La CTA y la CGT coincidieron ayer en la Cámara de Diputados en la necesidad de modificar el proyecto del Gobierno sobre la movilidad de las jubilaciones. Fue durante una reunión mantenida por la tarde con las comisiones de Previsión y de Presupuesto de la Cámara Baja, donde criticaron frontalmente la iniciativa oficial.
La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Confederación General del Trabajo (CGT), criticaron duramente la fórmula con que el proyecto del Gobierno busca implementar la movilidad jubilatoria y coincidieron en tres propuestas: que los ajustes no dependan de la recaudación impositiva, que el índice de la movilidad esté atado a los aumentos salariales de los trabajadores en actividad y que se realice una recomposición de los haberes jubilatorios antes de que el futuro sistema se ponga en funcionamiento.
El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, promovió liberar a la norma en trámite de la visión economicista que -dijo- provenía de los tiempos del ex ministro Domingo Cavallo cuando impuso la privatización parcial del sistema. «La jubilación debe estar unida al salario y no a una fórmula mixta que le pone techo para darle sustentatibilidad al sistema», apuntó.
Yasky pidió retomar el principio de la solidaridad entre aportantes y beneficiarios, incluyendo el restablecimiento de los aportes patronales y afirmó que la jubilación mínima tendría que representar el 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil.
A su turno, el secretario Adjunto de la Central, Pablo Micheli, cargó contra los «reciclados» que «quieren poner la inflación como techo a los reajustes de las jubilaciones» y reclamó que «los fondos de la Anses no se utilicen para pagar deuda externa y sí la deuda interna que tienen con los jubilados».
En otra parte de su intervención, Micheli ponderó el accionar de los jubilados que «hace más de 800 miércoles que se movilizan frente al Congreso de la Nación para reclamar lo que les corresponde. Gracias a esa lucha y a esa coherencia ejemplar, hoy podemos estar discutiendo la movilidad de las jubilaciones».
Por su parte, Horacio González, abogado previsionalista de la CTA, realizó un punteo de cada artículo del proyecto para cuestionar varios de sus aspectos. La enumeración incluyó que «las cajas especiales no derogadas de docentes y científicos no pueden quedar al margen de los ajustes jubilatorios; que la Prestación Básica Universal (PBU) no esté atada al Presupuesto y que antes de la implementación del nuevo sistema se actualicen los haberes a través del índice fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Caso Badaro».
El presidente de la Comisión de Previsión Social, Juan Carlos Díaz Roig, propuso que un grupo de diputados de todos los bloques comience a corregir el proyecto original y admitió que «la fórmula podría tener algunos retoques» y hasta a «establecer una cláusula gatillo que abra la posibilidad de que el Congreso pueda modificar en el futuro los índices que la componen».
De la delegación de la CTA también participaron, entre otros, Pedro Wasiejko, Gustavo Rollandi, Horacio Férnandez, Francisco Nenna y Lidia Meza. (ACTA)
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