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Material enviado por el Lic. Jorge Mancuso

En un contexto inéditamente favorable como el de los últimos años, la informalidad prácticamente no se redujo. Con la desmejora de las variables macroeconómicas, aumenta la pertinencia de instrumentar una estrategia para preservar e incentivar la formalidad. Para lograr este objetivo, mucho más importante que perdonar los incumplimientos del pasado es generar reglas laborales, impositivas y regulatorias cumplibles para el futuro. Por eso, para evitar un nuevo fracaso, es necesario que el Congreso cambie el proyecto de blanqueo enviado por el Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo elaboró un proyecto de ley que ha sido categorizado como el “perdón fiscal histórico”. En términos simplificados contempla tres puntos básicos: a) una amplia y generosa moratoria para deudas tributarias y de cargas sociales; b) incentivos al aumento neto del empleo a través de reducciones transitorias de cargas sociales; y c) blanqueo de capitales. Para acceder a estos beneficios, el requisito más importante es que las empresas se deben comprometer a mantener el nivel de empleo.

La preocupación por preservar e incentivar la formalidad de los empleos es genuina. Comparada con países de similar desarrollo, la Argentina sufre niveles de informalidad desproporcionadamente altos. Las controversias surgen por el lado de las estrategias para combatir la informalidad. En este sentido, resulta pertinente atender la dinámica que tuvo el mercado laboral en el contexto excepcionalmente favorable que transitó la economía en los últimos años. Según datos del INDEC y el Ministerio de Economía:

• El empleo asalariado pasó desde un promedio de 9,5 millones de trabajadores en el 2004 a 11,5 millones en la primera mitad del 2008.

• El empleo asalariado registrado pasó de 5,2 millones a 7,2 millones de trabajadores en el mismo periodo.

• El empleo asalariado no registrado se mantuvo prácticamente constante en 4,3 millones de trabajadores.

En la salida de la crisis del 2002 con un contexto internacional inéditamente favorable la recuperación de la producción estuvo acompañada de una muy importante generación de empleos. El proceso fue liderado por el empleo registrado, pero es muy significativo que todavía persista una cantidad tan alta de trabajadores no registrados. El resultado es que la proporción de trabajadores informales sigue siendo muy elevada (37% del trabajo asalariado). Estos trabajadores informales trabajan en más del 80% de los casos en empresas con menos de 25 trabajadores.

En la actualidad, las perspectivas en materia de nivel de actividad económica han dejado de ser optimistas. Es meritorio que el gobierno haya percibido la necesidad de replantear estrategias en la lucha contra la informalidad. Sin embargo, llama la atención que se ponga tanto énfasis en perdonar a quienes evadieron los impuestos y contrataron trabajadores “en negro” y se ofrezcan incentivos muy modestos a quienes decidan a futuro aumentar el nivel de empleo registrado. Para ellos, apenas se contempla una reducción de las contribuciones patronales del 50% el primer año y 25% el segundo sólo para el aumento neto de empleo.

Perdonar los incumplimientos pasados ayuda muy poco a aumentar el apego a la ley si se mantienen las mismas reglas de juego en materia laboral, impositiva y regulatoria. Si además se da en un marco de desmejoramiento de la situaciones económica, las chances de que el perdón funcione como inductor de formalidad son remotas. Por eso, el requisito ineludible para comenzar a transitar un proceso de formalización masivo es una reforma estructural de las normas laborales, tributarias y demás regulaciones a los fines de facilitarle la vida a las empresas que optan por la formalidad.

Excepto situaciones puntuales, más motivadas por el oportunismo que por un cambio genuino de actitud frente al cumplimiento de la ley, la estrategia oficial para inducir a la formalidad tiene altas probabilidades de fracaso. Quienes evadieron en el pasado porque enfrentaban dificultades insalvables para cumplir con las normas –la situación predominante entre las pequeñas empresas– lo van a tener que seguir haciendo si no se cambian las reglas que llevaron a esta situación. Quienes evadieron teniendo la posibilidad de cumplir, lo más probable es que asuman que el jubileo a los evasores que contempla el proyecto legitima continuar en la informalidad.

El Congreso debería asumir como propio el objetivo de reducir la informalidad, pero incorporando herramientas más integrales y menos rudimentarias que el perdón fiscal sin cambio de reglas. La prioridad no debe ser el jubileo para los incumplidores, sino una drástica transformación de las normas para hacer más simple y menos oneroso contratar trabajadores “en blanco”, pagar los impuestos y cumplir con las regulaciones. Adoptar una actitud pasiva frente a la iniciativa del Poder Ejecutivo –como lo viene haciendo hasta ahora– no sólo lo hará cómplice de una iniciativa con altas probabilidades de fracaso. Cuando la informalidad persista a pesar del blanqueo van a fortalecerse ideas autoritarias como prohibir los despidos en el intento de evitar la previsible caída del empleo registrado o intervenir el sistema financiero para evitar la fuga de capitales.