entre otras cosas.
La bancada del PRD demandó a Peña convocar a todas las fuerzas políticas del país para construir un «plan contingente e integral», que incluya una «ruta crítica» a fin de enfrentar los distintos escenarios que se puedan presentar, frente a la nueva administración en los Estados Unidos.
El senador perredista Armando Ríos pidió a la Cancillería brindar, cuanto antes, «asistencia legal y humanitaria a los connacionales, a través de la red de consulados», ante la amenaza para deportar unos 3 millones de migrantes, lanzada el domingo último por Trump.
Algunos jubilados estadounidenses, de los más de dos millones de ciudadanos de Estados Unidos que viven en México, sobre todo en algunas zonas costeras, lacustres o coloniales, temen también ser expulsados de este país en caso de que las relaciones entre ambos países se lleguen a poner muy tirantes.
En declaraciones a la BBC, una mujer de Texas dijo en octubre pasado que «si gana Trump, podemos ser expulsados. Tengo miedo de las posibles represalias, que puedan decir que nos tenemos que ir, que vengan a tu casa y te digan: ‘¡fuera de aquí!’, o que te manden a la cárcel».
«La gente tiene miedo de que si Trump es electo, (el presidente de México, Enrique) Peña Nieto, diga: ‘Ok, si ustedes van a enviar a los mexicanos de vuelta a México, nosotros vamos a mandar a los gringos de vuelta a Estados Unidos», señala Mike Myers, residente en Ajijic, un poblado de unos 10.000 habitantes a la orilla del Lago de Chapala, estado occidental de Jalisco. Sin embargo, ninguna autoridad o fuerza política ha propuesto una represalia de esta naturaleza.
Pero en materia comercial, no está descartado que el gobierno mexicano imponga tarifas compensatorias equivalentes si Trump decide aprobar impuestos de hasta un 35% a las exportaciones de automóviles y otros productos sensibles. (ANSA).
