miércoles, julio 17, 2024

Justicia, Nacionales

Posible delito económico de Gustavo Pulti

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La Fiscalía de Delitos Económicos que investiga al ex intendente cuenta con un escrito del órgano administrativo que señala que “podría haber delito” en la manera en que se utilizaron los descubiertos bancarios. Por otro lado, la Justicia desestimó dos pedidos de la defensa.

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires denunció ante la Justicia “irregularidades” administrativas en la gestión de Gustavo Pulti que tienen que ver con el uso de descubiertos bancarios y, como podría tratarse de un delito penal, aportó información a la Fiscalía de Delitos Económicos que lleva la causa que tiene al ex intendente imputado por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Fuentes judiciales explicaron que lo que el Tribunal de Cuentas denuncia es, puntualmente, que el uso de descubiertos bancarios sin autorización del Concejo Deliberante “está prohibido por la ley orgánica del Municipio”. “No importan las buenas intenciones, no se puede hacer”, remarcaron.

Las “irregularidades” encontradas por el Tribunal de Cuentas se centran en los folios que registran la actividad contable del Municipio durante la gestión de Pulti, ya que “el folio donde figura el decreto firmado por el ex intendente para utilizar los descubiertos bancarios tiene fecha posterior a la utilización de los mismos”.

De esta manera, la investigación administrativa del Tribunal de Cuentas va en sintonía con la investigación penal a cargo del fiscal Javier Pizzo de la Fiscalía de Delitos Económicos.

En este sentido, a lo largo de 2015, el concejal y exsecretario de Economía del gobierno de Arroyo, José Cano, había advertido que el organismo había verificado las denuncias presentadas sobre las supuestas irregularidades detectadas.

El Tribunal de Cuentas es el órgano encargado de garantizar la transparencia en la gestión pública y ejerce control externo sobre la administración y gestión de los recursos públicos para garantizar para determinar su uso adecuado. Busca y determina irregularidades.