Un proyecto busca endurecer el Código Penal, con penas de hasta diez años de prisión, para delitos que se hayan cometido en establecimientos educativos. La normativa vigente al respecto establece penas de quince días a un año de cárcel por daños en general. La iniciativa busca proteger especialmente a las 44.850 unidades educativas registradas el Ministerio de Educación.
A mediados de julio, ingresó en el Congreso de la Nación una iniciativa que pretende endurecer el Código Penal con respecto a los delitos que se lleven a cabo en establecimientos educativos, tanto de orden privado como público. Las modificaciones apuntan principalmente a los artículos 167 y 184 del código.
La iniciativa busca que quienes produzcan los delitos no lo hagan en los establecimientos y “que quien delinque sea castigado realmente, ya que su delito acarrea un grave y algunas veces irreparable daño”. Ello porque “se trata de atentados contra la educación, y así, contra la sociedad toda que se esfuerza por dotar a sus miembros de los conocimientos necesarios para desempeñarse en ella y ganarse la vida dignamente”.
En cuanto a los delitos contra la propiedad, el cambio propuesto al artículo 167 implica incorporar el inciso 5º en la norma que aplicaría una reclusión de tres a diez años, también a quién “cometiere el robo en establecimientos educativos, de todos los niveles educacionales, públicos o privados”.
Además, se asimilaría el delito cometido en los establecimientos educativos a aquellos realizados en archivos, registros, bibliotecas, museos, puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público, tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos.
En tal sentido se incorporaría en el artículo 184 a los establecimientos educativos, por lo que la condena de tres meses a cuatro años de prisión que prevé ese artículo también se aplicaría en los casos de daño y robo a las entidades educacionales.
Con la actual normativa, ante los delitos que se plantean en el proyecto, las penas varían de quince días a un año de prisión por daños en general, categoría que incluye a los establecimientos educativos.
La iniciativa impulsada por la diputada Ivana Bianchi fue remitida a las comisiones de Legislación Penal y Educación de la Cámara de Diputados. Aunque por el momento no figura en la agenda de esas comisiones para su tratamiento inmediato.
Debe remarcarse que la modificación apuntaría a proteger a las 44.850 unidades educativas que registra el Ministerio de Educación, sin incluir en los datos a los establecimientos universitarios. De ellos, un 77,1% pertenecen al Estado, mientras que un 22,9% son de origen privado. (Dju)
