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Por Silvia Jensen*

En estos últimos meses el nuevo gobierno a cargo del Poder Ejecutivo Nacional ha decidido cambiar la política energética en el país quitando los subsidios a la generación de energía y aumentando de manera brutal el precio de medición de las mismas. El motivo del cambio es la crisis energética en el país y el objetivo el ahorro.

El aumento de los servicios públicos esenciales para la vida diaria de los ciudadanos argentinos sin audiencia pública previa y sin criterio ni análisis del impacto, ha provocado una crisis económica que hasta ahora no avizora solución.

Los tarifazos están rompiendo la matriz productiva del país, aumentaron inflación y han frenado la economía por la caída del consumo, lo que indefectiblemente perjudica a las economías regionales, destruye el mercado interno, provoca cierres de comercios, pymes, empresas, suspensiones y despidos de trabajadores, aumento de la desocupación y la pobreza.

Todo esto se ha visto agravado por la liberación del cepo cambiario y la devaluación del 60% y la apertura indiscriminada de importaciones que perjudica a la industria nacional quitándole competitividad.

Todos los bienes y servicios han subido de manera indiscriminada y sin control, luz gas, agua, GNC, nafta que se traduce en aumento de transporte, alimentos, alquileres, expensas, seguros, prestaciones médicas, ropa, cuota de colegios, telefonía móvil y fija, Internet, cable y la lista sigue infinitamente, por eso el impacto de los tarifazos es aún mayor, porque lo que provoca es un alto aumento en los costos de producción y  en el costo de vida de los ciudadanos, que ven reducido su poder adquisitivo y disminuyen obligadamente, y también por miedo a perder su empleo, su consumo y como consecuencia pierden calidad de vida.

Pero frente a esto, se ha dado por estos días una lluvia de amparos frente al aumento de la luz y el gas.

Respecto a la luz, el Juez Luis Federico Arias de La Plata falló a favor de una cautelar presentada por el Colectivo Acción en la Subalternidad, frenando el aumento de la luz en la Provincia de Buenos Aires y solicitando se facture con el cuadro tarifario anterior a la suba y se restituya el dinero a quienes ya hayan efectuado pago de facturas con el aumento que fue aprobado por la Gobernadora de la pcia. María Eugenia Vidal el 26 de febrero.

Ahora bien, cuando el Ministro de Energía anuncia este aumento, lo hace quitando el subsidio a la generación de energía más el aumento, esto se traslada a las distribuidoras y luego a nosotros, los usuarios.

La Usina Popular Cooperativa Sebastián de María de nuestra ciudad de Necochea, aplica este nuevo cuadro tarifario con quita de subsidios, y disminuye porcentualmente la Cuota Capital tan cuestionada. Que sucede ahora frente a este fallo? La UPC seguirá comprando energía sin subsidio y con aumento sin posibilidad de trasladar el precio del kw a los usuarios, por lo tanto indefectiblemente volverá a aumentar la Cuota Capital.

Por eso es que si el gobierno nacional no resuelve esta situación, este fallo aún no es una solución para los consumidores por una cuestión objetiva, alguien tiene que pagar la diferencia en los subsidios y el aumento de la energía en la provincia, si no lo hace el Estado ni lo hacemos nosotros, es técnicamente y económicamente imposible de aplicar, por esto es que seguramente llegará la apelación por parte de la gobernadora y las distribuidoras eléctricas.

Lo mismo sucede con el gas respecto a los anuncios públicos de tope de aumento de 400%, anuncio que parece deberíamos festejar como si no hubiera habido aumento. Estos anuncios aún no han sido plasmados ni en nuevos cuadros tarifarios ni en el Boletín Oficial, por lo tanto carecen de legitimidad. Además que éste tope no resuelve el problema, es sólo aplicable según los dichos de los ministros, para quien ahorre energía respecto al mismo período año anterior, algo objetivamente imposible porque el frío este año comenzó mucho antes que el año anterior y también habría que ver, que decisión se toma en particular para nuestra ciudad y la zona, que teníamos la tarifa más atrasada que el resto del país por los amparos presentado en 2009 y 2014.

Por lo tanto frente a este escenario, no hay opción más que seguir reclamando y exigiendo para que se detengan los tarifazos, se hagan las audiencias públicas que correspondan y si hiciera falta aumentar los servicios públicos, que los mismos sean aplicados de manera escalonada para atenuar el impacto.

Las decisiones políticas del Poder Ejecutivo Nacional a cargo de Mauricio Macri provocaron esta crisis económica en el país, y es su responsabilidad resolverla, así que a estar atentos por que los cambios y novedades son constates.

*Ex titular de la OMIC Necochea