La causa, N 3468/13, caratulada “Novo y otros s/ encubrimiento” vincula entre sí los expedientes más resonantes en la materia.
Los crímenes de Unicenter, San Fernando y General Rodríguez, el tráfico de efedrina, la detención del narco colombiano Mi Sangre, el lavado de dinero del narcotráfico con fideicomisos en barrios privados del Tigre y el contrabando de casi una tonelada de cocaína a España, por el que fueron detenidos y condenados en Barcelona los hermanos Gustavo Adolfo y Eduardo Juliá, hijos del ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea durante el gobierno de Carlos Menem, brigadier José Antonio Juliá.
Según el fiscal federal Fernando Domínguez “existe una disputa entre carteles de droga por las nuevas rutas del narcotráfico”, específicamente entre el cartel del Valle y otros formados por los grupos paramilitares conocidos como Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
Es un tema muy delicado y no se le ha prestado la atención que corresponde. Involucra, de alguna manera u otra, a muchos funcionarios y dirigentes políticos, en un corte transversal de la sociedad bonaerense.
Quienes resolvieron iniciar el juicio político a Novo fueron el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Carlos Hitters; el diputado del Frente Amplio Progresista Abel Buil; los senadores Nidia Moirano, del macrismo; y Jorge Ruesga del Frente para la Victoria. Se opusieron el diputado nacional Marcelo Longin D’Alessandro, del Frente Renovador, y dos abogados de la matrícula. La decisión impacta en la Procuradora General María del Carmen Falbo, quien podría terminar imputada junto con Novo.
La utilización del caso Novo en la campaña electoral es inevitable y hasta cierto punto sería legítima siempre que no se forzaran los hechos a cambio de un título escandaloso en los medios del Equipo de Demolición y Enchastres del Grupo Clarín, EDEN, y su socio La Nación. Los datos de la realidad son contundentes y están documentados desde hace no menos de seis años.
Es una ironía de la historia que la investigación que podría derrumbar este funcionamiento mafioso del Ministerio Público Bonarense y los señoríos municipales del Gran Buenos Aires y La Plata haya quedado a cargo del ahora fiscal federal Domínguez.
En 2006 Domínguez era fiscal general adjunto provincial en San Martín, cuando consiguió la fugaz detención y procesamiento del intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, denunciado por una empresa pavimentadora. Cariglino consiguió que el fiscal de Quilmes, Luís Antonio Armella, ahijado de Falbo, iniciara una investigación paralela a la de San Martín, de modo que quienes terminaron detenidos fueron los denunciantes.
Falbo apercibió al fiscal Domínguez y lo desplazó a una fiscalía que investiga accidentes de tránsito, donde no pudiera cruzarse con un intendente o un concejal, mientras su protegido Armella era ascendido a juez federal. Cariglino fue elegido por Falbo para iniciar un plan piloto: Malvinas Argentinas se hizo cargo de aportar los edificios para las fiscalías descentralizadas, pagar los impuestos y las tasas y proveer el servicio de limpieza. Este modelo se generalizó a toda la provincia, con la dependencia económica y funcional de los intendentes, que deciden qué insumos brindan, si atienden las necesidades edilicias, aportan o restan empleados. FUENTE: Urgente 24
