martes, julio 23, 2024

Justicia, Nacionales

“Todo se está haciendo al margen de los fallos judiciales y con total impunidad”

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El magistrado en lo Contencioso Administrativo de La Plata acusó al gobierno y a las empresas de “no acatar las resoluciones de la Justicia”, e hizo un repaso del tema. Aconsejó a la población organizarse para buscar soluciones.

Dijo que las empresas ejercen un “poder monopólico” y que incluso en algunos distritos han cortado el servicio. Apuntó a la necesidad de las audiencias públicas y al derecho de información de los usuarios.

El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias cuyo fallo frenó la aplicación del tarifazo en el servicio eléctrico cuestionó el accionar de las empresas y del gobierno que “no acatan los fallos judiciales” y aconsejó a la población buscar “acciones colectivas” que permitan frenar estas subas.

En diálogo telefónico con La Opinión, el magistrado repasó los argumentos del fallo que frenó el tarifazo, acusó a las empresas de ejercer su poder monopólico y habló de los derechos de los trabajadores que estarían siendo vulnerados.

En principio y a fin de contextualizar la medida que tomó y que frenó el nuevo cuadro tarifario eléctrico en la provincia de Buenos Aires, Arias recordó un antecedente de aumentos de Absa en 2012 en el que como magistrado marcó la necesidad de organizar una audiencia pública previa al aumento de la tarifa, criterio que fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y que ahora está en análisis de la Corte Suprema de Nación.

En este sentido sostuvo que “si la Corte quisiera podría resolver la cuestión de la necesidad de la audiencia pública en esta causa que se podría usar como un criterio válido para las otras cuestiones como la electricidad y el gas”.

El mismo argumento fue el utilizado por el juez para emitir su fallo contra el tarifazo: “La falta de audiencia pública previa, primero suspendí el cuadro tarifario y luego con la sentencia definitiva a los dos meses anulé la resolución tal como había hecho con Absa, otros tribunales del país adoptaron igual criterio con relación a los servicios vinculados a la tarifa del gas y electricidad”, explicó.

Tras señalar que el fallo comprende a toda la provincia de Buenos Aires, a excepción de Edenor y Edesur, aclaró que la sentencia “fue suspendida” por la Cámara Contencioso Administrativa y ahora habrá que ver qué sucede en las instancias superiores.

A modo de ejemplo señaló que en la causa Absa, la Cámara también había revocado el fallo, y luego la Suprema Corte confirmó la sentencia por lo tanto consideró que habría que esperar hasta ver cómo se soluciona la controversia, esperar que se expida la Suprema Corte y eventualmente que intervenga la Corte de Nación.

En este marco, Arias admitió su sorpresa porque según dijo “tanto cuando apelaron la cautelar como cuando el Ejecutivo apeló la sentencia todos los medios salieron a decir que la Cámara había anulado el fallo y había habilitado el tarifazo y esto no es así, la Cámara nunca se expidió y en caso de expedirse tiene que tener en cuenta lo que la Corte resolvió en su momento”.

Además dijo que “existen otros dos fallos, uno de la Cámara Federal de la Plata que también suspendió el aumento de la tarifa para toda la provincia y otro de la jueza Federal de San Martín, Martina Fons, quien dictó una resolución que suspende el aumento de la tarifa de luz en todo el país hasta que se realicen las audiencias públicas”.

Suspendidos

Por lo tanto recalcó que hoy los aumentos tarifarios “están suspendidos en la provincia de Buenos Aires, lo que ocurre es que las empresas y cooperativas como la Cámara había suspendido mi decisión toman esa medida y no cumplen con las restantes resoluciones judiciales emitidas por la Cámara Federal y el fallo de la jueza Martina Fons, abusan de su poder monopólico e incluso en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires han cortado el servicio a algunos usuarios, se están apurando porque saben que en cualquier momento puede aparecer otra decisión judicial y no están cumpliendo las resoluciones de las cámaras”.

Asimismo consideró que “en la provincia de Buenos Aires todo esto lo hacen con el aval del gobierno que como representante de los usuarios y de la sociedad debería defender a los usuarios y sin embargo está del lado de las empresas, lo han manifestado (Marcos) Peña y (Juan José) Aranguren que defienden el aumento dejando indefensos a los usuarios y si a esto le sumamos la influencia del poder mediático dominante es un combo muy difícil de superar”.

Y agregó: “Las empresas tienen un poder monopólico y los usuarios son rehenes de esta situación, todo se está haciendo al margen de los fallos judiciales y con total impunidad”.

Organización social

Por lo tanto consideró que “si los fallos no se cumplen hay que oponerse a través de la organización social, como lo están haciendo las multisectoriales y distintos sectores; es un poder de facto el que están ejerciendo las empresas porque no se ajustan a las resoluciones judiciales, el gobierno sigue anunciando medidas a pesar que dos cámaras federales y cientos de tribunales del país han manifestado que no se pueden aumentar las tarifas sin audiencia previa, es una burla a las decisiones judiciales”.

Sobre esto recalcó: “Son violaciones a los fallos judiciales pero como no se advierte esta circunstancia, la situación se empieza a naturalizar, y desde algunos medios se habla de ‘opiniones’ pero los jueces no opinamos, sino que decretamos medidas, si alguno no está de acuerdo tiene que apelar las decisiones judiciales pero no pueden violarse, y las violan tanto las empresas como el poder ejecutivo y esto es preocupante”.

En este marco sostuvo también que “el problema no es sólo la audiencia pública, tampoco se tuvo en cuenta el derecho a la información, todo servicio público por ser público está comprendido en los actos de publicidad de los actos de gobierno, tiene que informarse a la sociedad por qué se aumentan las tarifas, no basta con decir que es un sinceramiento, también hay que explicar cuáles son las inversiones que se quieren realizar y si el costo de la inversión hay que trasladarlo a las tarifas, la gente tiene derecho a saber para controlar”.

En este sentido recalcó que “es fundamental la participación de los usuarios a través de las audiencias públicas para que puedan ir a discutir todos porque sin información no se puede discutir”.

Además consideró que “lo que también se está discutiendo es la cuestión de la razonabilidad, hasta que punto se puede afectar el salario de un trabajador con un aumento tarifario, porque como indican las convenciones internacionales todos los trabajadores tienen derecho a los servicios públicos y a tener un techo digno, esto quiere decir que los servicios no pueden ocupar un lugar sustancial de un salario medio, porque se estarían vulnerando los derechos de la gente”.