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Tala en la ladera del cerro. Al norte de la localidad de Tartaga

El Máximo Tribunal exhortó a la provincia y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación a que remitan, en un plazo de cinco días, los estudios sobre impacto ambiental en los departamentos provinciales en los que la propia Corte, en marzo pasado, había ordenado frenar los desmontes y la tala indiscriminada.

Fuentes de la Corte Suprema de Justicia aseguraron a DiarioJudicial.com que el Máximo Tribunal concedió un plazo de cinco días al gobierno de Salta para que informe sobre los últimos desmontes que autorizó y remita un estudio de impacto ambiental en la zona.

Los voceros señalaron que el gobierno salteño firmó un decreto en el que autorizó nuevas talas en lugares, que, según dijeron los funcionarios provinciales, eximían los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria. La Corte prohibió, en marzo último, efectuar desmontes en esas zonas a pedido de comunidades wichis y guaraníes de la región.

Cuatro meses atrás, los ministros del Máximo Tribunal habían ordenado a la Provincia y a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a que en un plazo de 90 días presentaran un estudio de impacto ambiental. Hoy, a pocos días de cumplirse la fecha límite, aún no llegó el informe.

Por eso los ministros exhortaron a las autoridades a que remitan ese estudio de impacto ambiental en un plazo no mayor a cinco días.

En el fallo de marzo, la Corte sostuvo que la tala y los desmontes de aproximadamente un millón de hectáreas “tendrá un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar”. En su resolución, los jueces citaron los dichos del representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que, en la audiencia pública del 18 de febrero, expresó que el efecto “seguramente será negativo”. (Dju)